La Audiencia Nacional confirma el cártel de las consultoras con más de una veintena de firmas implicadas
El tribunal resuelve varios recursos de empresas sancionadas por la CNMC, entre ellas algunas de las principales del sector
La Audiencia Nacional ha confirmado que, entre los años 2008 y 2018, existió un cártel formado por empresas de consultoría, que intercambiaron información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para garantizarse licitaciones públicas. En cinco sentencias, consultadas por este periódico, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha avalado el criterio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en mayo de 2021 impuso una multa total de 6,3 millones de euros a 22 firmas de consultoría y a varios de sus directivos, entre las que se encontraban algunas de las principales firmas del sector, como Indra (cuya sanción se redujo al adoptar medidas en el marco de su programas de cumplimiento normativo), KPMG, Deloitte y PwC (estas tres últimas enmarcadas dentro del grupo de las big four).
En las sentencias, dictadas entre el 29 y 30 de junio, los magistrados describen la existencia de una estructura organizada dividida en dos ámbitos de actuación: la “red colaboración norte”, donde se manipularon licitaciones en el País Vasco, Cantabria y Castilla y León; y la “red de colaboración nacional”, a través del cual se vieron afectadas adjudicaciones de los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Economía; así como de las Comunidad de Madrid, Generalitat Valenciana, Extremadura, Andalucía, Cataluña, Canarias, Baleares y las Diputaciones de Cádiz y Sevilla.
La Sala avala las conclusiones de la CNMC al considerar que ha quedado acreditada un “patrón de conducta que evidencia la multilateralidad y la reciprocidad, en el sentido de que empresas que coinciden en diversas licitaciones, en algunos casos actúan como oferentes de la cobertura y en otros pasas a ser las empresas las que solicitan la cobertura y, por tanto, acaban adjudicándose el contrato”.
Según explicó el organismo regulador, las relaciones de confianza personales y profesionales de algunos de los directivos (en ocasiones antiguos compañeros de trabajo) facilitaron el funcionamiento de estas redes de colaboración. “Bastaba con el envío de un correo electrónico por una de empresas de la red, que era aceptado sin más explicaciones por los destinatarios”, destacó la CNMC.
Alteración en las licitaciones
Debido a que la mayoría de las licitaciones eran contratos negociados sin publicidad, en los que las administraciones invitaba a un número reducido de empresas para que presentasen sus ofertas, una de las consultoras presentes en el proceso contactaba con otras empresas de su red de colaboración para que presentaran una oferta perdedora o, simplemente, para que declinaran la invitación para participar en el proceso. En ocasiones incluso, la propia consultora que pedía la cobertura elaboraba las ofertas de sus supuestos competidores o preparaba la carta de renuncia a la invitación. “La habitualidad con la que esta forma de actuar se produce genera una red de colaboración que, por medio de la presentación de ofertas de cobertura, alteran el funcionamiento de la licitación y la adjudicación del contrato”, concluye la Audiencia Nacional.
No obstante, el tribunal no confirma el importe total de la sanción impuesta por la CNMC. En el caso de la empresa GAPS, la Audiencia Nacional anula la sanción de 15.000 euros al considerar que la mera mención de su nombre en un correo de terceros no es prueba suficiente de que participó en el cártel o de que, al menos, era conocedor de la existencia de un plan ilícito. “El único elemento incriminatorio que puede implicar a la actora, no ha desvirtuado la presunción de inocencia” de la empresa, dice esta sentencia, que estima el recurso de la consultora.
Por otro lado, ha estimado parcialmente el recurso de un responsable de Idom Consulting, sancionado con 24.000 euros. El tribunal considera que la CNMC motivó y concretó correctamente las multas impuestas a cada uno de los directivos cuya participación ha quedado acreditada, atendiendo al papel que cada uno de ellos ha jugado en la comisión de la infracción, el número de licitaciones en que participaron, la duración de su conducta y su nivel de responsabilidad en sus empresas. Sin embargo, en el caso de este alto cargo, apunta que el periodo temporal no es del todo exacto, ya que se le imputa desde un mes antes de asumir el cargo. Así, ordena a la CNMC ajustar el periodo de tiempo de participación y recalcular la multa.
Las otras tres sentencias que, por el momento, ha resuelto la Audiencia Nacional son relativas a las impugnaciones de KPMG (50.000 euros), BMASI (153.529 euros) e Innovisions 21 (cuyo socio único fue sancionado con 35.000 euros), que han sido desestimadas. La CNMC sancionó también a otras conocidas consultoras como Deloitte (3,99 millones de euros, la multa más elevada), Indra (27.000 euros tras aplicarle un 10% de descuento por activar su sistema de compliance), PwC (670.000 euros) o Uliker-3, cuyo socio único es PFK Attest (11.040) euros. Oesía y su matriz Heisenberg también fueron investigadas, si bien la CNMC declaró que no había pruebas suficientes que acreditaran su participación en el cártel.