Los acreedores de España por las renovables se preparan para cobrar la deuda tras identificar 400 bienes embargables
Los afectados por el recorte de las primas, la mayoría representados por un fondo de litigación, concluyen el proceso de identificación de propiedades susceptibles de bloqueo
Los acreedores de España por los laudos derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables han dado por concluida la búsqueda de nuevos bienes españoles susceptibles de embargo en el extranjero tras identificar unos 400 activos. Tras años de ofensiva judicial, los fondos de litigación que representan a estos inversores perjudicados y que han obtenido el derecho de cobro de las millonarias compensaciones han advertido de que la estrategia ha entrado en una nueva fase: dejar de rastrear activos y concentrar los esfuerzos en ejecutar aquellos que ya han sido localizados.
Los fondos oportunistas, encabezados por Blasket Renewable Investments, que es el que más quebraderos de cabeza está dando al Gobierno por la presión que está ejerciendo para cobrar las indemnizaciones, han llevado la batalla judicial por este asunto a hasta seis jurisdicciones: Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Australia y Singapur. En estos países, han solicitado que se registren, reconozcan y ejecuten los hasta ahora 29 laudos que dan la razón a los inversores, del medio centenar de demandas de arbitraje que se han presentado contra España desde 2011, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo un primer recorte enfocado en las fotovoltaicas, y en especial a partir de 2013, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó la rebaja a los incentivos prometidos por invertir en renovables dentro de la reforma del sector eléctrico.
Esta casi treintena de fallos arbitrales, la mayoría dictados por la corte de arbitraje del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), han estimado que las indemnizaciones a los inversores afectados sean de 1.800 millones de euros, que sumado a los intereses de demora, costas procesales y honorarios de abogados alcanzan ya los 2.333 millones. La negativa de España a abonar este dinero ha provocado que el conflicto haya escalado a niveles internacionales y que los fondos buitre hayan solicitado el embargo de numerosos activos y bienes comerciales españoles en el extranjero.
Desde las sedes del Instituto Cervantes en Reino Unido y Países Bajos (este último levantado por el Ministerio de Justicia holandés porque es “es contrario a las obligaciones del Gobierno neerlandés bajo las leyes internacionales”) hasta 699.000 libras (unos 808.466 euros, al cambio actual) depositadas en cuatro cuentas bancarias de la institución en el Banco Santander; pasando por inmuebles donde se localizan un colegio internacional y la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña (Acció) en la capital británica, son algunos de los activos bloqueados.
Los acreedores también han puesto en el punto de mira las transferencias mensuales que la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), con sede en Bruselas, realiza a la empresa pública Enaire por la recaudación de tasas de ruta y terminales. El Estado español pidió consignar 250 millones de euros para tratar de evitar que la cantidad bloqueada (que se llegó a situar en 840 millones) siguiera creciendo por los intereses generados. También intentaron retener una parte de la indemnización de 850 millones de euros que España tiene pendiente de cobrar por la catástrofe del Prestige en la costa gallega, pero esta ha quedado en el aire después de que la justicia británica impidiera a España reclamar dicho monto a la aseguradora del petrolero por una cuestión procesal.
Ningún embargo fuera de Europa
Fuera de Europa, los esfuerzos están concentrados en Estados Unidos, donde varios jueces ―incluso el Tribunal Supremo que, sin entrar en el fondo del asunto, ha rechazado el recurso de España donde pedía valorar su inmunidad soberana― han respaldado los intereses de los acreedores, abriendo la puerta a embargar activos. Los fondos intentaron hacerse con los flujos de dinero generados alrededor de la Selección española en el Mundial de Fútbol, a través del pago a proveedores o subvenciones, pero un juez les paró los pies al comprobar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es un ente independiente.
Asimismo, solicitaron información sobre uno de los mayores contratos de defensa firmado por el Ministerio de Defensa con la estadounidense Raytheon (filial de RTX), que comprometería la adquisición de cuatro sistemas antiaéreos Patriot, valorada en 1.440 millones de euros; así como a The Clearing House Payments Company, la asociación bancaria y empresa de compensación y liquidación de pagos en dólares entre grandes entidades financieras (propiedad de los bancos comerciales más grandes del país) y a la Reserva Federal de Nueva York. De momento, no se ha llevado a cabo ninguna caución en el país norteamericano, ya que el trámite se encuentra en fase de rastreo.
En Australia y Singapur, tampoco se ha bloqueado aún ningún activo, pero según informaron fuentes cercanas a los acreedores cuyas defensas se articulan bajo los fondos de litigación, en el país oceánico se ha puesto el interés en Navantia.
Con todo ello, y aunque no todos los bienes soberanos en el extranjero solicitados han sido objeto de embargo, los acreedores consideran que la lista negra está completa, por lo que pasarán a tratar de hacerla efectiva para conseguir una garantía de cobro. Así consta en una nota técnica con el título El coste de la inseguridad jurídica. Efectos de los impagos renovables en la economía de España, difundida recientemente por las empresas perjudicadas, que actualiza a su vez un documento de trabajo interno elaborado en 2024, que señalaba que se llegaron a identificar hasta 400 propiedades o activos españoles.
España se niega a pagar estas indemnizaciones porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) limitó los laudos entre inversores comunitarios y Estados miembro de la UE y porque necesita la autorización de la Comisión Europea para evitar que el desembolso sea considerado como una ayuda estatal ilegal. Por ello, los fondos de litigación están siendo especialmente activos en aquellos países fuera de la UE, ya que no se rigen por las normas comunitarias, ni tienen obligación de seguir los dictámenes de Bruselas. De hecho, el Ejecutivo liderado por Ursula von der Leyen está vigilando a los Estados bajo su control que tramitan los pleitos contra España por el tema de las renovables y abrió un expediente el pasado diciembre a Bélgica por permitir el embargo de los pagos a Enaire.
Pero la única vez que la Comisión se ha pronunciado oficialmente sobre este asunto ―más allá de los escritos enviados a distintos tribunales extranjeros para apoyar a España en su defensa― fue en marzo de 2025, cuando eximió a España de afrontar el laudo de 101 millones de euros, más intereses, dictado a favor del fondo luxemburgués Antin (cuyos derechos fueron transferidos al fondo Centerbridge). Bruselas asumió la doctrina de la justicia europea sobre los conflictos de inversión entre empresas y Estados comunitarios y advirtió de que su abono puede entrar en conflicto con las normas europeas.
Solo una indemnización abonada
Esto se ha traducido en un respaldo a la tesis española de insistir en no pagar la deuda a los inversores europeos y abrirse solo a abonar solo a cuatro inversores extra-UE, cuyas indemnizaciones ascienden a unos 200 millones de euros. De momento, solo uno se ha hecho efectivo, el relativo a la japonesa JGC Holdings Corporation por 23,5 millones de euros (unos 32 millones de euros al sumar los intereses), tras llegar a un acuerdo con los inversores de cerrar todos los frentes judiciales al respecto y tras recibir la autorización de Bruselas. Pero aún con este visto bueno, la Comisión Europea ha puesto en entredicho esta actuación y ha abierto una investigación tras albergar dudas de que este pago no infringe las normas sobre ayudas estatales.
Así, España se encuentra entre la espada y la pared, ante la presión de los tribunales extranjeros que tramitan los embargos y eventuales ejecuciones de los laudos ―como ha ocurrido recientemente en EE UU con el caso Antin, tras rechazarse la petición de los servicios jurídicos españoles de paralizar el proceso ante el dictamen de la Comisión Europea― y las posibles sanciones en Europa por incumplimiento del Derecho europeo. En cualquier caso, las estimaciones del Gobierno van más allá de los 200 millones correspondientes a las indemnizaciones a inversores residentes fuera de la UE y ha provisionado 2.943 millones de euros, según figura en la Cuenta de la Administración General del Estado de 2025, presentado recientemente ante el Tribunal de Cuentas.
Por otro lado, en el reciente informe técnico de los acreedores se indica que el impago de estos laudos podría terminar afectando también a determinados títulos de deuda soberana española. El fondo Blasket Renewable ya dio un primer aviso en 2023 de que invocaría la cláusula de cross default (incumplimiento cruzado) en cuatro emisiones de duda pública española en los mercados internacionales por el valor de 900 millones, algo sin precedentes desde la Guerra Civil. En 2024, la firma de inversión dio un segundo aviso y comunicó a los ministerios de Transición Ecológica y Economía, mediante una notificación prejudicial, su intención de iniciar un procedimiento de default técnico sobre un bono de deuda de 237 millones de euros que se emitió en abril 1999 y que vence en abril 2029, que permite al acreedor exigir la cancelación de deudas o préstamos.