Vueling y Volotea se aferran a sus políticas verdes ante las sospechas de la CE sobre ‘ecopostureo’
Las dos ‘low cost’ españolas están entre las 20 aerolíneas advertidas por Bruselas por emitir mensajes sobre sostenibilidad sin suficiente base científica
Dos de las mayores aerolíneas españolas, Vueling y Volotea, se aferran a sus políticas ambientales pese a tener encima el foco de la Comisión Europea (CE), como otras 18 compañías de Estados miembro, por posibles prácticas para presentarse más sostenibles de lo que realmente son, lo que se conoce como ecopostureo o greenwashing.
Todas ellas preparan la defensa de su mensaje verde, convertido en centro de la estrategia ante clie...
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Dos de las mayores aerolíneas españolas, Vueling y Volotea, se aferran a sus políticas ambientales pese a tener encima el foco de la Comisión Europea (CE), como otras 18 compañías de Estados miembro, por posibles prácticas para presentarse más sostenibles de lo que realmente son, lo que se conoce como ecopostureo o greenwashing.
Todas ellas preparan la defensa de su mensaje verde, convertido en centro de la estrategia ante clientes e inversores, tras recibir el 30 de abril una carta de la Comisión basada en una denuncia por ecopostureo, de junio de 2023, por parte de la organización europea de consumidores BEUC. En el caso de las low cost españolas se habla de un esfuerzo franco hacia la descarbonización, con la tecnología existente, y del compromiso con la transparencia.
Vueling ha dado pasos hacia un menor impacto ambiental a través de iniciativas como ofrecer datos a sus pilotos en tiempo real (pronósticos meteorológicos y de vientos) para ganar en eficiencia de vuelo; la contribución de los viajeros al consumo de combustible sostenible de aviación (SAF por sus siglas en inglés), o la colaboración con las autoridades de control aéreo en busca de rutas más eficientes. Su objetivo declarado es operar el 10% de los vuelos con combustible sostenible en 2030 y, más allá, alcanzar las cero emisiones netas de carbono en 2050.
“En Vueling tomamos muy seriamente cualquier información en materia de sostenibilidad, y siempre nos aseguramos de mostrar la información de forma objetiva y contrastable”, se afirma desde la empresa catalana. En cualquier caso, se abre a colaborar “activamente” con las autoridades “para aclarar cualquier duda y proporcionar toda la información que sea necesaria”. La mayor referencia española del low cost asegura tener la sostenibilidad entre sus prioridades.
Volotea, por su parte, lanzó en marzo un primer vuelo (Madrid-Murcia) con SAF al 50% (el máximo permitido por las certificaciones actuales) en colaboración con Repsol. La joven aerolínea dice haber introducido desde 2022 un millón de litros de SAF en sus aviones y tiene trazadas alianzas con distintos productores para cubrir sus necesidades.
“Desde Volotea estamos valorando el informe que ha presentado la organización europea de consumidores BEUC y analizando el impacto que puede tener para la compañía y sus implicaciones. Nos tomamos muy en serio nuestras prácticas medioambientales y estamos comprometidos con la transparencia”, relata una fuente oficial de Volotea. Los datos de su programa de sostenibilidad están auditados por Bureau Veritas, “lo que garantiza la precisión y transparencia de nuestra política medioambiental”, añaden.
La UE lleva tiempo tratando de poner coto al ecopostureo con varias directivas. A Bruselas le preocupa, por ejemplo, que haya aerolíneas que aseguran que las emisiones de carbono de sus vuelos se pueden compensar con el uso de combustibles más sostenibles, pese a que aún emiten, o invirtiendo en proyectos ambientales. Las empresas advertidas pueden enfrentarse a sanciones económicas conforme a la directiva sobre prácticas comerciales desleales (artículos 5,6 y 7 de la 2005/29/EC).
También están bajo vigilancia por la directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, una norma que está pensada para actuar contra las declaraciones ecológicas engañosas y positivas y que entró en vigor el pasado marzo, explican fuentes comunitarias. Esa directiva prohíbe explícitamente las alegaciones de gases de efecto invernadero.
Las empresas señaladas están dentro del plazo de 30 días, a contar desde el 30 de abril, para responder a la carta de la CE. En Bruselas se reclama que fundamenten sus afirmaciones y cálculos con “pruebas científicas sólidas”; justifiquen el impacto ambiental favorable de usar el citado SAF, y expongan sus compromisos de neutralidad en carbono de un modo verificable.
El Ejecutivo comunitario ha identificado una lista de posibles malas prácticas, como el uso del termino “verde”, “sostenible” o “responsable” de manera absoluta. Tampoco gustan las “calculadoras” de emisiones de CO2 de vuelos específicos. Estas, sostiene la CE, se presentan a los consumidores sin proporcionar pruebas científicas suficientes sobre si dicho cálculo es fiable. El rechazo alcanza a las comparativas de vuelos por sus emisiones de CO2.
En la lista de sospechosas de greenwashing están las dos españolas y se da por seguras a Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, Swiss, TAP y Wizz. La CE ha eludido ofrecer los nombres de forma oficial, pero este ramillete ya figuraba en la denuncia interpuesta por BEUC que ha dado pie al tirón de orejas de la Comisión. El Ejecutivo comunitario va a mantener encuentros con las autoridades de Consumo de los Estados miembro y con las propias aerolíneas para tratar las posibles soluciones y comprobar que son aplicadas.
Impacto en los mercados
Vueling pertenece a la cotizada IAG, pionera en el lanzamiento de objetivos de recorte de emisiones y uso de combustible sostenible. Las expectativas del conglomerado van más allá de lo que exige la propia UE, con un 10% de SAF sobre el total del combustible utilizado en 2030. De hecho, la firma que lidera Luis Gallego ha dedicado ya 1.000 millones a la compra de SAF, cubriendo un 33% del consumo comprometido en ese 2030 (alrededor de un millón de toneladas), y asegura haber reducido su intensidad en carbono en un 10% desde 2019. Para IAG, que se hizo el año pasado con el 12% de este combustible verde producido en todo el mundo, resulta esencial presentar una política ambiental creíble para atraer y mantener inversores que priman la sostenibilidad.
En los planes de Volotea también pueden pesar como una losa las sospechas de la CE. La aerolínea tiene lanzados los preparativos para la salida a Bolsa y dudas relacionadas con prácticas de greenwashing restarían credibilidad a su proyecto.
La primera respuesta del sector fue encauzada a través de la asociación Airlines for Europe (A4E), que reconoció preocupación ante las dudas manifestadas por la CE sobre el papel que puede desempeñar el SAF en la descarbonización. Y es que se reclaman pruebas científicas al tiempo que la propia Comisión ordena su uso creciente. La normativa ReFuel EU Aviation establece que las aerolíneas deberán incorporar un 6% de SAF en sus vuelos en 2030, subiendo de forma paulatina hasta el 70% en 2050. Tanto los productores como las consumidoras afirman que este combustible alternativo es capaz de reducir hasta en un 80% las emisiones de CO2 a lo largo de su ciclo de vida frente al fuel convencional. De hecho, el SAF fue incluido en febrero en la Ley de la Industria Net Zero como tecnología estratégica para la descarbonización.
El toque de atención de Bruselas coincide con el creciente debate en Europa sobre el veto a vuelos cortos con alternativa en el tren de alta velocidad y la posible imposición de un gravamen sobre el queroseno utilizado en operaciones dentro de las fronteras de la UE. Tanto Vueling como Volotea, especializadas en la oferta de vuelos punto a punto en Europa, se verían afectadas especialmente por una reforma de la directiva de fiscalidad de la energía que recogiera el impuesto al queroseno.
El sector aéreo tiene en pie la propuesta Destination 2050, por la que se traza la estrategia hacia la neutralidad en carbono en los próximos 25 años. El recorte de emisiones debería ser del 55% en 2030 para vuelos intraeuropeos frente a las de 1990. Para llegar a esa meta es fundamental la renovación de las flotas, el uso de SAF, mejoras operativas en el control aéreo o el sistema de comercio de emisiones.
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