La absolución de La Finca por una de las piezas del caso Villarejo adquiere firmeza
La presidenta de la inmobiliaria había encargado espiar a su hermana y a la viuda de su padre
La absolución a la inmobiliaria La Finca por la pieza Land, una de las investigaciones sobre las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo juzgado por la Audiencia Nacional, ha adquirido firmeza. En un comunicado remitido este lunes a la Bolsa BME Growth, la filial cotizada La Finca Global Assets informa que ni la Fiscalía Anticorrupción, ni ninguno de los condenados por las tres primeras piezas de la macrocausa que se juzgaron de forma conjunta ha recurrido ante el Tribunal Supremo la absolución de la mercantil, por lo que ya es firme.
Esta inmobiliaria, anteriormente conocida como Procisa, es un grupo que tiene diversos negocios como el desarrollo de la urbanización de lujo llamado La Finca —en Pozuelo de Alarcón y que acoge a empresarios, celebrities y futbolistas—, y la socimi especializada en el alquiler de oficinas.
La contratación del comisario Villarejo en 2012 y 2013 por parte de Susana García-Cereceda (una de las hijas de Luis García-Cereceda, presidente de Procisa), y dos de sus trabajadores para espiar a su hermana, Yolanda, y a la viuda de su padre, Silvia Gómez Cuétara, se analizó en el primer macrojuicio del caso Villarejo, junto a otras dos piezas separadas (Iron y Pintor), que se celebró entre octubre de 2021 y septiembre de 2022. Este proyecto bautizado como Land por el expolicía consistía en una investigación sobre el perfil patrimonial, financiero y de solvencia de las sociedades familiares, así como en el espionaje a una serie de personas que Susana, presidenta de La Finca, consideraba que podían perjudicar sus derechos hereditarios.
Susana García-Cereceda admitió durante la vista oral que encargó las investigaciones privadas, que el comisario jubilado facturaba a través del Grupo Cenyt, para conocer su posición en el marco de la pugna familiar por la herencia de su padre. Esta confesión le sirvió para que la Fiscalía Anticorrupción aplicara una gran rebaja a su petición de pena inicial, que era de 16 años de cárcel prisión. Así, finalmente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le condenó, en julio de 2023, a nueve meses de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público, tras aplicarle la atenuante de confesión tardía y colaboración en el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, el tribunal absolvió a las tres mercantiles sucesoras de Procisa —La Finca Global Assets S.L., La Finca Somosaguas Golf S.L. y La Finca Real State Management,S.L.—, al entender que fue “utilizada por sus administradores para la comisión de delitos que ninguna relación tenían con su objeto social, ni ningún provecho o beneficio obtenían con ello”. Sobre la posibilidad de si la compañía pudo evitar la comisión de los delitos, lo cual es clave para eximir a una persona jurídica de responsabilidad penal, la Audiencia incidió en que la compañía “no pudo hacer más para evitar que los acusados cometieran tales ilícitos, al ser instrumentalizada por aquellos para la consecución de sus fines, absolutamente ajenos al funcionamiento de la empresa”.
Esta sentencia fue confirmada el pasado mes de septiembre por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que al no haber sido recurrida en última instancia por el ministerio fiscal, ni otros de los condenados, ha adquirido firmeza. En el comunicado, desde La Finca se explica que la sociedad había estado acusada también por el delito de descubrimiento y revelación de secretos, pero al no interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en lo que a la empresa se refiere, la absolución de la sentencia de septiembre de 2025 es firme.
Villarejo, a su vez, fue condenado a 13 años en este primer juicio de las piezas Land, Iron y Pintor, según corrigió la Sala de Apelaciones de la Audiencia el pasado octubre.
