Ribera y Calviño se la juegan en el 'casting' de la CNMC para elegir gurú energético
La renovación por la salida de Mariano Bacigalupo rumbo a la CNMV abre una vacante en la dirección de Energía
La salida de Mariano Bacigalupo como consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) amenaza con provocar importantes efectos colaterales. Su relevo por María Jesús Martín, hasta ahora directora de Energía en el propio organismo, deja vacante un puesto esencial para el control de las políticas energéticas que emanan del Ministerio de Transición Ecológica. El alto cargo que acceda a esa responsabilidad marcará los decibelios en la relación de la CNMC con el Ministerio que dirige Teresa Ribera, en un momento especialmente sensible para el Gobierno por el descontrol de los precios de la electricidad y el gas.
Las direcciones generales del supervisor atesoran un enorme poder, en tanto que gozan de libertad absoluta en el ejercicio de las funciones de instrucción. Como recoge la entidad en su normativa, actúan “con independencia del Consejo y no pueden recibir indicaciones del Gobierno”. Desde el respeto a esa autonomía, Martín constituía un perfil intelectual próximo a los postulados de la vicepresidenta Ribera, con quien había trabajado en el pasado. Entre 2018 y 2020 ocupó la dirección general de Política Energética y Minas en el Ministerio. Con su salida, Transición Ecológica pierde un puntal en la validación de sus planteamientos.
La vacante provocada en cascada por la marcha de Bacigalupo, marido de la vicepresidenta cuarta, deberá resolverse por concurso público, “siguiendo los principios de transparencia y máxima idoneidad para el puesto”. De hecho, será el pleno del Consejo el que tomará la decisión final tras la elaboración de una lista corta de nombres y siempre en función de los méritos de los aspirantes. Fuentes oficiales del supervisor aseguran que lo normal es que haya varios candidatos al cargo, a la vez que ponen el acento en que la CNMC es una autoridad independiente. No obstante, se trata de puestos en los que, por su trascendencia, es difícil no atisbar una adscripción política. El organismo depende orgánicamente de la vicepresidencia económica de Nadia Calviño.
Conflictos de interés
De hecho, fue el Ministerio de Asuntos Económicos el que anunció la renovación de su cúpula el pasado 13 de septiembre. La decisión puso fin al aluvión de críticas sufridas por la CNMC en los últimos años en virtud de los posibles conflictos de interés de Bacigalupo. La presidenta de la Comisión, Cani Fernández, próxima a Calviño, había insistido sin éxito dentro de la casa en que los consejeros rotaran dentro de las áreas y el ya exconsejero abandonara la Sala de Supervisión Regulatoria para integrarse en el área de Competencia, menos susceptible de entrar en contacto con la normativa energética que desgrana Transición Ecológica.
Según fuentes conocedoras de todo el proceso, ante la imposibilidad de resolver la problemática de forma interna, desde el propio Gobierno se habrían contemplado soluciones alternativas satisfactorias para todas las partes. Bacigalupo, de probada solvencia y reconocimiento en asuntos de regulación pero a quien apenas restaban meses como consejero en la CNMC, obtiene una salida más que airosa y liberada de futuros vaivenes políticos, ya que su paso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le otorga un mandato completo de seis años. También una remuneración en el entorno de los 140.000 euros anuales.
Fuentes de Asuntos Económicos consultadas por este periódico dejan claro que la relación con la CNMC es fluida, pero no se contempla promover ningún candidato. La vicepresidenta defendió la pasada semana en la sesión de control al Ejecutivo la idoneidad de Bacigalupo para su nuevo cargo, pese a que su desempeño profesional no ha estado ligado hasta ahora con la supervisión financiera. “Este es un Gobierno que si algo le caracteriza es el nombramiento de personas de reconocido prestigio, personas de una alta cualificación y de una enorme dedicación”, aseguró en su intervención.
Ribera, señalada inicialmente por el errático funcionamiento del tope a los precios del gas, ha ganado terreno político en las últimas fechas, sobre todo después de que las autoridades comunitarias asimilaran para el conjunto de la Unión Europea algunas de las medidas propugnadas y puestas en marcha en España, incluida esa limitación de los costes en el sistema marginalista.
La incorporación de María Jesús Martín al Consejo de la institución se da por hecha, si bien su nombramiento requiere antes la aprobación de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados. De acuerdo con la Ley 3/2013, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sus atribuciones en materia de fiscalización del sector eléctrico y del gas natural son de considerable amplitud y van desde la fijación de la estructura y la metodología para el cálculo de los peajes de acceso a las redes para cubrir la retribución del transporte y la distribución, hasta la gestión y asignación de la capacidad de interconexión.