España pide consignar 250 millones por los pleitos de las renovables para levantar el embargo de Enaire en Bélgica
El bloqueo cautelar de los pagos que Eurocontrol realiza a la empresa pública asciende a cerca de 840 millones
España ha solicitado a la justicia belga consignar 250 millones de euros para evitar que la deuda por los pleitos por el recorte de las primas de las renovables siga creciendo. La petición se produce en un contexto en el que...
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España ha solicitado a la justicia belga consignar 250 millones de euros para evitar que la deuda por los pleitos por el recorte de las primas de las renovables siga creciendo. La petición se produce en un contexto en el que Bélgica tiene bloqueado cerca de 840 millones de euros de la empresa pública Enaire como forma de garantizar las indemnizaciones que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial, ha reconocido a distintos inversores que fueron perjudicados por el tijeretazo a los incentivos por invertir en energías limpias hace más de 10 años.
La Corte de Apelación de Bruselas dio luz verde en junio de 2024 a que los inversores y fondos que han adquirido los derechos de representación y cobro de estos litigios ―en su mayoría encabezados por el vehículo inversor Blasket Renewable Investments― solicitaran esta medida cautelar ante el impago por parte de España de las cantidades reconocidas en casi una treintena de laudos arbitrales. Así, los demandantes solicitaron retener las transferencias mensuales que la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), con sede en la capital belga, realiza a la empresa pública Enaire por la recaudación de tasas de ruta y terminales.
Desde esa fecha, la cantidad bloqueada a la empresa pública supera los 800 millones de euros, acumulados en distintas órdenes de embargo, según ha indicado el equipo jurídico de los acreedores. Para evitar que este monto siga incrementando, la Abogacía del Estado ha propuesto consignar 250 millones de euros, a cambio de levantar el embargo del resto, según han informado las mismas fuentes jurídicas. Esta cantidad corresponde a los tres laudos que han estimado la reclamación de Eurus Energy, filial del grupo Toyota (106,2 millones); RREEF (59,6 millones); y Operafund (29,3 millones), más intereses legales y de demora, y que están registrados ante la justicia belga.
Para los demandantes, este planteamiento de los servicios jurídicos del Estado no solo supone reconocer que España tiene una deuda, sino que choca frontalmente con la estrategia seguida ante distintos tribunales extranjeros para frenar el reconocimiento y ejecución de 27 laudos que reconocen el derecho de los inversores a ser indemnizados. La línea principal de defensa de la Abogacía se basa en la inmunidad soberana, pero también argumenta que no puede pagar estas compensaciones porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) limitó la validez de los arbitrajes entre inversores comunitarios y Estados miembros de la UE, y porque la Comisión Europea debe autorizar dichos abonos.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han indicado que la consignación no supone una “renuncia”, ni “debilita” los argumentos esgrimidos para intentar anular los laudos dictados en su contra, sino que el objetivo es “salvaguardar la seguridad del tráfico aéreo español, recuperando el flujo ordinario de las transferencias que Eurocontrol efectúa a Enaire”. Asimismo, recuerdan que el Ejecutivo comunitario respaldó su tesis en marzo de 2025, en el contexto de la indemnización a Antin (101 millones de euros), cuando advirtió de que dicha compensación podría ser calificada de ayuda ilegal de Estado. La Comisión se pronunció por segunda vez sobre este asunto en diciembre del año pasado cuando informó de que apercibió a Bélgica por reconocer estos laudos contra España y le instó a cumplir con la normativa europea. Lo hizo a través de una carta de emplazamiento, que es el primer paso en un procedimiento de infracción, según adelantó este periódico.
Estrategia de presión
El embargo de activos y bienes españoles en el extranjero es una de las principales estrategias de presión que inversores y fondos oportunistas que han ganado la batalla por el recorte retroactivo de las primas renovables están llevando a cabo en varias jurisdicciones extranjeras, como Reino Unido, Australia, Bélgica y Estados Unidos, para intentar cobrar las indemnizaciones de más de 1.800 millones de euros, que se eleva a 2.300 millones si se suman los intereses.
Entre los activos ya embargados de forma preventiva en Reino Unido figuran el Instituto Vicente Cañada Blanch, un colegio internacional que tiene como sede un antiguo convento dominico con más de un siglo; o las sedes del Instituto Cervantes y de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña (Acció) en Reino Unido; todos ellos en Londres.
En Estados Unidos, aprovechando la próxima celebración del Mundial de fútbol, los fondos oportunistas también han requerido a un tribunal del Distrito de Columbia que requiera toda la información bancaria y comercial a los proveedores de la Selección Española, entre ellos Adidas, Hilton o Vision Hospitality, con el objetivo de encontrar cualquier fuente de financiación que pueda ser susceptible de embargo, como pueden ser subvenciones públicas, fondos de la FIFA y contratos de televisión.
La lista de embargos ha crecido recientemente con la incautación en Países Bajos de la sede del Instituto Cervantes en pleno centro histórico de la localidad de Utrecht. El equipo jurídico de los acreedores ha precisado que este inmueble, valorado en 10 millones, ya consta en el registro público como propiedad de los acreedores, por lo que han iniciado los trámites para subastarlo próximamente.
La primera demanda de arbitraje se planteó en 2011, aún con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, por los cambios regulatorios sobre la energía fotovoltaica, aprobados a finales de 2010. Pero la oleada de pleitos contra España tuvo lugar años después, ya con Mariano Rajoy al frente, como consecuencia de la disminución de las retribuciones prometidas a los inversores de energías renovables incluida en la reforma eléctrica de 2013.
En total se han presentado 51 demandas, en las que se han reclamado 10.635 millones de euros. La factura se ha reducido más de un 80% al quedarse, por el momento, en cerca de 1.800 millones, más intereses en costas y de demora, reconocidos en 27 laudos dictados a favor de los demandantes. De esta cantidad, el Estado español solo ha aceptado abonar a un inversor extracomunitario, la empresa japonesa JGC, tras llegar a un acuerdo y entender que dicha compensación no incumple ni el Derecho de la Unión Europea ni tiene riesgo de ser vetada por la Comisión Europea. En esta misma situación se encontrarían otros dos litigantes extranjeros.