Un total de 265 constructoras se quedan fuera de la obra pública ante los requisitos de solvencia de la Administración
La patronal CNC urge una reforma del sistema de clasificación de las empresas en favor de la competencia
Decenas de concursos de obra impugnados, y todo un rosario de empresas con dificultades o incluso la imposibilidad de ofertar, han hecho que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) reclame una reforma de la contratación pública, especialmente en lo que toca al sistema de clasificación de las compañías para trabajar con el sector público. Se trata de los requisitos que deben cumplir las constructoras a ojos de la Administración para tener acceso a las licitaciones, entre los que la patronal ve como principal barrera la exigencia “a ultranza” de medios personales y materiales a dispos...
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Decenas de concursos de obra impugnados, y todo un rosario de empresas con dificultades o incluso la imposibilidad de ofertar, han hecho que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) reclame una reforma de la contratación pública, especialmente en lo que toca al sistema de clasificación de las compañías para trabajar con el sector público. Se trata de los requisitos que deben cumplir las constructoras a ojos de la Administración para tener acceso a las licitaciones, entre los que la patronal ve como principal barrera la exigencia “a ultranza” de medios personales y materiales a disposición de cada proyecto.
Según cifras que maneja el colectivo que agrupa a asociaciones de la construcción y sectores afines, como Seopan, Anci, Andimac, Acex o Cepco, hasta 265 constructoras han sido excluidas entre mayo de 2023 y el mismo mes de 2024 al no haber conseguido la citada clasificación. En ese periodo fueron denegadas directamente 84 solicitudes; 79 resultaron revocadas por cuestiones de solvencia económica y financiera, y 102 empresas no pudieron justificar los medios técnicos y profesionales necesarios. Es decir, la mayoría tenían experiencia en proyectos de obra pública, incluso holgura económica, pero el hecho de no tener maquinaria en propiedad puede haberles impedido entrar en concursos.
Además de quejarse por un sistema que considera demasiado rígido, la CNC alerta de “continuos errores” en la exigencia de clasificaciones “incoherentes con la naturaleza de las obras licitadas”. La patronal que preside Pedro Fernández Alén defiende, por tanto, el diseño de un nuevo sistema de clasificación “que no atente contra la competencia entre constructoras en el acceso a las obras”, explican fuentes internas. Los problemas, aseguran, alcanzan tanto a pymes como a grandes corporaciones.
La petición remitida a la Junta Consultiva de Contratación del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda, es que rebaje o elimine exigencias. En concreto, se aboga por volver al texto normativo anterior a 2015, en el que se primaba la prueba de experiencia, y no casi en exclusividad la existencia de los medios, para dar por probada la capacidad de una empresa para acometer una obra. Solo de este modo se reforzaría, a juicio de las asociaciones de la construcción, la ejecución presupuestaria o de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Al respecto, no pocos en la Administración ven cualquier cambio como un posible coladero de empresas poco solventes. La Junta Consultiva de Contratación, de la que depende el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, tiene potestad para adoptar las normas o medidas que crea oportunas para mejorar el sistema de contratación en los terrenos administrativo, técnico y económico. También puede lanzar recomendaciones a los órganos de contratación una vez que queda acreditado que son beneficiosas para la Administración, y vela por el cumplimiento de las Directivas comunitarias sobre contratación pública. En su reclamación, la CNC subraya que la Ley de Contratos del Sector Público y la Directiva de Contratos de 2014 otorgan el referido mayor protagonismo a la experiencia y no tanto al personal y a la maquinaria en manos de las empresas.
El caso más sonado que acabó en enfrentamiento entre el Ministerio de Transportes y la patronal fue el del proyecto para la integración del ferrocarril en el núcleo urbano de Montcada i Reixac (Barcelona), el año pasado. Este proyecto, uno de los de mayor calado en ejecución en estos momentos por parte de Adif, motor de la inversión pública, sufrió una primera impugnación de las constructoras, a través de la CNC, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). El fallo dio la razón al frente empresarial y vio injustificado el mandato de tener adscritos a la obra los medios materiales necesarios para su ejecución durante los seis años de plazo previsto, algo que la CNC veía desproporcionado.
Periodo de análisis
Otra de las urgencias que ha trasladado la CNC al Gobierno es que se permita a las constructoras ampliar el histórico evaluable, en términos de experiencia, para obtener la clasificación de contratista. La Directiva de Contratación permite hasta diez años de validez para los proyectos realizados como garantía de capacidad, frente a los cinco años que prevé la normativa española. Un plazo este último que a numerosas compañías se les queda corto al mediar la caída de actividad que motivó el estallido de la pandemia y la posterior crisis económica.
En este caso, la Ley de Contratos del Sector Público ya ha sido modificada para que la excepción al plazo de cinco años pueda tener cabida, lo que está pendiente desde hace meses de una Orden Ministerial que debe firmar Hacienda.
Otras barreras a juicio de las compañías son la limitación del número de certificados de obra admitidos, la burocracia que rodea a la obra ejecutada en el exterior, y las propias dificultades que plantean algunos ayuntamientos para expedirlos. A todo ello se suman errores administrativos, que ha obligado a recurrir pliegos, al pedirse a las contratistas requisitos de clasificación incorrectos.
Los cambios normativos sugeridos por la CNC buscan la creación de un nuevo marco de clasificación y el control de la legalidad de las exigencias expresadas en los proyectos y pliegos de los concursos. En la patronal dicen ser conscientes de que la situación actual, en la que se están impugnando muchos de los requisitos de clasificación, amenaza con retrasar el arranque de obras y la propia actividad del sector.
Estas reivindicaciones se suman a otras recurrentes como la recuperación de la revisión de precios obligatoria; un mayor peso de los proyectos de ingeniería para evitar desviaciones en la ejecución de las obras, o la licitación de contratos a precios actualizados de mano de obra y materiales.