La justicia rechaza retirar la marca Finetwork a Vodafone España
La jueza de Elda desestima las medidas cautelares promovidas por los socios de Wewi y excusa la declaración del CEO de la operadora
El Juzgado de Elda ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por los socios de Wewi Mobile con las que pretendían vetar el uso de la marca Finetwork a Vodafone España, legítima propietaria del activo tras su adquisición el pasado año a Pascual Pérez, fundador del operador alicantino. En virtud de la resolución de la jueza, Wewi deberá cesar de manera íntegra en la utilización de la marca comercial a partir del próximo 10 de octubre dentro del conflicto que enfrenta a los socios fundadores de Finetwork con Vodafone España.
Vodafone adquirió en noviembre de 2025 los derechos sobre Finetwork, junto con las marcas WeWi we are WIFI y Fi Network, varios dominios y otros activos intangibles. El importe total de la operación fue de 15 millones de euros, pagados a Pascual Pérez.
Por su parte, el consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García, no prestó declaración este martes ante el Tribunal de Instancia de Alicante número 9, donde figuraba citado en calidad de investigado. La jueza, con el informe favorable de la Fiscalía, estimó el recurso presentado por la defensa de García y acordó inhibirse a favor del Juzgado de Elda, órgano judicial que ya tramita otra querella por los mismos hechos.
Fuentes del sector señalan que esta duplicidad de procedimientos responde a una estrategia impulsada por los actuales socios y gestores de Wewi para abrir múltiples frentes judiciales y presionar a la compañía. Según estas mismas fuentes, la querellante presentó dos acciones penales por idénticos hechos ante juzgados distintos sin informar a ninguno de los dos magistrados sobre la existencia del otro proceso.
Actualmente conviven en el mercado dos propuestas comerciales paralelas: por un lado, la oferta desplegada por Vodafone España mediante la explotación de la marca Finetwork tras la toma de control y compra del activo a Pascual Pérez; por otro, la operativa comercial impulsada por los socios originales de Wewi Mobile a través de su propia estructura, cuyo uso del nombre Finetwork quedará extinguido el 10 de octubre conforme a la resolución del Juzgado de Elda.
Acusaciones
La causa que se instruía en Alicante procede de una querella interpuesta por el fundador y exaccionista mayoritario de Finetwork, Pascual Pérez, contra la cúpula de la operadora. El juzgado admitió a trámite la denuncia al apreciar indicios de un presunto delito de administración desleal agravada. La acusación atribuía además a García supuestos delitos de falseamiento de cuentas, estafa procesal e insolvencia punible, situando el marco de penas en un acumulado de hasta 23 años de prisión.
La querella sostiene que durante la etapa de García el pasivo reconocido de la sociedad llegó a 227,25 millones de euros. Pérez considera que esa cantidad incorporaba créditos, intereses y otros conceptos que todavía estaban sometidos a procedimientos judiciales o arbitrales y que, por tanto, no podían considerarse obligaciones firmes.La acusación cuestiona asimismo determinadas partidas contables de Wewi: la reexpresión de las ventas de 2023, diferencias en la cifra de negocio de 2024 y determinadas facturas de Vodafone contabilizadas como gasto en Wewi y como ingreso en Vodafone durante el periodo en que García ocupaba responsabilidades en ambas sociedades.
Pérez atribuye además al ejecutivo una presunta purga de la cúpula directiva de Wewi mediante indemnizaciones superiores a tres millones de euros, que, según su versión, habrían agravado la situación financiera de la compañía.
Los hechos objeto de la investigación se encuadran entre octubre de 2025 y abril de 2026, periodo en el que García asumió la responsabilidad de administrador único de Wewi Mobile de forma simultánea a su cargo al frente de Vodafone España. El consejero delegado de la operadora, que había renunciado a declarar por videoconferencia para comparecer de forma presencial y desmontar las acusaciones, sostiene que la querella le imputa decisiones anteriores a su llegada al control de Wewi, ejecutada en noviembre de 2025. La compañía encargó un informe forensic a Deloitte y defiende que la actuación del ejecutivo estuvo dirigida a recuperar una deuda acumulada durante años y evitar el colapso de la operadora.
El origen del conflicto comercial se remonta a 2019, cuando Wewi firmó con Vodafone un contrato de distribución que derivó en fuertes impagos. En mayo de 2024, ambas empresas homologaron un acuerdo judicial por el que Wewi reconoció una deuda de 63,1 millones de euros. Tras nuevos impagos, el juzgado decretó en marzo de 2025 el embargo de las cuentas de Wewi y, en septiembre de ese año, aprobó un plan de reestructuración por el que Vodafone tomó el 99,4% del capital mediante un canje de deuda, operación autorizada posteriormente por el Consejo de Ministros y la CNMC.
Vodafone apuesta por el 'streaming' en sus tarifas
Vodafone ha lanzado una campaña comercial asociada al inicio del curso académico que incluye hasta tres plataformas de streaming a elegir entre Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+ al contratar sus paquetes convergentes de fibra de 600 MB o internet portátil con líneas móviles. La oferta contempla el acceso al servicio Vodafone TV con más de 100 canales y el router WiFi6 con instalación sin coste inicial, sujeto a un compromiso de permanencia de 12 meses en el servicio de televisión.
El esquema tarifario parte de los 43 euros mensuales para la línea móvil de 60 GB con acceso a una plataforma. La opción con tarifa móvil de 160 GB cotiza en 48 euros mensuales e incluye decodificador y dos plataformas, mientras que la modalidad de datos ilimitados alcanza los 53 euros al mes con decodificador, el servicio de seguridad Secure Net y acceso simultáneo a tres plataformas.
La gratuidad de los servicios de televisión y de las plataformas finaliza el 1 de enero de 2027, fecha en la que la compañía comenzará a aplicar el importe correspondiente a la televisión y a las suscripciones elegidas sobre la tarifa mensual de cada usuario.
Con esta estrategia, Vodafone sustituye los descuentos directos en tarifa por la integración de contenidos de terceros, en un mercado español donde el 94% de los usuarios cuenta con al menos una suscripción a servicios de streaming, según datos del sector.