El pulso del PNV por el impuesto a energéticas y banca abre paso al ‘dumping’ fiscal en el Ibex
La gestión del tributo por los nacionalistas, y la fijación de deducciones propias, daría ventajas a compañías como BBVA, en plena opa hostil al Sabadell
El pulso planteado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para controlar el gravamen extraordinario a la banca y las energéticas esconde importantes efectos colaterales. Fuentes empresariales al corriente de las negociaciones aseguran que si el PNV saca adelante su propuesta y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, accede a trasferir el tributo, se abriría la veda para que el Ejecutivo vasco introdujera deducciones propias a las empresas con sede en la región y consagrara una diferente presión fiscal para las firmas del Ibex. Una suerte de dumping tributario que preocupa a las compañías no radicadas en Euskadi y que beneficiaría a firmas como Iberdrola, en el terreno de la energía, o BBVA, en el financiero.
Andoni Ortuzar, presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), el consejo nacional del PNV, ha sido claro. Aseguraba este martes, en una entrevista con TVE, que el voto favorable de su formación a la prórroga de las tasas precisaba del cumplimiento de determinadas condiciones. “Ahora no son impuestos, ahora son unos gravámenes bastante irregulares. Nosotros, de entrar a valorar esa medida, sería que se hiciera impuesto y, si se hace impuesto, se tiene que concertar con el País Vasco, que luego tendría capacidad para organizarse y para articularlo de acuerdo con nuestra realidad fiscal y nuestra realidad industrial”, exponía sin ambages.
La contundencia de las declaraciones ha engordado el problema que ya suponía el diseño mismo del tributo sobre el que trabaja en el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, un movimiento de esta índole podría distorsionar transacciones empresariales en marcha. La oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el BBVA sobre Sabadell correría el riesgo de verse afectada, en tanto podría conceder ventajas fiscales a la empresa opante sobre la opada. Fuentes del mercado y de ambos bancos señalan que la posibilidad de que la opa, que se ha lanzado sin acuerdo y es hostil al consejo de la entidad vallesana, salga adelante o no depende de detalles y que las fuerzas están muy igualadas.
Del mismo modo que corporaciones con peso en el Ibex -y otras firmas industriales de tamaño medio pero mucho arraigo social- tienen históricamente su sede en el País Vasco, las compañías energéticas y financieras tradicionalmente ligadas a Cataluña abandonaron la comunidad autónoma tras los acontecimientos de octubre de 2017 a resultas de la situación de inseguridad jurídica provocada por el proceso independentista catalán. Naturgy mantiene actualmente su sede social en Madrid; CaixaBank en Valencia, y Sabadell, en Alicante, por citar las de mayor capitalización. El interés de difuminar el impuesto es común a todas ellas, pero dependerían de administraciones públicas de diferente signo.
Pinza PNV-Repsol
La posición del PNV coincide con la ofensiva de Repsol en esta materia, en lo que supone toda una pinza para las pretensiones del Ejecutivo. La conexión vasca de la firma que preside Antonio Brufau, con Petronor como filial, es evidente. El consejero delegado de petrolera, Josu Jon Imaz, publicaba ayer un artículo en La Vanguardia en el que advertía que el “populismo fiscal” compromete el futuro del país. “Miles de de millones de euros se desviarán a otros países. Es posible que, ante la dificultad de descarbonizarse, el sector del refino español vaya teniendo dificultades para mantenerse antes de que acabe esta década”, expresaba, alertando de que la inversión en el sector energético español “se ralentizará al mínimo”.
La advertencia no se quedaba en el papel. En paralelo, Repsol deslizaba su intención de mantener congeladas dos grandes inversiones en Tarragona, por valor de 1.100 millones de euros, si el impuesto acaba siendo definitivo. La jugada no solo aterriza el problema y presiona al legislador, sino que extiende el problema a Cataluña y obliga a un auténtico ejercicio de funambulismo a Moncloa, presionada en Madrid por Sumar para mantener el impuesto y obligada con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a no dar por perdidas esas inversiones. Junts, por su parte, ya ha dejado claro que no apoyará la vigencia de un tributo que las paralice.