Varios accionistas de Estée Lauder acusan a miembros de la familia y consejeros por enriquecimiento ilícito en la venta de acciones
Altos cargos de la empresa tienen demandas abiertas por, supuestamente, ocultar el deterioro del negocio entre 2022 y 2023
Altos directivos y consejeros de Estée Lauder, entre ellos varios miembros de la familia fundadora del grupo cosmético, afrontan diversas demandas en tribunales de Nueva York y Delaware (Estados Unidos) acusados, entre otros puntos, de enriquecimiento ilícito o mala gestión grave. Se trata de otro frente judicial abierto en la compañía que busca fusionarse con la española Puig, y que en abril pactó zanjar una causa en la que estaba acusada de publicar información financiera falsa. Dicho acuerdo, aún preliminar, está valorado en 180 millones de dólares, como publicó CincoDías el pasado jueves.
La documentación depositada por Estée Lauder ante el supervisor estadounidense de los mercados, la SEC, refleja varias demandas efectuadas por otros accionistas en el último año. Son procesos que se asemejan a una especie de acción social de responsabilidad, en los que inversores a título individual reclaman que los daños denunciados sean reparados a la empresa.
La primera demanda fue efectuada el 8 de mayo del año pasado, ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La segunda, el 23 de junio ante la Corte Suprema de Kings County, también en el estado de Nueva York. A estas se sumaron cuatro más entre septiembre y noviembre ante el Tribunal de Equidad de Delaware. La información que describe la empresa habla de que estas acciones se dirigen “contra ciertos ejecutivos y consejeros actuales y anteriores”, a los que se acusa de incumplimiento del deber fiduciario, enriquecimiento ilícito, despilfarro, mala gestión grave y uso de información privilegiada.
Una de esas demandas, la del 8 de mayo de 2025, a la que ha tenido acceso este periódico, se dirige a cerca de una veintena de altos cargos de Estée Lauder. Entre ellos están tres miembros de la familia fundadora, incluido el actual presidente del consejo de administración, William P. Lauder. También Ronald Steven Lauder, hijo de los fundadores del grupo y amigo cercano de Donald Trump; y la hija de este, Jane Lauder, consejera de la empresa. Hay que recordar que la familia Lauder controla más del 80% del poder político de la misma. Entre los demandados también se encuentran el exconsejero delegado, Fabrizio Freda; la exdirectora financiera, Tracey T. Travis; o seis miembros del actual consejo de administración.
Los cargos en esta causa son los de enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber fiduciario. El motivo, una serie de operaciones de venta de acciones por parte de ocho de los acusados en momentos puntuales que, según la parte demandante, se produjeron con acceso a una información financiera que no fue compartida con los inversores de Estée Lauder. En total, se describen transacciones por un total de 295 millones de dólares, de los que 215 corresponden a Ronald Steven Lauder, y 44 millones al ex consejero delegado, Fabrizio Freda.
El hijo de los fundadores realizó dicha transacción el 10 de febrero de 2022, una semana después de que Estée Lauder elevase sus previsiones del cierre de ejercicio. La venta se produjo a un precio por título de 307,8 dólares. Un año y medio después, cuando la empresa reconoció sus problemas y lanzó un plan de ajustes, el valor de las acciones había caído un 60%. Casi el 89% de los importes totales vendidos por los acusados, 262,4 millones, fueron traspasados entre febrero y junio de 2022.
La demanda asegura que los vendedores “evitaron pérdidas masivas”, gracias a que contaban con “información privilegiada y no pública que infló artificialmente el precio de las acciones de Estée Lauder. Como resultado, los acusados se beneficiaron de su mala conducta y se enriquecieron injustamente mediante la explotación de información privilegiada material y adversa”, reza el documento.
La clave está en China
En este se defiende que, mientras que la empresa comunicaba al mercado sus buenas expectativas de crecimiento para los trimestres siguientes, estaba ocultando la situación real de su negocio en China, y en concreto, la mala evolución de sus ventas en las tiendas duty-free, de un peso muy relevante para el grupo. Su principal cliente a nivel mundial en 2021, dice la demanda, era China Duty Free Group.
El foco está en lo que se conoce como la venta daigou: un mercado gris en China en el que terceros compran masivamente productos cosméticos de las grandes marcas en comercios libres de impuestos, sobre todo en la provincia de Hainan. Aprovechando ese precio más bajo, esos productos se revendían en otras zonas del país. A partir de 2022, el gobierno chino elevó las restricciones y los controles sobre esta actividad, provocando una fuerte caída de ventas de los grupos internacionales en los duty-free chinos.
Según la demanda, Estée Lauder llegó a ser muy dependiente de esta fórmula ante “la presión por crecer”. La misma afirma que esta llegó a inyectar “enormes cantidades de producto en el mercado gris a través de sus canales de venta en aeropuertos y tiendas libres de impuestos”, aunque la empresa negó en 2019 que lo utilizase.
En ese contexto, razonan los demandantes, los consejeros y directivos ocultaron al mercado el impacto que las restricciones sobre los daigous comenzó a tener en los estados contables, como se cristalizó meses después. Pero mientras tanto, añaden, esos directivos ya se habían desprendido de millones de dólares en acciones.
Los demandantes señalan expresamente a los Lauder por ser accionistas de control y, por tanto, tener que demostrar “los más altos deberes de diligencia debida, buena fe y lealtad” a la empresa. Estos, dice la acusación, “sabían que las ventas de la compañía caerían como resultado de ”la represión de China contra la actividad de los daigou", y que ello tendría repercusiones en la acción. Otros consejeros son acusados por no aplicar los controles necesarios para que la información financiera fuese la correcta, incluidos los que formaban parte del comité de auditoría. Los demandantes reclaman que todos ellos repongan los daños causados a la empresa.