La CNMC investiga un posible reparto de licitaciones en ingeniería para carreteras
Las prácticas contra la competencia afectarían a concursos para servicios de consultoría y asistencia técnica de planificación, construcción y explotación de viales
La obra pública vuelve a estar en el ojo del huracán por posibles prácticas contra la competencia que habrían afectado a licitaciones de servicios de ingeniería para el diseño, construcción y explotación de carreteras. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desvelado esta mañana que se han realizado inspecciones en sedes de distintas empresas entre el 30 de enero y el 2 de este mes de febrero.
La visita a compañías del sector es el paso previo a la posible apertura de un expediente sancionador, ante lo que el regulador de la competencia siempre antepone la cautela de que la investigación no presupone conclusiones en este caso contra las ingenierías investigadas. En concreto se buscan pruebas sobre acuerdos o prácticas concertadas de reparto de licitaciones públicas.
Desde el órgano que preside Cani Fernández se subraya que los pactos entre competidores “constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia”. Las multas pueden alcanzar hasta el 10 % del volumen de negocios total de las empresas participantes en un cartel. La CNMC también habla de las consecuencias adversas que este tipo de acuerdos soterrados pueden acarrear a los consumidores y al funcionamiento del mercado.
La CNMC ya dio un duro golpe al sector constructor en julio de 2022, imponiendo una sanción total de 203 millones de euros a filiales de Acciona ACS, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr por reparto de mercado en la obra pública. La resolución fue inmediatamente recurrida ante la justicia ordinaria.
Entonces se abrió el debate sobre la necesidad de utilizar la figura coercitiva de la prohibición de contratar con la Administración pública, establecida en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público para los sancionados por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia. Una posibilidad que atemoriza al sector constructor y de la ingeniería, muy dependiente de la contratación pública, y sobre la que la CNMC se ha dotado de mayor potestad para su imposición sin tener que pasar por filtros del propio sector público.
También se está fomentando desde hace años el programa de clemencia, por el que se permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, e incluso de la prohibición de contratar, si aportan elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección. En caso de que esa información llegue con la investigación ya iniciada, el regulador ofrece reducciones en las sanciones.
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