La jueza echa para atrás el escrito de acusación de Florentino Pérez en el caso Villarejo
La magistrada de la Audiencia Nacional cuestiona que el presidente de ACS planteara su petición de condena dos veces, pese a que lo solicitó el juzgado
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha echado atrás el escrito de acusación que Florentino Pérez presentó a finales de noviembre en el caso Villarejo, en el marco de los trabajos de espionaje que realizó para Iberdrola. La magistrada, que sustituye al juez que ha dirigido la investigación de la macrocausa tras su jubilación, ha inadmitido la petición de penas de prisión que el presidente de ACS planteó contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al ex jefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, al considerar que se ha presentado por duplicado y variando algunos de sus términos.
Según explica la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 en una providencia dictada el 10 de diciembre, a la que ha tenido acceso CincoDías, la defensa de Pérez presentó el pasado 28 de noviembre un escrito de acusación cuyo contenido “difiere sustancialmente del ya presentado” el 17 de mayo. En este sentido, la jueza ordena que se devuelva el último escrito registrado en la Audiencia Nacional porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) no permite plantear modificaciones de la acusación inicial antes de la celebración del juicio: “La acusación que lo hubiere presentado no podrá variar los términos de la misma más que en el trámite previsto en el desarrollo del juicio oral, una vez finalizada la prueba y con los límites y condiciones establecidos en el artículo 788.3,4 y 5 de la referida Ley Procesal Penal”, concluye.
Fuentes de la defensa de Florentino Pérez aseguran que la presentación de ambos escritos se debe a que el juez instructor del caso Villarejo solicitó dos veces a las acusaciones que formularan sus peticiones. La primera vez fue el pasado mes de abril cuando el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, concluyó la investigación de la denominada pieza 17 de la macrocausa sobre la decena de encargos que la eléctrica, a través de su exjefe de seguridad Antonio Asenjo, hizo al comisario jubilado entre 2004 y 2014 por el importe de 1,4 millones de euros y propuso juzgar a Asenjo, Villarejo y su socio.
La segunda vez fue a través de una providencia dictada el pasado 12 de noviembre, ya con la sustitución de María Tardón en marcha, después de que la Sala de lo Penal rechazara el recurso de apelación de Asenjo y, por tanto, confirmara la decisión del instructor de llevar a juicio a los tres encausados por los delitos de cohecho pasivo y activo, revelación de secretos y falsedad documental.
Sobre las modificaciones en el texto de la acusación, fuentes de la defensa del máximo responsable de ACS indican que son “mínimas” y que se ciñeron a actualizar los términos jurídicos conforme a los criterios marcados por la Audiencia Nacional sobre el delito de cohecho. En mayo, la Sala de Apelaciones anuló la primera sentencia que se dictó contra Villarejo por las tres primeras líneas de investigación que se juzgaron al entender que no se había tenido en cuenta todas las pruebas. Asimismo, aunque no entró a valorar si en este caso concreto se cometió el delito de cohecho, sí hizo apuntes sobre la jurisprudencia existente al respecto. Unos meses después, en octubre, el tribunal que celebró este primer juicio rehízo su sentencia y confirmó los 19 años de cárcel impuesto al expolicía y mantuvo la absolución por dicho ilícito.
Florentino Pérez, personado en esta causa como perjudicado de los espionajes de Villarejo por petición de Iberdrola, solicita 11 años de prisión al ex comisario José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y Antonio Asenjo. También pide que la eléctrica sea considerada responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por Asenjo, tal y como acordó el juez instructor en el auto por el que dio por finalizada la investigación.
El empresario asegura en su escrito que las pesquisas han acreditado que Asenjo, a través de Villarejo, obtuvo “información sensible, privada y personal de aquellas personas que, según su consideración, pudiesen suponer algún tipo de estorbo para los negocios de Iberdrola o para los intereses de sus dirigentes, muy significadamente su presidente, Ignacio Sánchez Galán” y que Iberdrola abonó “cantidades millonarias por tales servicios ilícitos”, que define como de maniobras “espoleadas” desde la empresa.
Sobre su espionaje, Pérez apunta que fue consecuencia del “legítimo intento de ACS de tener representación en el consejo de administración de Iberdrola y del miedo a los cambios que ello pudiese haber provocado en la dirección de la eléctrica”.