España, en el vagón de cola europeo en la colaboración público-privada
Los expertos apuestan por un reglamento comunitario que armonice el marco jurídico en los estados miembros
España se queda rezagada respecto al resto del continente en materia de colaboración público-privada. En la Unión Europea, los contratos de concesión —aquellos en los que una empresa financia, construye o gestiona un servicio público a cambio de explotar sus ingresos durante un tiempo— representan aproximadamente el 12% del total de la contratación pública. En España, esa proporción apenas alcanza el 5% en términos de valor económico; y, si se mide por número de contratos tramitados, cae al 1,25%.
Los datos han sido revelados por la Cátedra UB CCIES de Derecho de la Regulación de Servicios Públicos (Carsep). En una nota de prensa, el organismo sostiene que “las concesiones se restringen a servicios básicos —agua, transporte, servicios sociales, deporte, cultura— mientras que las grandes infraestructuras han desaparecido prácticamente del mapa".
Desde la Carsep señalan que la Ley 2/2015 de desindexación y el RD 55/2017 limitaron la duración de los contratos y su capacidad de actualizar los precios según la inflación. Esto hace que los proyectos, según ellos, sean menos atractivos económicamente para las empresas. La desvinculación de los contratos a dichas leyes es clave para aumentar la contratación pública, insisten.
Otro factor que ha reducido el uso de concesiones, —y que ellos denominan el “apagón concesional”— es la desaparición de “garantías históricas” como la responsabilidad patrimonial de la Administración, afirman. A su juicio, la inseguridad jurídica sobre conceptos clave como el riesgo operacional, la revisión de precios o la adaptación tecnológica; junto con la falta de claridad y profesionalización en la supervisión y ejecución de los contratos, “aumenta la desconfianza del sector privado”.
Los expertos apuestan por un reglamento europeo, en lugar de nuevas directivas, “para garantizar una armonización real del marco concesional en los estados miembros”. Y en él, “incorporar reglas explícitas sobre renegociación, equilibrio económico-financiero y modificación contractual”.
La cátedra que ha elaborado el análisis surge del convenio entre la Universitat de Barcelona (UB) y la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES).
En la jornada Los contratos de concesión en clave europea: España, Italia y Portugal. Balance y perspectivas, celebrada el pasado 21 de noviembre en Madrid, se hizo hincapié en que la UE ha abierto un proceso de revisión de las directivas de contratación pública de 2014 a petición del Tribunal de Cuentas Europeo. El segundo periodo de consulta finaliza el 26 de enero de 2026.
“España debe aprovechar la revisión de la normativa europea para reconstruir la confianza del sector privado, recuperar el pulso inversor y dotar al país de infraestructuras modernas, sostenibles y competitivas”, afirmaron los ponentes. Entre ellos, se encontraban profesores y catedráticos de universidades españolas, portuguesas e italianas y el director jurídico de agua municipal de Veolia España, Óscar Martínez Guzmán.
