El Gobierno reactiva la adjudicación a Telefónica del contrato de ciberseguridad del Estado
El Ministerio de Óscar López aprueba la última propuesta de la operadora para el Lote 3 del programa CORA III tras 14 meses de pugna legal
El Gobierno de España ha reactivado la adjudicación a Telefónica del contrato para la prestación de servicios consolidados de ciberseguridad e interconexión de centros de datos de la Administración General del Estado (AGE), valorado en más de 100 millones de euros, tras resolver una cadena de recursos administrativos, anulaciones e impugnaciones judiciales interpuestas por los licitadores. que se ha prolongado durante más de un año.
Según el acta oficial de la Mesa de Contratación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, fechada el 28 de septiembre de 2026 y a la que ha tenido acceso EL PAÍS/Cinco Días, el organismo examinó la documentación administrativa requerida a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones y Telefónica de España, concluyendo que cumple con los requisitos legales para formalizar la adjudicación del Lote 3 de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA III).
En dicho documento, el órgano evaluador precisa que Telefónica ha acreditado “su capacidad, personalidad, representación y solvencia”, de acuerdo con lo establecido Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). Este apartado fija las condiciones jurídico-técnicas que debe demostrar el licitador propuesto para garantizar que cuenta con los medios económicos y operativos necesarios. Tras el análisis del expediente, el acta constata que la empresa “cumple con los requisitos requeridos en el PCAP y en la LCSP” (Ley de Contratos del Sector Público, la norma marco que regula la contratación pública en España), por lo que acuerda continuar con el procedimiento administrativo.
La reactivación del concurso se produce en cumplimiento de la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dictada el 30 de abril de 2026. El tribunal administrativo estimó el recurso presentado por Telefónica contra su descalificación, anuló la decisión del Ministerio de declarar desierta la licitación y ordenó restituir a la operadora española la condición de adjudicataria definitiva por una oferta de 63,06 millones de euros (sin IVA), frente a un presupuesto base de licitación que superaba los 100 millones.
La disputa administrativa en torno al Lote 3 de la Fase III del CORA III se inició el 10 de marzo de 2025. En esa fecha, la Mesa de Contratación seleccionó como ganadora provisional a la UTE formada por MasOrange, TRC y Mnemo, cuya oferta económica ascendía a 55,26 millones de euros. Pese a que ambas competidoras obtuvieron la misma puntuación en la evaluación técnica, la propuesta de MasOrange resultó adjudicataria frente a la empresa que preside Marc Murtra por presentar una diferencia económica a su favor de 7,8 millones de euros.
Posteriormente, Telefónica recurrió la adjudicación ante el TACRC tras detectar que la firma Mnemo, integrante de la UTE liderada por MasOrange, no tenía un plan de igualdad registrado conforme exige la normativa laboral para licitar con el sector público. El 4 de octubre de 2025, el tribunal administrativo estimó el recurso y descalificó a MasOrange, dejando a Telefónica como único licitador restante.
El proceso sufrió una nueva paralización el 29 de noviembre de 2025, cuando la propia Mesa de Contratación excluyó a Telefónica del concurso. El organismo ministerial determinó que la UTE integrada por Telefónica de España y Telefónica Soluciones incurría en prohibición de contratar porque Govertis, una filial subcontratada para aportar un perfil de cumplimiento normativo (compliance) equivalente al 1% del valor total del contrato, tampoco figuraba con su plan de igualdad inscrito. El Ministerio declaró desierta la licitación ese mismo día.
Impugnaciones varias
Telefónica impugnó la descalificación ante el TACRC alegando que la falta de registro de un plan de igualdad en una subcontrata minoritaria no podía invalidar la propuesta global, dado que su filial Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech (TCCT) contaba con los medios técnicos internos para asumir directamente dichas tareas. En su resolución de abril de 2026, el tribunal dio la razón a Telefónica y ordenó retrotraer las actuaciones al momento previo a la exclusión para validar su propuesta económica.
A pesar de la resolución del tribunal, la tramitación quedó suspendida el 26 de mayo de 2026 en una reunión telemática de la Mesa de Contratación. Los miembros del órgano observaron la pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria tras la anulación de las retenciones de crédito por parte de los organismos cofinanciadores: el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC).
Ante la falta de disponibilidad presupuestaria, la Mesa acordó paralizar el expediente hasta volver a contar con la autorización de los fondos. Para evitar la interrupción de los servicios de defensa informática en los ministerios y organismos públicos, el Gobierno aprobó a comienzos de mayo de 2026 una prórroga forzosa de nueve meses a los prestadores actuales del servicio, Telefónica e Indra, mediante un procedimiento negociado sin publicidad.