La Audiencia Nacional absuelve a Urbas y a sus máximos directivos por la ampliación de capital de 2015
La Sala de lo Penal afirma que el grupo inmobiliario, que se encuentra en concurso de acreedores, no engañó a los inversores con esta operación
La Audiencia Nacional ha concluido que el grupo inmobiliario Urbas y sus máximos directivos no engañaron a los inversores que participaron en la ampliación de capital de 2015, valorada en más de 384 millones de euros. En una sentencia dictada este lunes, la Sala de lo Penal ha absuelto al expresidente de la compañía Juan Antonio Ibáñez, su sucesor en el cargo Juan Antonio Acedo (actual máximo dirigente), y otras 12 personas de delitos societarios y contra el mercado que le atribuyó la Fiscalía Anticorrupción.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha dictado esta sentencia dos meses después de que comenzaran a juzgar estos hechos que tuvieron lugar hace más de 10 años. Los magistrados han concluido que el perjuicio que se pudo causar a los inversores no tuvo relación directa alguna con ese hecho [la operación de capital], sino más bien por la prohibición de la cotización de las acciones en el mercado, que impidió su desarrollo lógico”.
Los hechos comenzaron a investigarse en septiembre de 2017, tras la admisión de una querella de Anticorrupción, que un año antes había iniciado unas pesquisas tras recibir una alerta de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria. Con la incoación de la causa, la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) suspendió cautelarmente la cotización de las acciones de Urbas anteriores a las de la ampliación de capital para requerir información a la compañía y comprobar la veracidad de los datos lanzados al mercado.
La ampliación de capital se realizó por el importe de 384.488.000 euros (en concreto 307,59 millones de euros en capital social y 76,89 millones de euros de prima de emisión), mediante aportaciones no dinerarias de todas las participaciones sociales de la sociedad inmobiliaria Aldira Inversiones, en la que se habían integrado una serie de inmuebles cuya valoración conjunta representaba el importe de la operación.
Ibáñez y Acedo defendieron que la compañía arrastraba un patrimonio neto negativo aproximado de 48 millones de euros por las pérdidas acumuladas de la crisis del ladrillo y la ampliación de capital fue la fórmula elegida para rescatar a la compañía. Sin embargo, la Fiscalía señaló que la operación originó un perjuicio a los accionistas. Por ello, solicitó ocho años y tres meses de prisión para Acedo y ocho años de cárcel para su antecesor
La Audiencia Nacional subraya en su sentencia ―que aún no es firme, ya que puede ser recurrida ante la Sala de Apelaciones del órgano judicial― destaca que era público que la empresa se encontraba entonces en causa de disolución y que el objetivo principal de la ampliación de capital era que “pudiera subsistir”. “La operación propuesta supone un incremento de tamaño de la compañía, una gran diversificación de activos, un aumento del patrimonio neto y salida de causa de disolución”.
Asimismo, los magistrados entienden que las acusaciones no han demostrado “la participación individualizada” de cada uno de los acusados en el engaño a los potenciales inversores. En esta línea añaden que el folleto de información de la ampliación de capital identificaba “al menos 18 fuentes de riesgos de la emisión, de la situación del mercado, de la situación crediticia y de la situación societaria de la propia entidad”.
En el banquillo de los acusados también figuraba la firma de servicios profesionales Grant Thornton, que fue la encargada de tasar los bienes de Aldira que se utilizaron para valorar la ampliación de capital, designada por el Registro Mercantil. El tribunal considera que durante el juicio no se ha acreditado que las valoraciones de la consultora ”sean completamente irracionales y ajenas a la realidad".
Fuentes de Urbas han celebrado la sentencia absolutoria, pero señalan que “aún no se ha corregido la injusticia sufrida” durante los 11 años “de calvario judicial”. La compañía achaca a la actuación la Fiscalía Anticorrupción la difícil situación que atraviesa desde la crisis inmobiliaria y que se agravó con la investigación judicial. El hecho de que el ministerio público pusiera en duda el valor de los activos inmobiliarios complicó que consiguiera financiación para saldar su deuda histórica. Tras conocer la sentencia, las mismas fuentes empresariales recalcan que la Audiencia Nacional ha otorgado una “elevada fiabilidad” a la valoración de sus activos.
Urbas se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado enero, cuando lo solicitó de forma voluntaria para evitar que el juez de lo mercantil que tramita este procedimiento diera luz verde al plan de reestructuración presentado por el fondo de capital privado Roundshield Partners. Se trata del principal acreedor con el que mantiene una intensa batalla judicial en Reino Unido y en España. La firma de inversión fue la que concedió financiación de hasta 80 millones de euros para salir de la crisis, si bien el impago del préstamo les ha llevado a enfrentarse en los tribunales: el fondo reclama 206 millones de euros, mientras que la constructora se ha querellado por estafa al considerar que la deuda ha quedado extinguida después de que el inversor se adjudicara activos por el valor de 181 millones de euros.