El Gobierno inyecta 116 millones en Openchip y asumirá hasta el 16,5% de su capital
La entrada de la ‘Sepi digital’ en el accionariado de la tecnológica catalana, participada también por la Generalitat, se financiará con fondos europeos
El Consejo de Ministros autorizó este lunes al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a ejecutar una inversión de 115,77 millones de euros en la empresa catalana de semiconductores Openchip & Software Technologies. La aportación se canalizará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) —conocida en el sector como la SEPI digital— mediante el uso de la facilidad Next Tech, que se nutre de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La inyección se estructurará como una entrada directa en el capital social de la compañía, cuya ronda definitiva de ampliación se encuentra actualmente abierta a la espera de concretar la aportación de inversores privados.
Aunque el porcentaje exacto de la participación estatal no se podrá fijar hasta que se cierre la ronda de financiación, tomando como referencia la valoración establecida por la Generalitat de Catalunya hace apenas una semana, la inyección de fondos aprobada este lunes por el Gobierno central equivale a una participación de hasta el 16,54% en el accionariado de la firma de microelectrónica. El Ejecutivo catalán autorizó el 23 de junio la conversión en acciones de créditos puente por valor de 35 millones de euros para adquirir el 5% de la compañía. Esa transacción fijó una valoración implícita para el 100% de las acciones de Openchip en 700 millones de euros.
La combinación de ambas operaciones situaría el control público directo por encima del 20% del capital de Openchip, repartido entre el Estado central y la administración autonómica. El acuerdo firmado por la Generalitat incluye un asiento en el consejo de administración y un derecho de veto estricto que impide el traslado de la sede social o del centro de actividad fuera de Cataluña mientras mantenga su participación. Siguiendo la misma lógica, el Ejecutivo central tendría derecho también al menos a un asiento en el consejo. Los socios fundadores originarios de la empresa en 2021, el grupo de ingeniería GTD y el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), verán diluidas sus posiciones de control, que hasta ahora se distribuían en un 53% y un 47% respectivamente.
Fuerte apoyo público
Fuentes del sector de semiconductores señalan que Openchip acumula un apoyo público de 261,7 millones de euros. Este volumen financiero agrega los 111 millones recibidos previamente a través de los fondos europeos Next Generation bajo el marco del programa IPCEI del PERTE Chip, los 35 millones de la Generalitat y la inyección autorizada este lunes por el Consejo de Ministros. Para liberar las partidas de la subvención europea IPCEI, un consorcio bancario compuesto por BBVA, Santander, CaixaBank, Bankinter y Sabadell aportó 96 millones de euros en avales comerciales con el respaldo explícito del Institut Català de Finances (ICF).
El equipo directivo de Openchip está presidido por Tobías Martínez, nombrado en mayo de 2026 tras haber liderado durante casi una década el crecimiento de Cellnex. La gestión ejecutiva recae en Francesc Guim, como consejero delegado, un veterano del sector de los semiconductores con una larga trayectoria en Intel, mientras que Marc Fernández ejerce como director general y director financiero. Entre los principales responsables de la compañía también figura Therese Jamaa, exvicepresidenta de Huawei para el sur de Europa, nombrada en 2024 vicepresidenta de Alianzas Estratégicas, Marketing, Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa. Jamaa es la actual pareja del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Openchip opera bajo un modelo fabless o sin fábrica física, un sistema enfocado en la investigación, el diseño lógico de circuitos integrados y la propiedad intelectual. La plantilla actual supera los 300 ingenieros. Los procesadores desarrollados por la firma se basan en la arquitectura de código abierto RISC-V, una tecnología orientada a mejorar la eficiencia energética en centros de datos dedicados a la inteligencia artificial y la supercomputación (HPC). La fabricación física se externaliza de forma regular a fundiciones internacionales especializadas como TSMC. El plan industrial de la compañía estima que se requerirán inversiones cercanas a los 500 millones de euros para el despliegue total de su infraestructura tecnológica.
Inversión en Substrate AI
En la misma sesión ministerial, el Ejecutivo autorizó a la SETT una segunda inversión tecnológica por valor de 19,1 millones de euros en la empresa madrileña Substrate AI. Esta operación se realiza bajo una estructura de coinversión público-privada que forma parte de una ronda de ampliación de capital total de 39 millones de euros, donde participan inversores institucionales del sector privado. Los fondos públicos para esta firma provienen también de la ventanilla Next Tech gestionada por la SEPI digital a través del Plan de Recuperación.
Substrate AI cuenta con centros de trabajo operativos en Madrid y Talavera de la Reina (Castilla-La Mancha), emplea a más de 200 trabajadores y dispone de una base comercial estable de más de 500 clientes. La empresa se especializa en el desarrollo de software modular enfocado a la transición de proyectos de inteligencia artificial desde la fase de prototipo técnico a entornos de producción industrial real. Su plataforma tecnológica se divide en cuatro módulos dedicados a la orquestación de agentes, gobernanza, cumplimiento normativo y residencia segura de datos de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de IA de la Unión Europea.
La tecnológica ejecuta en la actualidad varios programas de aplicación médica mediante acuerdos de colaboración institucional con la Junta de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha. Asimismo, desarrolla una iniciativa de automatización inteligente y ajuste de dosificación de medicamentos para pacientes en farmacias hospitalarias junto con la Fundación para la Investigación del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Al igual que en el expediente de Openchip, portavoces gubernamentales enmarcaron estas decisiones dentro de la política de autonomía estratégica y soberanía digital de la Unión Europea.