La Audiencia Nacional decide si investiga a Codere y su antiguo consejo por la operación que entregó la empresa a sus bonistas
Un grupo de pequeños accionistas denuncia delitos de falsedad contable, administración desleal o fraude fiscal en la reestructuración de 2021
La Audiencia Nacional ha abierto procedimiento de diligencias previas ante una denuncia de pequeños accionistas de Codere contra la compañía y su antiguo consejo de administración, en relación con el proceso de reestructuración que este aprobó en 2021 y que entregó ...
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La Audiencia Nacional ha abierto procedimiento de diligencias previas ante una denuncia de pequeños accionistas de Codere contra la compañía y su antiguo consejo de administración, en relación con el proceso de reestructuración que este aprobó en 2021 y que entregó el 95% del grupo de juego a sus acreedores, una serie de fondos oportunistas, como única salida ante su delicada situación financiera.
La denuncia penal, que ha recaído en el juzgado central de instrucción número 6 de Madrid, se dirige contra los cinco consejeros que ratificaron la operación: el ex presidente Norman Sorensen, Anthony Reganato, Paul Lavelle, Charles Turner y Carlos Villaseca; y contra las mercantiles Codere SA, que fue liquidada como parte de la reestructuración; Codere New Topco, radicada en Luxemburgo y que pasó a ser el holding del grupo; y Codere Online Luxembourg, que explota el negocio online y hoy cotiza en el Nasdaq.
Los denunciantes, en torno a medio centenar de pequeños accionistas, acusan al grupo y a sus exconsejeros de hasta cinco delitos: falsedad contable, administración desleal, imposición de acuerdos sociales abusivos, adopción de acuerdos sociales en fraude y falsedad informativa al mercado, y el delito de fraude fiscal y contra la hacienda pública española.
La base de la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, es la “información falsa” contenida en las cuentas del primer semestre de 2019 que Codere entregó a la CNMV. El propio supervisor abrió expediente que resultó en una sanción administrativa firme de 100.000 euros por aportar “información falsa y engañosa en relación con los resultados en sus filiales en México, Colombia y Panamá”. La compañía cifró en 15,4 millones el impacto de esas “inconsistencias contables” en el resultado semestral reportado, y que luego tuvo que corregir.
Según los denunciantes, representados por el letrado Enrique Zarza, aquella información “sirvió de base de consulta para la supervisión de los pequeños inversores bursátiles”, lo que a su vez “beneficiaba a los accionistas mayoritarios de Codere SA y causó un grave perjuicio a los inversores minoritarios”. Estos, continúa la denuncia, “adquirieron acciones a un mayor precio de mercado sin conocer la imagen fiel de la empresa, o mantuvieron las mismas en cartera, sin disponer de una imagen fiel de la empresa”.
Además, prosiguen los denunciantes, el conocimiento de aquella información falsa provocó un deterioro de la compañía y su “descrédito en los mercados de deuda”, lo que sirvió de base, dicen, para que el consejo acometiera la reestructuración societaria que acabó con la mercantil española excluida de Bolsa y en liquidación, y con el trasvase de las operaciones al holding luxemburgués.
“Lo anterior evidencia que la crisis provocada por la falsa contabilidad podría haber sido artificialmente construida para provocar la caída de la calificación crediticia, la falta de apoyos financieros y justificar la apropiación del negocio por parte de los fondos acreedores y en perjuicio de los accionistas minoritarios”, dice la denuncia.
La misma también observa indicios de fraude fiscal por el traslado de la unidad operativa a Luxemburgo, y habla de una “posible existencia de una operativa de simulación o deslocalización fiscal” en favor de un territorio “con una tributación fiscal más favorable”.
Por último, los denunciantes hacen mención expresa del papel del ex director de operaciones del grupo, Carlos Villaseca. Este también fue sancionado por la CNMV por la información financiera errónea, aunque el ejecutivo recurrió en lo contencioso administrativo. “Lejos de despedir al director general sancionado”, dice la denuncia, la empresa formalizó “un acuerdo amistoso de cese de la relación laboral indemnizando con entorno a un millón de euros” a Villaseca.
Aquella reestructuración dejó un 5% del grupo Codere a los accionistas existentes antes de la misma, entre ellos los minoritarios. Ante su dilución, les fueron entregados unos warrants, unas opciones de compra o venta con los que podrían beneficiarse de una hipotética venta del grupo. Sin embargo, el liquidador de Codere dejó a cero tanto el valor de sus acciones, como el de esos instrumentos, como publicó este periódico.
La reestructuración de 2021 se articuló como única vía para garantizar la viabilidad del grupo, que arrastraba 1.100 millones de deuda. Pero no ha sido la única. En 2024, Codere ejecutó otra reestructuración para recapitalizar 1.200 millones de pasivo. Algo que llevó a la liquidación del holding luxemburgués ideado en 2021, y a la creación de uno nuevo.
La denuncia requiere, entre otros puntos, que se cite como testigos a los dos fundadores de Codere, José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro. Ahora, el fiscal debe trasladar al juzgado si es competente, y si admite el caso.