La Audiencia Nacional descarta investigar al antiguo consejo del grupo Codere por la reestructuración de 2021
La Sala de lo Penal confirma la falta de competencia del órgano judicial e inadmite una denuncia de pequeños accionistas
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional da carpetazo a la intención de medio centenar de pequeños accionistas de Codere de investigar la reestructuración que el grupo de juego acometió en 2021, y que entregó la propiedad del mismo a sus acreedores.
En un auto fechado el pasado 27 de febrero, el citado tribunal reafirma la inadmisión previa decretada por el juzgado central de instrucción ante la denuncia presentada por estos pequeños inversores. Esta se dirigía al consejo de administración que gobernaba el antiguo holding Codere SA, que pilotó y ratificó aquella operación, y que estaba compuesto por su expresidente, Norman Sorensen, y los ex consejeros Anthony Reganato, Paul Lavelle, Charles Turner y Carlos Villaseca. También se ampliaba contra la propia mercantil Codere SA, liquidada posteriormente como parte de la reestructuración, Codere New Topco, que fue el holding que absorbió la parte operativa del grupo, y la filial online Codere Online Luxembourg.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional indica que no es competente para investigar los presuntos delitos a los que se refería la denuncia: falsedad contable, administración desleal, imposición de acuerdos sociales abusivos, adopción de acuerdos sociales en fraude y falsedad informativa al mercado, así como el de fraude fiscal y contra la hacienda pública española. En su recurso, los denunciantes pedían investigar, al menos, al liquidador de Codere SA, algo que también fue desestimado.
“Los hechos objeto de denuncia no se aprecian como constitutivos de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”, dice el auto, que tampoco ve justificada la apreciación de un delito cometido fuera del territorio nacional, “pues dicha competencia objetiva requiere que el delito se cometa en el extranjero en su integridad”. Los denunciantes reclamaban este punto al haberse domiciliado el holding Codere New Topco en Luxemburgo.
“Los hechos objeto de denuncia no se incardinan en ninguno de los supuestos legalmente previstos de competencia de la Audiencia Nacional”, resume el auto, sobre el que n ocabe recurso.
Aquella reestructuración, sellada a finales de 2021, permitió a los fondos acreedores tomar el 95% del capital del grupo resultante, dejando el 5% del mismo a los accionistas de la liquidada Codere SA, entre ellos los minoritarios. Ante su dilución, estos recibieron unos warrants, unas opciones de compra o venta con los que podrían beneficiarse de una hipotética venta del grupo, y que el liquidador dejó con un valor cero.