Uber Eats avala 130 millones ante Inspección de Trabajo por las posibles multas a su modelo de autónomos
La compañía de reparto a domicilio eleva a 172 millones el cálculo del potencial impacto de las sanciones
Uber Eats, la plataforma de reparto a domicilio del gigante tecnológico Uber, ha disparado la constitución de avales frente a Inspección de Trabajo ante las potenciales sanciones que afronta por su modelo de contratación de repartidores autónomos, sobre el que el organismo laboral ha strechado el cerco en los últimos tiempos.
Portier Eats, la sociedad con la que opera Uber Eats en España, había presentado garantías bancarias por valor de 130,4 millones de euros al cierre de su ejercicio fiscal 2024. Estas, depositadas a exigencia de Inspección de Trabajo, cubren aquellos procesos de inspección que, individualmente, superan los 200.000 euros de contingencia, tal y como detallan las cuentas anuales que la empresa acaba de depositar en el Registro Mercantil. Esos más de 130 millones prácticamente doblan los avales que tenía presentados un año antes.
El organismo inspector dependiente del Ministerio de Trabajo puede exigir a las empresas sobre las que levanta acta de inspección, al obtener evidencia de irregularidades, que aporten avales bancarios para cubrir el potencial coste de la regularización de esos trabajadores autónomos. Esto implica el pago de cuotas sociales o impuestos no satisfechos, multas o incluso intereses de demora. Dado que la mayoría de estos procesos acaba en instancias judiciales, esas cantidades no son exigibles hasta que exista sentencia firme, de manera que el pago se puede dilatar durante años. De ahí que, como garantía, Inspección requiera esos avales bancarios.
En su caso, Uber Eats ha constituido esos avales con Deutsche Bank, para lo que ha necesitado del respaldo financiero de su matriz estadounidense, como detalla en sus cuentas. En concreto, explica que el 10 de octubre de este 2025, Uber confirmó por escrito a su filial española su compromiso para “proporcionar a la sociedad el respaldo financiero o los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones con terceros”. Entre ellos, “la prestación de las garantías necesarias requeridas por las entidades financieras para la concesión de los avales necesarios en el marco de las inspecciones laborales que se están llevando a cabo”.
El informe de auditoría, firmado por PWC, detalla que, hasta el 31 de diciembre de 2024, se habían completado 51 procesos de inspección, “para los que se han emitido las correspondientes actas”. Además, tenía otros nueve procesos en curso, lo que eleva la cifra total a 60.
Las cantidades avaladas cubren el 76% de todas las contingencias laborales que Uber Eats contabiliza en su balance. Estas se elevaban, a cierre de 2024, a 172 millones, cifra que se corresponde con la provisión registrada en las cuentas. La misma creció un 18% con respecto al ejercicio anterior, tras añadir 32 millones adicionales durante 2024.
Una cantidad que va directa a la cuenta de resultados, y que motivó que Portier Eats Spain finalizara el año con una pérdida neta de 28,2 millones de euros, ocho veces más que en el año anterior, pese a que la cifra de ventas creció hasta un récord de 136,1 millones, un 35% más.
Esa pérdida incrementó el patrimonio neto negativo de la sociedad hasta los 142,2 millones. Pese a ello, Portier Eats formula las cuentas bajo el principio de empresa en funcionamiento, debido al apoyo financiero garantizado por su propietario. Este inyectó el pasado mes de octubre 5,5 millones a las reservas de la sociedad para mitigar parte de ese efecto contable. En su auditoría, PWC recuerda que la compañía deberá “adoptar las medidas necesarias de restitución de su patrimonio neto”, y pone de manifiesto la “incertidumbre material” sobre la capacidad de la empresa para continuar como empresa en funcionamiento.
Inspección de Trabajo ha elevado la presión sobre Uber Eats en los últimos tiempos. Tras la regularización de los repartidores de Glovo, esta es el único gran operador de delivery que sigue funcionando con un modelo de repartidores autónomos. Como informó El País, Trabajo activará la vía penal contra la sociedad si durante este enero no contrata a los repartidores.
Según sus últimas cuentas, Portier Eats contaba con una plantilla de 119 asalariados, de los que 71 estaban clasificados como directivos, y otros 48 como personal de ventas. Todos ellos generaron unos costes salariales de 9,6 millones.
Por su parte, el pago a los repartidores representó un coste de casi 23 millones, clasificado como en aprovisionamientos. Esto es, más del doble que sus salarios.
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