Europa abre el debate sobre la separación de funciones de los gestores de las redes eléctricas
El Parlamento Europeo prevé incluir en un reglamento la figura del supervisor de las planificaciones nacionales, que en España dependen de REE, y ve necesario contar con “un planificador europeo”
El pasado 10 de septiembre, la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo (ITRE) aprobó su posición sobre la revisión del Reglamento de redes eléctricas transeuropeas (TEN-e), que forma parte del llamado Grid Package. Lejos de rechazar la propuesta previa de la Comisión Europea de crear “un supervisor de las planificaciones nacionales” de las líneas de transporte, esta comisión del Parlamento ha ido más allá al plantear incluso la necesidad de crear la figura “del planificador europeo independiente del propietario de la red”.
En estos momentos, en la mayoría de países europeos los transportistas de las redes en alta tensión comparten la función de operador del sistema y planifican las infraestructuras necesarias en dichas redes, con las inversiones correspondientes, cada seis años. Son los llamados TSO (Transmission System Operator), entre los que se encuentra Red Eléctrica de España (REE). Aunque ITRE plantea la necesidad de evaluar la viabilidad de un planificador europeo no en el corto plazo (pues se incluiría en la siguiente revisión del Reglamento), la decisión abre el debate sobre la separación de funciones de los TSO, con intereses que pueden chocar: los de las inversiones en las redes de transporte de sus propietarios y la planificación de estas infraestructuras, necesarias para las redes de distribución aguas abajo (en media y baja tensión) que explotan las eléctricas privadas e implican inversiones millonarias que pagan los consumidores en los peajes de sus facturas de la luz.
El texto publicado la semana pasada, plantea la necesidad de analizar la creación de “una entidad europea permanente e independiente de los TSO que pudiera asumir determinadas funciones de planificación”, algunas de las cuales, desarrollan las asociaciones de TSO europeos (Entso-e, Entso-g y Ennoh). Para su justificación, ITRE alude al informe Draghi, que considera que una de las causas de la limitada integración del mercado energético europeo es que entidades privadas con intereses comerciales desempeñen funciones regulatorias y que algunos operadores sean, al mismo tiempo, propietarios de las infraestructuras y responsables de su operación y planificación, algo que habría que desvincular.
Por el momento, en la tramitación del citado Reglamento hay consenso para una “supervisión” europea de los TSO y sus planificaciones, que deberá ser desarrollada a través de una norma y decidir quién desempeña ese papel. La Comisión Europea mantendrá su rol como líder y coordinador del proceso mientras se expresa la relevancia de las redes de distribución cuando sean relevantes para la planificación de las redes transeuropeas, como la congestión, el crecimiento de la demanda, la generación distribuida, necesidades de flexibilidad que refuerzan el papel de los operadores de las redes de distribución (DSO).
Las asociaciones seguirían elaborando los informes de necesidades de nuevas infraestructuras transfronterizas, con la metodología vinculante de ACER, asociación de los reguladores energéticos, que en España es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Respecto a la operación del sistema (otra de las funciones de los TSO, junto a la de transportista y planificador de las infraestructuras), por el momento no hay grandes conflictos, ya que REE no tiene clientes (apenas, los cinco grandes consumidores industriales electrointensivos) conectados a la red de alta tensión. Otra cuestión será, alertan en el sector, cuando esta compañía sume nuevos clientes, algo que ya se está produciendo, y se enfrente a problemas de conexión con algunas distribuidoras en las subestaciones que gestiona.
En cualquier caso, desvincular la propiedad de las redes de transporte de la planificación implicaría también la separación del operador, que es el que hace la propuesta de inversiones, señalan fuentes del sector. Estas consideran que el Parlamento está reconociendo conflictos de interés al plantear un planificador independiente. ¿Cómo se haría? Quizás a través de agencias nacionales independientes de los países que serían coordinadas desde la Comisión Europea o con una entidad supranacional.
Tras las aprobación de la posiciones del Parlamento y el Consejo de la UE, se iniciarán los trílogos (reuniones entre las tres partes implicadas) con la Comisión para negociar el texto final del Reglamento TEN-e.
El caso británico y portugués
El debate se ha reavivado tras la decisión de Reino Unido de tomar el control del operador del sistema de la electricidad, ESO, que era una unidad de National Grid, la mayor compañía de transporte en alta tensión y distribución del país. Una nacionalización por la que el Estado pagó unos 730 millones de euros hace ahora dos años.
También este mismo verano, el Gobierno portugués ha anunciado su intención de separar las funciones de operación y planificación de REN (el TSO luso), propietario de las redes de transporte, tras el acuerdo firmado para adquirir un 13,7% del capital de esta compañía al holding de Amancio Ortega, Pontegadea, “por razones estratégicas”.
El caso de Portugal tiene una particularidad: es el único país comunitario en que el TSO está en manos privadas (un 25% es propiedad del grupo chino State Grid). En el resto de países, o lo controla directamente el sector público o indirectamente, como es el caso de REE, en que solo el Estado puede tener más de un 5% del capital (posee el 20% a través de SEPI), por lo que los accionistas privados son puramente financieros.
El Gobierno portugués ha avanzado que la separación de funciones de REN es una opción que tiene encima de la mesa y que se inspira en la reforma británica. Así lo indicó en agosto la ministra de Medio Ambiente y Energía, María da Graça Carvalho, y cuenta con el apoyo de Vítor Santos, expresidente del regulador energético portugués, ERSE, y Luís Mira Amaral, exministro de Industria y Energía. Según declaraciones de Carvalho recogidas en medios locales, “uno de los escenarios que hemos analizado y que, en el futuro, ya dentro de la compañía, nos gustaría debatir con los demás accionistas y con la sociedad en general, es una reforma como la de Reino Unido, que consistió en separar toda la gestión global del sistema energético de la propia infraestructura”. No obstante, aclaró que aún no se ha tomado ninguna decisión.