Condena récord de 43 millones de euros contra una red internacional de piratería audiovisual
La Audiencia Nacional ordena el decomiso de activos de la organización liderada por ‘Dash, el iraní’
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia contra una de las mayores estructuras internacionales de distribución ilegal de contenidos audiovisuales por protocolo de internet (IPTV). El fallo impone indemnizaciones y multas que suman más de 43 millones de euros, estableciendo la mayor cuantía económica fijada hasta la fecha en España por delitos contra la propiedad intelectual, blanqueo de capitales y delitos contra el mercado y los consumidores, informó este lunes LaLiga en un comunicado
La red criminal, desarticulada tras una investigación de varios años, operaba bajo marcas comerciales como IPTVStack, RapidIPTV.com y RapidIPTV.net. Según los hechos probados, la organización contaba con una base de datos superior a los dos millones de usuarios y ofrecía acceso a miles de canales de pago a través de tres continentes. La infraestructura técnica se apoyaba en servidores distribuidos en 13 países, permitiendo a los administradores generar ingresos estimados en 17 millones de euros mediante la retransmisión ilícita de eventos deportivos, películas y series de estreno.
El tribunal ha fijado una indemnización directa de 12 millones de euros destinada a las entidades perjudicadas que se personaron como acusación particular, entre las que se encuentran LaLiga, Movistar Plus+, Mediapro y Egeda. Adicionalmente, la sentencia impone multas que superan los 30 millones de euros derivadas de las actividades de blanqueo de capitales.
El proceso judicial se resolvió mediante la conformidad de los acusados con el escrito de acusación conjunta presentado por el Ministerio Fiscal y el resto de las partes demandantes, tras años de instrucción iniciada por una denuncia original de la tecnológica Nagravision, y fue impulsado gracias a la denuncia y posterior ampliación de LaLIiga.
La investigación operativa fue liderada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional y el Grupo de Propiedad Intelectual de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV). Los agentes identificaron un complejo entramado financiero que utilizaba pasarelas de pago internacionales, plataformas de intercambio de criptomonedas y empresas pantalla para ocultar los beneficios. Entre los activos que serán decomisados figuran un edificio residencial en Irán, un inmueble en Barcelona valorado en 1,7 millones de euros y vehículos de alta gama cuyo valor conjunto alcanza los 400.000 euros.
Javier Tebas, presidente de LaLiga, detalló tras conocerse el fallo que “el fraude audiovisual es una lacra que amenaza la supervivencia de una industria fundamental para la economía europea, como es el deporte en vivo”. El directivo añadió que la organización se siente satisfecha por una “sanción ejemplar, que demuestra que hay que luchar con contundencia contra la piratería a todos los niveles, especialmente hacia las organizaciones y mafias que hay detrás”. Según datos de la propia patronal del fútbol, su estrategia global antipiratería logró reducir en un 60% el consumo de contenido ilícito en España durante la temporada 2024/25.
Otras sentencias
Esta resolución judicial no es un hecho aislado, sino que amplía el marco legal establecido por otros fallos. La tendencia jurídica en España se inició en 2020 a través del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, que introdujo las denominadas medidas técnicas dinámicas.
Asimismo, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona el 1 de agosto de 2025 facultó a Movistar Plus+ para enviar listados semanales de direcciones IP con contenido ilícito a los operadores de acceso a internet (ISPs) para su bloqueo inmediato. Esta capacidad de respuesta rápida busca proteger la ventana de explotación comercial de los contenidos, especialmente en eventos cuya rentabilidad depende de la exclusividad del directo.
La ofensiva de los titulares de derechos ha trascendido el ámbito de los distribuidores finales para alcanzar a los facilitadores de infraestructura técnica. Recientemente, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid admitió a trámite una querella criminal interpuesta por LaLiga y Telefónica Audiovisual Digital contra la empresa estadounidense Cloudflare y su consejero delegado, Matthew Browning Prince. La causa investiga la presunta implicación de la tecnológica en la provisión de servicios que, según la demanda, impiden la eficacia de los bloqueos judiciales ordenados en territorio español.
En paralelo, Movistar Plus+ ha obtenido avales adicionales para ejecutar bloqueos dinámicos hasta la finalización de la temporada 2026/2027. Según la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona, fechada el pasado 23 de marzo, la operadora puede exigir a los proveedores de red el cierre de dominios y direcciones IP que difundan competiciones como la Champions League, torneos de tenis y eventos de golf. La resolución obliga a los principales operadores de telecomunicaciones del país a colaborar activamente en la interrupción del acceso.
La desarticulación de la red de Dash, el iraní y la imposición de estas multas récord cierran un ciclo de impunidad para los grandes distribuidores de IPTV. El decomiso de bienes y la clausura definitiva de los dominios rapidiptv.com y sus derivados marcan un precedente en la recuperación de activos procedentes del delito digital.
Las autoridades subrayan que la sentencia no solo castiga la infracción de derechos de autor, sino que ataca directamente el motor económico de estas mafias mediante la persecución del blanqueo de capitales y el uso de criptoactivos para la ocultación de beneficios.