Transportes prepara la vuelta a manos públicas de tres autopistas y diez tramos de autovías
El ministerio confirma su plan para tomar la gestión de la AP-6, AP-61 y AP-51 en 2029, y prevé recuperar más de 1.000 kilómetros de autovías de primera generación en 2026
El Ministerio de Transportes avanza en su plan para recuperar la gestión de las distintas autopistas de peaje repartidas por el país una vez que finalizan los contratos de explotación. La última novedad, adelantada ayer por EL PAÍS/Cinco Días, es la decisión de asumir la AP-6, AP-61 y AP-51 a la expiración de sus concesiones en noviembre de 2029. A estas carreteras de pago va a añadir, según es su intención en estos momentos, las conocidas como autovías de primera generación, sometidas al modelo de peaje en sombra.
Se trata de diez tramos de la A-1, A-2, A3, A-31 y A-4. Estas fueron construidas a principios de los años ochenta, en el marco del primer Plan General de Carreteras, a través del desdoblamiento de antiguas nacionales. Unos 25 años después, estas arterias principales de la red precisaron profundas remodelaciones que fueron confiadas a manos privadas a finales de 2007 a cambio de 19 años de explotación.
El plazo de concesión de estos 1.000 kilómetros de autovías de primera generación vence en diciembre de 2026, con Sacyr, Acciona, Iridium (ACS), FCC, distintos fondos y constructoras no cotizadas entre sus operadoras. Los conductores no realizan un pago explícito al transitar por ellas, pero las compañías cobran al Estado un canon mensual en función del volumen de tráfico y del estado del firme, cunetas, señalización, niveles de congestión, etcétera. La factura para la Administración central, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ronda los 300 millones al año.
Tras algún acercamiento a las operadoras antes del verano, en los que se insinuó la posibilidad de que los contratos no fueran ni relicitados ni prorrogados, altos cargos de Transportes afirman que la decisión es pasar al tradicional contrato de conservación para esos tramos, que serían atendidos de forma directa por la Dirección General de Carreteras.
Escapará de la reversión en 2026 la autovía de la Plata (A-66) en el segmento entre Benavente y Zamora, que opera Ferrovial y cuyo último día de operación privada alcanza hasta 2047.
Activos de Abertis
La última hora en la Dirección General de Carreteras es que se están dando los primeros pasos para facilitar el cambio de manos de tres activos bajo gestión de Abertis hasta noviembre de 2029. Son la AP-6, que va de Collado Villalba (Madrid) hasta Adanero (Ávila) cruzando los túneles de Guadarrama; la AP-51, que enlaza la localidad segoviana de Villacastín con la ciudad de Ávila, y la AP-61, que discurre entre San Rafael, también en tierras segovianas, hasta las puertas de Segovia.
Estas autopistas, agrupadas en la concesionaria Castellana, soportaron el año pasado una intensidad media de 17.738 vehículos diarios, con un incremento del 4% respecto al tráfico de 2022.
Con la intención de suprimir la tarificación en estas vías estratégicas para la conexión de Madrid, Ávila y Segovia, el primer movimiento ha sido contratar un estudio, por cerca de un millón de euros, en busca de definir las actuaciones precisas para la adaptación de esas autopistas, y otras carreteras de su entorno, al uso sin pago explícito. Sobre el futuro de esas infraestructuras se espera que asuman un importante incremento de tráfico en cuanto decaigan las tarifas, captando usuarios de vías libres de peaje como la N-6, N-603 y la N-110.
Lo que no está sobre la mesa del actual Ejecutivo es relicitar esas carreteras, pese a que podría haber hecho caja con ello a cambio de mantener los peajes, ni ampliar el plazo de explotación a Abertis en compensación de nuevas de obras de mejora. De hecho, en Transportes son conscientes de que la AP-6, AP-61 y AP-51 precisarán inversión para remodelar sus enlaces, habilitar nuevas entradas y salidas, construir carriles adicionales, ampliar estaciones de servicio y poner en servicio nuevos aparcamientos de vialidad invernal en una zona que suele verse afectada por fuertes nevadas. Pese a que la intención actual es que las tres vías acaben bajo gestión pública, la culminación del proceso dependerá de un próximo Gobierno.
Si se cumple el escenario previsto, los tres activos de Abertis se sumarán a otras autopistas liberadas de peajes desde 2018, según han ido concluyendo los contratos de explotación. Es el caso de la AP-1 Burgos-Armiñón; AP-4 Sevilla-Cádiz; la AP-7 en su tramo entre Alicante , Valencia y Tarragona; el trazado Tarragona-Barcelona de la misma P-7, y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. Salvo en el primer caso, en que la concesión expiró en manos de Itínere, el resto de carreteras eran gestionadas por Abertis, que ha ido perdiendo peso en España tras ser durante años la principal operadora.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha reducido en más de 1.000 kilómetros la red de carreteras de pago en España, conformada por más de 3.000 kilómetros hace solo siete años. Antes de la reversión de concesionarias como Europistas, Aumar y Acesa, un 20% de la red de carreteras de alta capacidad, de 16.700 kilómetros, estaba tarificado.
En la cesta de carreteras bajo titularidad del Estado hay 12 autopistas de gestión privada, además de las nueve que opera la sociedad pública Seitt procedentes de concesionarias rescatadas durante la crisis financiera y que mantienen las barreras. Las principales operadoras sobre el mapa español son Itínere y Abertis.
Transportes está eludiendo ejecutar la vuelta anticipada de las concesiones para evitar el pago de compensaciones, pero sí rechaza ampliarlas a su término. La intención es homogeneizar, en lo posible, un solo modelo de gestión y uso en todo el país, evitando que haya zonas en las que se cobran peajes y otras totalmente liberadas de ellos. Vista la factura de más de 1.000 millones anuales en conservación, todo apunta a que acabará abriéndose el debate político sobre el posterior pago por uso en las autovías a través de peajes blandos.