La CNMC decidirá a mediados de noviembre si amplía el análisis de la opa del BBVA al Banco Sabadell
El proceso podría alargarse hasta la primavera si el supervisor decide llevarlo a fase 2 e implicaría un pronunciamiento del Gobierno a posteriori
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ultima los trabajos de primera fase en la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. Fuentes del organismo que preside Cani Fernández indican que tomarán a mediados de noviembre una decisión sobre si autorizar ya la transacción, validando los compromisos presentados por el BBVA, o extender el análisis a una segunda fase, mucho más estricta, que se puede extender hasta verano.
La CNMC deberá decidir si acepta las concesiones presentados por el BBVA y da luz verde a la transacción o si considera que puede haber un potencial daño de competencia y, por tanto, prolonga el análisis en una segunda fase. Esto supone que la CNMC deba escuchar a todas las partes implicadas (competidores, asociaciones empresariales, de clientes, partidos políticos...) antes de emitir un dictamen. Y después, las condiciones que imponga, deberán ser avaladas por el Consejo de Ministros, que las puede ampliar. Todo este proceso prolongará la decisión, al menos, hasta verano.
Además, está también el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este regulador deberá decidir si dar su visto bueno a la transacción antes de que se pronuncie la CNMC, algo que puede ocurrir con la ley en la mano. Una vez esta institución dé el sí a la transacción, se abrirá un plazo de entre 15 y 70 días en el cual los accionistas del banco deban pronunciarse sobre si acudir o no a la oferta.
Aunque la ley prevé un plazo de un mes para esta primera etapa, lo cierto es que los trabajos de la CNMC se extienden desde el mes de mayo, hace cinco meses. Lo sensible de la transacción y el carácter hostil de la misma han dilatado la decisión de este organismo. La presidenta, Cani Fernández, lo justificó el mes pasado en el Congreso de los Diputados por el hecho de que el banco opado apura al máximo los plazos dados para presentar la documentación sobre la oferta, así como a los problemas por comparar la información presentada.
En esta primera fase, el BBVA debía remitir a la CNMC su propuesta de compromisos en materia de competencia, cosa que ya ha efectuado. Para su elaboración, el banco ha planteado una propuesta basada en la de la fusión entre CaixaBank y Bankia de 2020. Mantiene muchos de los puntos a los que se comprometió la entidad que pilota Gonzalo Gortázar. Esta entidad planteaba cuestiones como el mantenimiento de las cuentas básicas —que la ley ya obliga a que ofrezcan los bancos—, comunicar todos los cambios a los clientes durante los 18 meses siguientes a la transacción, así como mantener durante al menos tres años la presencia física en aquellos municipios donde la entidad fusionada no tenga competencia.
El análisis de hace cuatro años se basó en los códigos postales, en aquellos en los que solo estaban presentes CaixaBank y Bankia, unos 86. En ellos el banco resultante se comprometía a mantener las condiciones comerciales durante al menos tres años y no cobrar a los clientes de Bankia por las operaciones en ventanilla. En el caso del BBVA y el Sabadell los códigos postales afectados se reducirían a la mitad, 41. En algunos de estos aspectos el BBVA plantea unos compromisos incluso más duros que los de CaixaBank.
En este punto, la CNMC deberá decidir si acepta los compromisos presentados por el BBVA y da luz verde a la transacción. O si considera que puede haber un potencial daño de competencia y, por tanto, prolonga el análisis en una segunda fase. Esto supone que la CNMC deba escuchar a todas las partes implicadas (competidores, asociaciones empresariales, de clientes, partidos políticos...) antes de emitir un dictamen. Y después, las condiciones que imponga, deberán ser avaladas por el Consejo de Ministros, que las puede ampliar. Todo este proceso prolongará la decisión, al menos, hasta verano.
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