La nueva farmacéutica público-privada inicia sus operaciones con el nombre Terafront Farmatech
La sociedad, participada por el Gobierno, Insud Pharma y Rovi, nace con un capital social inicial de un millón
La nueva compañía farmacéutica público-privada, participada por el Estado en un 49% del capital, y los laboratorios Rovi e Insud Pharma en un 51% (repartido entre ambas empresas), ha sido bautizada como Terafront Farmatech. La firma, que inició las operaciones de forma oficial el pasado 13 de marzo, ha nacido con un capital social inicial de un millón de euros, tal y como ha comunicado la empresa al Registro Mercantil.
No obstante, en el anuncio del acuerdo para la creación de Terafront se indicó que la empresa arrancaría con un capital inicial de más de 74 millones de euros (36 millones a través de Innvierte y 38 millones, repartidos a partes iguales por las farmacéuticas). Además, habrá una aportación adicional por parte de Innvierte de hasta 71 millones de euros, con lo que la nueva sociedad podría movilizar hasta 220 millones, con una aportación pública total de 107 millones de euros.
La firma hace con un objeto social basado en el desarrollo de medicamentos, terapias y tecnologías avanzadas, innovadoras o emergentes en el ámbito sanitario incluyendo el desarrollo de actividades y la prestación de servicios relacionados con la fabricación de especialidades farmacéuticas.
En definitiva, la empresa desarrollará y comercializará tratamientos de terapias avanzadas que serán diseñados por grupos de investigación punteros en España. Las dos primeras terapias deberían estar listas en 2027. El domicilio social se ha situado en las instalaciones que cuenta Rovi en la calle Julián Camarillo, en Madrid.
Inicialmente, el consejo de administración de la sociedad está presidido por Insud Pharma, permaneciendo como consejeros la sociedad pública Innvierte Economía Sostenible y Rovi, esta última representada por su presidente y CEO, Juan López-Belmonte. La gobernanza será muy equilibrada, gracias a mecanismos de control, como mayorías cualificadas, derechos de veto, que garantizarán a la administración mucha capacidad de decisión pese a tener una participación menor a la de las farmacéuticas. Si la compañía obtiene beneficios, se repartirán en proporción al capital aportado por las partes.
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