Rosana Morillo deja mañana la Secretaría de Estado de Turismo a petición propia
La sustituirá en el cargo Rosario Sánchez, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca
Cambio de calado en el Ministerio de Industria y Turismo. La secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, dejará mañana su cargo a petición propia. Así lo han confirmado fuentes de su departamento, que justifican la salida por el fin de una etapa (llegó al cargo en diciembre de 2022) y descartan cualquier tipo de crisis interna o conflictos con otros ministerios.
Morillo se lo habría comunicado al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, con la suficiente antelación para que su cese se superponga prácticamente en el tiempo con el nombramiento de su sustituta en el cargo. Se trata de Rosario Sánchez, actual portavoz municipal del PSOE en el ayuntamiento de Palma, que con anterioridad había sido exdelegada del Gobierno en Baleares y exconsejera de Hacienda con el último gobierno autonómico.
La todavía secretaria de Estado de Turismo ha trabajado con tres ministros (Reyes Maroto, Héctor Gómez y Jordi Hereu), a los que ha agradecido “la confianza depositada en su persona y expresar el honor de haber podido servir a la ciudadanía desde que asumiera el cargo en diciembre de 2022″.
Morillo volverá, casi con toda seguridad, al ámbito privado, que abandonó en 2019 para ser directora general de Turismo de Baleares, desde donde gestionó iniciativas como la norma contra el turismo de borrachera, el pacto para limitar el número de cruceros en Palma o la ley autonómica de Circularidad. Con anterioridad a su desembarco en el sector público, Morillo, licenciada en Ciencias Matemáticas, trabajó como consultora entre 1996 y 2007, fecha en la que se incorporó como jefa de Organización y Proyectos de Barceló. Solo dos años después fichó como como directora corporativa de recursos humanos de Starwood, que posteriormente se fusionó con Marriott en 2016.
Entre los temas que deja pendientes se encuentra el de la gestión de las viviendas turísticas en España, para lo que se había constituido un grupo de trabajo junto al Ministerio de Vivienda para tratar de establecer límites en aquellos municipios donde esa actividad económica colisionara con el derecho a la vivienda. La norma en la que están trabajando persigue restringirla allá donde la proliferación de ese tipo de pisos haya recortado la oferta y encarecido los precios.
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