Las consultas por ciberestafas se duplican en el primer semestre tras registrar 95.000 asistencias en el 017
El canal gratuito atiende un 40% de incidencias ciudadanas por fraudes de suplantación de identidad por teléfono, SMS o correo electrónico
El servicio de asistencia en ciberseguridad 017, gestionado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), atendió 95.064 consultas durante los primeros seis meses de 2026. Esta cifra representa casi el doble de las 49.599 asistencias registradas en el mismo periodo del año anterior y equivale prácticamente al volumen total de interacciones contabilizadas durante todo el ejercicio 2024, cuando se alcanzaron las 98.546 llamadas y mensajes.
El desglose operativo del primer semestre refleja que las suplantaciones de identidad mediante técnicas de ingeniería social constituyen la principal causa de contacto con la plataforma. En concreto, los intentos de robo de información confidencial mediante llamadas telefónicas (vishing), mensajes de texto (smishing) o correo electrónico (phishing) concentraron el 40% de las incidencias notificadas por particulares y el 30,6% de las reportadas por empresas.
El balance fue presentado este lunes en Madrid por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. El titular del departamento atribuyó el incremento del volumen de actividad a un mayor conocimiento de este canal gratuito por parte de la ciudadanía y a una mayor concienciación de los usuarios, así como a la proliferación de nuevas tipologías delictivas asociadas al avance de la sociedad digital.
En el segmento de usuarios particulares, las consultas relacionadas con compras fraudulentas supusieron un 13% del total, seguidas por los casos de suplantación de identidad, con un 9,5%. El informe oficial destaca asimismo un crecimiento continuado en las incidencias de carácter económico e inversión. En la primera mitad del año, el servicio contabilizó cerca de 3.000 consultas vinculadas a falsas inversiones y criptomonedas, una cifra que multiplica por siete los registros correspondientes a todo el año 2022. Por su parte, las asistencias por fraudes bancarios se multiplicaron por cuatro en comparación con los datos de 2022, mientras que las consultas motivadas por la difusión de fake news y bulos experimentaron un incremento del 175% respecto a 2023.
En el ámbito corporativo, la suplantación de la marca y la creación no autorizada de perfiles en redes sociales representaron el 20% de las solicitudes de asistencia recibidas. Asimismo, el denominado “fraude del CEO”, en el que los atacantes se hacen pasar por un alto cargo directivo de la empresa para requerir transferencias bancarias o información sensible, constituyó el 9,8% de las comunicaciones de ámbito empresarial.
El balance semestral revela un repunte en las consultas sobre ciberdelitos de ámbito económico que se suman a los fraudes de inversión. En los primeros seis meses del año, las solicitudes de asistencia relacionadas con fraudes bancarios directos se multiplicaron por cuatro en comparación con los niveles registrados en 2022. Por su parte, las consultas planteadas por los usuarios ante la proliferación de noticias falsas y bulos (fake news) experimentaron un incremento del 175% respecto a los datos contabilizados en el ejercicio 2023.
El Ministerio encuadra el incremento de la actividad en el servicio 017 dentro de una estrategia regulatoria más amplia para mitigar la ciberdelincuencia. Según explicó el titular de la cartera, el paquete normativo en despliegue combina el filtrado directo en las redes de telecomunicaciones con el desarrollo reglamentario de la ley de Inteligencia Artificial y la puesta en marcha de marcos específicos orientados a la protección de los menores en el entorno digital.
Respecto a la población menor de edad, el informe sitúa las consultas sobre privacidad y reputación digital en un 17,5% del total, igualadas por primera vez desde 2022 por las incidencias vinculadas a delitos de sextorsión, que alcanzaron un 17%. Las consultas relativas a suplantación de identidad en este grupo alcanzaron el 10,7%, mientras que los casos de ciberacoso pasaron a ocupar la quinta posición entre las tipologías más habituales, representando un 5% de las solicitudes.
Nuevas medidas
Durante la presentación del balance, el ministro López repasó las medidas operativas desplegadas por el Ejecutivo para combatir el fraude digital. Según los datos facilitados por el departamento, los operadores de telecomunicaciones han bloqueado más de 300 millones de llamadas telefónicas y 26,6 millones de mensajes de texto (SMS) con fines fraudulentos desde la entrada en vigor del Plan anti estafas telefónicas y por SMS el 7 de marzo de 2025.
El calendario regulatorio contempla el despliegue de dos nuevas restricciones técnicas durante el otoño de 2026. A partir del 15 de septiembre, las compañías operadoras comenzarán a bloquear automáticamente aquellos SMS cuyos remitentes utilicen un alias no incluido en el registro oficial elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), permitiendo únicamente la recepción de mensajes asociados a entidades legítimas previamente inscritas.
Posteriormente, el 17 de octubre de 2026, entrará en vigor la obligación de que todas las llamadas comerciales utilicen de forma exclusiva un rango numérico de nueve dígitos iniciado con el prefijo 400. La medida permitirá a los usuarios identificar de forma inmediata las comunicaciones comerciales e impondrá a las operadoras la obligación de bloquear cualquier llamada publicitaria que no emplee dicho código.
Planta de SAIC en El Ferrol
El ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha respaldado la implantación en Ferrol de una planta de vehículos eléctricos del fabricante chino SAIC. Se ha mostrado seguro de que el proyecto saldrá adelante, aunque no descarta que se fijen “condiciones” específicas para asegurar su viabilidad y el respeto a la seguridad nacional.
Estas declaraciones llegan después de conocerse informes de Defensa y de los servicios de inteligencia que advierten de un posible riesgo de espionaje por la proximidad de la ubicación prevista a instalaciones estratégicas como el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, donde se trabaja con sistemas militares estadounidenses.
“Estoy convencido de que se analizarán todas las implicaciones y se adoptarán las decisiones oportunas. Toda inversión de este tipo conlleva informes que pueden fijar una serie de condiciones para hacerla viable desde el punto de vista económico o de la seguridad nacional”, ha señalado.
En cualquier caso, López ha descartado que el proyecto pueda ser rechazado por motivos de seguridad —pese a que requiere el visto bueno del Consejo de Ministros—. Ha subrayado que se están evaluando todas las “implicaciones” y que se adoptarán “las decisiones oportunas”, al tiempo que ha querido transmitir un mensaje de “tranquilidad”.
“Estas inversiones se estudian y puede ocurrir que se formulen recomendaciones, ya sea en el plano económico o en el de la seguridad, que se atienden y hacen viable la operación”, ha afirmado ante los medios desde la sede ministerial. El titular de Transformación Digital ha calificado la iniciativa como una inversión industrial “relevante” para España. En ese sentido, ha precisado que, con “total normalidad”, se ponderan los factores económicos, industriales, de creación de empleo y “también de seguridad nacional”.