Almaraz: comienza la cuenta atrás para un cierre al que solo se oponen PP y Vox
Los partidos políticos que gobiernan en Extremadura se han movilizado contra la clausura de los dos reactores, en 2027 y 2028, mientras el Gobierno y las propietarias, Iberdrola y Endesa, siguen de perfil
El 1 de mayo de 1981 iniciaba su operación comercial el primer grupo de la central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres, y dos años después, el 8 de octubre de 1983, lo hacía su grupo gemelo. “Durante la construcción se dio empleo a un promedio de 2.500 hombres por año”, señalaba un prospecto publicitario editado en aquellas fechas por las propietarias de la central, a la sazón, Compañía Sevillana de Electricidad, absorbida después por Endesa; Hidroeléctrica Española, que se fusionaría con Iberduero dando lugar a Iberdrola, y Unión Eléctrica, con el correr del tiempo, en manos de Nat...
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El 1 de mayo de 1981 iniciaba su operación comercial el primer grupo de la central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres, y dos años después, el 8 de octubre de 1983, lo hacía su grupo gemelo. “Durante la construcción se dio empleo a un promedio de 2.500 hombres por año”, señalaba un prospecto publicitario editado en aquellas fechas por las propietarias de la central, a la sazón, Compañía Sevillana de Electricidad, absorbida después por Endesa; Hidroeléctrica Española, que se fusionaría con Iberduero dando lugar a Iberdrola, y Unión Eléctrica, con el correr del tiempo, en manos de Naturgy.
La técnica utilizada para estos dos reactores, mucho más avanzada que la de sus predecesoras (Vandellós I; José Cabrera -Zorita- y Santa María de Garoña), “ha sido la de agua ligera a presión (PWR) y en su fabricación la aportación española ha sido del 65%”, indicaba el citado folleto que loaba las ventajas de la nuclear y enmarcaba a Almaraz en el apogeo de esta energía en Europa. Con una potencia por reactor de casi 1.050 MW, en la planta, proyectada durante la dictadura franquista, como todo el parque atómico español, se invirtieron 400.000 millones de pesetas (unos 2.500 millones de euros), inversión ampliamente amortizada 44 años después. El año pasado generó 7.590 GWh.
Se dio la circunstancia de que el mismo año en que se inauguraba el segundo grupo de la central cacereña, el Gobierno socialista de Felipe González decretó una moratoria que afectó a siete plantas en proyecto: a los dos reactores de Lemóniz (Vizcaya); los dos de Valdecaballeros (Badajoz) y Trillo II (Guadalajara). El apagón nuclear se justificó en que había que adecuar la construcción de nuevas centrales a una demanda hundida tras la crisis del petróleo de los años 70. De hecho, el parque español (se proyectaron hasta 25 centrales y solo llegó a funcionar una decena) se inició en paralelo a dicha crisis.
Además, los costes financieros de unas plantas cuya construcción duraba años (la primera piedra de Almaraz se colocó en 1973), se habían disparado colocando a algunas de sus promotoras al borde de la quiebra. La moratoria nuclear fue un rescate financiero en toda regla que costó a los consumidores 5.718 millones de euros (las inversiones que se reconocieron a las afectadas) que pagaron en un recargo en la factura de la luz entre 1996 y 2015. De aquel proceso se derivó un intercambio de activos entre las compañías, para salvación de algunas, además de fusiones y adquisiciones que configuraron un nuevo mapa eléctrico. Así surgió el accionariado de Almaraz, que comparten desde entonces Iberdrola (con un 53%); Endesa (con el 36%) y Naturgy (el 11%).
A raíz del grave accidente de Chernobil de 1986, en la Ucrania soviética, Europa se enfrentó a una ola antinuclear, que se saldó con el cierre casi inmediato de las dos únicas centrales italianas y, años más tarde, con el apagón de Alemania. El parque español, con inversiones ya congeladas, aguantó el tipo y, tras ser obligadas las propietarias a asumir en 2005 el coste de la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento con una tasa destinada al fondo de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), ha mantenido en estos años su función de energía firme. El fondo se había creado una década antes, pero hasta 2005 lo sufragaron los usuarios.
Según datos del Foro Nuclear, las centrales atómicas generaron el año pasado 52.055 GWh, casi el 20% del total, a pesar de que su potencia, que apenas alcanza ya el 5,44%, ha perdido peso tras ser arrinconadas por los ciclos combinados de gas natural y las renovables, dado que hace décadas que no se instala un solo megavatio nuclear en España.
¿Cierre irreversible?
Tras 44 años de funcionamiento, Almaraz podría llegar en unos meses a un punto de no retorno en aplicación del protocolo firmado en 2018 entre las propietarias y Enresa, empresa dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, para el cierre ordenado del parque hasta 2035. Por antigüedad, y según el calendario, las dos unidades de Almaraz serían las primeros en echar el cierre: la primera el 1 de noviembre de 2027 y la segunda el 31 de octubre de 2028.
La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, insiste en que nada impide a las eléctricas solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) su prórroga pues el protocolo firmado en 2018 no es vinculante. Pero deberían hacerlo, al menos, un año antes de la fecha de cierre, que figura en una orden ministerial, “no por decisión del Gobierno, sino de las propias empresas”, aclaran fuentes políticas.
Las empresas, por su parte, se escudan en que las cargas fiscales que soportan no las hacen rentables, “aunque nunca han puesto encima de la mesa una auditoría que así lo demuestre”, critica un experto. Según datos a los que ha tenido acceso CincoDías, Almaraz paga en impuestos 27,92 euros/MWh, de los cuales, 11,02 euros/MWh corresponden a la tasa Enresa (ver gráfico).
En España se han cerrado hasta ahora tres centrales nucleares, en muy distintas circunstancias: en 1989, la de Vandellós I, de Endesa, tras un grave incendio a escasos años de su puesta en marcha (los residuos se custodian en el cementerio nuclear francés de La Hague, con un coste elevado para España); la de Zorita, de la antigua Unión Fenosa, el único cierre pacífico, que pasó sin pena ni gloria, y la de Santa María de Garoña, que se convirtió en un culebrón que duró casi una década.
También propiedad de Iberdrola y Endesa, hay quien teme que estas puedan reproducir en Almaraz “el bochornoso proceso de cierre de la central burgalesa”. Pero, aunque las compañías desean claramente la ampliación de la vida de unas plantas ampliamente amortizadas ponen como condición una rebaja de las cargas fiscales. ¿Pero a quién imponen esta condición si el Gobierno sigue siendo partidario del cierre? El papel de adalid de Almaraz, que contrasta con la pasividad de la principal accionista, Iberdrola, lo están jugando el PP y Vox, que gobiernan en Extremadura, y se han sumado a las plataformas ciudadanas opuestas al cierre.
Precisamente, el Grupo Popular presentará el próximo martes en el Congreso una proposición no de ley para solicitar, entre otros, una ampliación de la vida útil de las centrales nucleares y que se facilite su sostenibilidad económica. Por su parte, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en una carta dirigida hace unos días al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a este la nacionalización del parque nuclear.
Pero el que ha metido el dedo en el ojo ha sido Vox que, con una vicepresidencia en el gobierno regional, ha reclamado la reducción del 50% de la tasa Enresa y de la propia ecotasa que Extremadura cobra a Almaraz: 85 millones de euros al año, que perdería, en cualquier caso, si se clausura la instalación. Los populares centran su petición en una rebaja de la tasa de los residuos, pero nada dicen de sacrificar el impuesto ambiental extremeño.
A diferencia de Almaraz, en el caso de Garoña las compañías se enfrentaron a un Gobierno, el de Mariano Rajoy, totalmente pronuclear. Pero, paradójicamente, fue este el que creó el último y polémico gravamen a las nucleares, el del combustible gastado, que llevó a Iberdrola y Endesa al cierre unilateral de Garoña, lo que les valió una multa de 18 millones de euros de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE). La diferencia entre las tres centrales en vías de desmantelamiento y Almaraz, es. además de su arcaica tecnología, su escasa potencia (Garoña, 466 MW y Zorita, apenas 150 MW) frente a los casi 2.100 MW de Almaraz, un complejo a apenas 200 kilómetros de Madrid.
Por precio y seguridad
De momento, ni empresas ni ministerio han dado paso alguno. Pero las partes se enfrentan cada vez más a voces (incluso nada pronucleares) que consideran que una vez amortizadas (“las hemos pagado con creces todos los españoles”, señala una de ellas), la vida de las centrales debería ser prorrogada, siempre de acuerdo con las condiciones de seguridad del CSN.
Los argumentos de esta defensa es que, en tanto no se garanticen los plazos para lograr los objetivos del Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) relativos a la instalación de bombeo, baterías y renovables (la potencia prevista podría ralentizarse) “es muy arriesgado cerrar las centrales nucleares”. En momentos de estrés del sistema (como la escasez de renovables y picos de demanda en días de invierno) se agravan cuando, por paradas programadas o de otro tipo, quedan fuera de juego una o dos centrales, lo que encarece el precio de la luz (por la entrada de generación con gas) y obligando, como en diciembre, a interrumpir el suministro a la industria. Valga el caso de la dana que afectó especialmente a la provincia de Valencia, y que gracias a que la central nuclear de Cofrentes se mantuvo operativa se evitó el blackout en toda la región.
Además, recuerdan los defensores de la prórroga, si España prescinde de sus nucleares en el medio plazo sin haber resuelto el problema del almacenamiento de energía, se vería obligada a comprar la energía nuclear de Francia.
Una opción, en su día encima de la mesa, en línea precisamente, con los contratos franceses, es sacar a las centrales del mercado y garantizarles un precio regulado que cubriría todos sus costes, variables y fijos, incluidos los gravámenes. El consenso es que este precio rondaría los 55 euros/MWh.
No contra la tasa Enresa, sino contra tributos arbitarios
Dado que Iberdrola tiene la mayoría del capital de Almaraz, con un 53%, fuentes del sector consideran que debe ser la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, la que dé el primer paso para una posible negociación con Transición Ecológica. Aunque Endesa, que controla Vandellós II y Ascó, considere que esta no es su guerra, lo que ocurra con la central cacereña afectará al resto del calendario.
Ambas empresas han recurrido en los tribunales el Plan Nacional de Residuos Radiactivos y se preparan para hacer lo propio contra la subida de la tasa Enresa, que se encareció tras el fracaso para construir un Almacén Centralizado de Residuos (ATC) radiactivos. Pese a la resistencia de las empresas a la elevada fiscalidad de las centrales, fuentes del sector aseguran que no rechazan tanto la tasa Enresa (que entienden que deben pagar, aunque con un cálculo adecuado) como los impuestos “arbitrarios” ajenos a la nuclear.