La factura para el Estado por clausurar el fallido almacén de gas Castor se eleva a 330 millones
El coste total asumido por los ciudadanos, sumados los 1.350 millones reconocidos en indemnizaciones a las compañías, se acerca a los 1.700 millones
La factura que tendrá que pagar el Estado español por clausurar definitivamente el almacén de gas Castor, que nunca llegó a entrar en funcionamiento, superará los 330 millones de euros. Así consta en la documentación oficial hecha pública esta semana por Enagás, la empresa encargada de los trabajos de operación, mantenimiento y desmantelamiento de la planta gasista que se construyó frente a las costas de Castellón y Tarragona, y cuya operativa se paró en el año 2013 al detectarse centenares de movimientos sísmicos tras la inyección de gas en el depósito. El coste asumido por los ciudadanos y consumidores españoles, sumados los 1.350 millones finalmente reconocidos en indemnizaciones a las compañías, se acerca a los 1.700 millones.
Los trabajos de clausura se han acelerado en el primer semestre del año y el coste para Enagás ya supera los 200 millones de euros. Fuentes al tanto de la situación esperan que dicha factura no se incremente mucho más, ya que la previsión es que este verano ya hayan concluido las tareas de desmantelamiento.
En todo caso, no es la única deuda que arrastra el Estado con la compañía encargada de gestionar el sistema gasista. Enagás también se ha encargado estos años de la operación y mantenimiento de la planta construida hace más de una década por la alianza Escal UGS, cuyo principal accionista era ACS con el 66,67%. El Tribunal Supremo le reconoció el derecho a cobrar por estos trabajos, que ya ascienden a casi 130 millones de euros. Aunque hace meses que la empresa solicitó la ejecución de esta sentencia, que es firme, esta todavía no se ha producido, por lo que se espera que el desembolso pueda cerrarse en el corto plazo.
Concretamente, fuentes jurídicas señalan que el Estado dispone de un fondo de contingencia para la ejecución de sentencias que administra el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con lo que todo apunta a que el Ejecutivo deberá tirar de dichos fondos para resarcir a Enagás por unos trabajos que estaba realizando hasta ahora sin cobrar.
Esto se debe a que cuando el anterior Gobierno del Partido Popular decidió paralizar el proyecto se impidió que los costes de operación de mantenimiento y desmantelamiento se cargaran sobre el sistema gasista y la factura de los consumidores. El Ejecutivo decretó que fuera Enagás quien realizara esos trabajos, pero sin articular un sistema de pago, por lo que la compañía acató la realización de esta actividad, pero recurrió a los tribunales en 2018 para que se le retribuyera.
El 8 de noviembre de 2019 se publicó el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se puso fin a la hibernación del almacenamiento subterráneo Castor y se acordó su desmantelamiento por fases, encomendándose las obras a Enagás Transporte. Este acuerdo confirmó la obligación del grupo de continuar realizando todos los trabajos necesarios para el mantenimiento y la operación de las instalaciones.
Enredo judicial
La controversia viene de lejos. En 2013, se pararon los trabajos de desarrollo después de que el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España advirtieran de posibles terremotos al inyectar el gas en la planta subterránea. UGS Escal cobró los 1.350 millones de euros por realizar este proyecto. La deuda la asumieron Santander, CaixaBank y Bankia (hoy absorbida por CaixaBank), que cobrarían en 30 años de la factura gasista. Una posterior sentencia del Tribunal Constitucional decretó que los pagos activados a través del decreto eran irregulares. Los bancos recurrieron a la justicia y ganaron el pago de esos 1.350 millones de euros.
Enagás ha presentado resultados esta misma semana. La cotizada obtuvo un beneficio neto de 126,9 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un 27,9% menos que los 176 millones de euros del mismo periodo de 2025, en el que incluía las plusvalías de las ventas de Soto la Marina y la actualización del valor razonable por Gasoducto Sur Peruano (GSP), informó la compañía.
Las ganancias del periodo de enero a junio, que recogen el impacto positivo de 9,5 millones de euros de la venta del 40% de Enagás Renovable a Hy24 acordada en abril, permiten al grupo enfilar su objetivo anual de un beneficio neto recurrente de 235 millones de euros al final del ejercicio.