Yolanda Díaz ofrece mediar en Navantia si fracasa la negociación para el nuevo convenio
El Ministerio de Trabajo responde al BNG que si acaba dándose una situación de conflicto, y lo solicitan las partes, puede intervenir en un convenio que lleva prorrogado desde hace tres años
La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, muestra su disposición a intervenir si fuera necesario en las negociaciones entre la dirección de Navantia y sus sindicatos, que llevan siete meses en conversaciones para la firma de un nuevo convenio colectivo. El actual marco de relaciones laborales que aplica a sus 4.600 trabajadores lleva prorrogado desde 2021, año en que concluía la vigencia del anterior.
El comité intercentros y la dirección de la empresa pública reabrieron el procedimiento de negociación en febrero de este año, pero aún no se ha logrado un acuerdo definitivo. En este periodo, se han producido protestas, manifestaciones, bloqueos y parones en Ferrol, Cartagena, San Fernando o Madrid, donde se encuentran los centros productivos de la compañía propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda.
Fuentes próximas a la empresa y responsables sindicales aseguran a este diario que la tensión de los últimos meses se ha reducido y ambas partes esperan que próximamente se pueda anunciar un acuerdo. Pero las alarmas ya han saltado a nivel político ante las complicaciones sociales que se pudieran generar en los territorios donde opera la firma industrial si no hay fumata blanca. Además, ni sindicatos ni empresa dan por hecho que el acuerdo esté asegurado.
En el contexto de protestas, el diputado del Bloque Nacionalista Gallego, Nestor Rego, trasladó por escrito sus preocupaciones al Ejecutivo, que ha respondido en los últimos días sobre esta cuestión. Desde el Ministerio de Trabajo explican a Rego que el Gobierno no participa en la negociación de los convenios colectivos, ya que esta tarea corresponde a la dirección de la empresa liderada por Ricardo Domínguez y a los distintos representantes sindicales. En el comité de empresa han elevado su influencia las secciones próximas al nacionalismo gallego más reivindicativo, afirman fuentes conocedoras de la situación.
No obstante, el departamento liderado por la vicepresidenta segunda ha querido recordar que podría intervenir en el proceso de negociación en caso de que esas negociaciones fracasaran, se produjera un claro supuesto de conflicto y lo solicitaran las partes.
Fuentes conocedoras de la negociación señalan que los representantes de los trabajadores quieren que el nuevo convenio colectivo sea acorde al prometedor futuro que vaticina la empresa. A finales de 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que la construcción de fragatas para la Armada, enmarcado en el programa F-110, generaría hasta 9.000 empleos hasta 2032. A estos habría que añadir otros más de 1.000 para la futura Fábrica Digital de Bloques de Ferrol.
Encima de la mesa hay otros pedidos de buques. La principal incógnita está en saber si Arabia Saudí encargará otros cinco buques militares como prometió. La firma también cuenta con la diversificación a otras actividades, donde destaca el impulso que le está dando a la construcción de componentes de eólica marina.
A la homogeneización de condiciones entre los diferentes centros, se suma la transformación de perfiles dentro de la empresa. Fuentes sindicales destacan que la actual Navantia tiene un componente tecnológico, digital e innovador que hace que los perfiles profesionales hayan cambiado mucho y eso debería recogerse adecuadamente en el convenio.
El futuro de Navantia ha sido una cuestión a la que ha mostrado especial atención Yolanda Díaz, nacida en los astilleros de Fene (A Coruña) en los que opera la antigua Bazán, donde su padre fue un histórico líder sindical. “El Gobierno de España es conocedor de la importancia que tiene la empresa Navantia, tanto en Ferrol como en otras zonas donde radican sus centros de trabajo, como, por ejemplo, en la Bahía de Cádiz”, subraya el Ejecutivo.
Fuentes del Ministerio de Trabajo además destacan que esta compañía pública ocupa un apartado específico en su propuesta de Presupuestos para 2025 que ha presentado Sumar. Entre las prioridades incluidas en este documento, se incluye la de “garantizar la actividad en todos los centros de trabajo de Navantia”.
Pero desde el Gobierno recuerdan al BNG que el convenio de Navantia debe “ajustarse a la normativa que es de aplicación a las empresas públicas”. Y advierten de que la transformación que está llevando a cabo la firma tiene por objetivo “el aumento de la productividad y la competitividad y, a partir de esto, asegurar la estabilidad en el futuro”.
Pese al crecimiento de su cartera de pedidos del 11% (8.124 millones de euros), Navantia da pérdidas millonarias año tras año. La empresa pública elevó sus números rojos un 26% en 2023, hasta los 121,85 millones, pese a que su cifra de negocio aumentó un 7%.
Sin embargo, los ingresos futuros previstos no están asegurados. La quiebra de la naviera británica Harland & Wolff, conocida por ser la propietaria del astillero que construyó el Titanic, amenaza un contrato de 1.900 millones de euros con al empresa española. Y esta misma semana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado su preocupación en Cartagena por los nuevos retrasos en los submarinos S-80 para la Armada.
