El Gobierno creará un mecanismo de financiación para potenciar el sector de los chips
Será un fondo administrado por un organismo adscrito a la SEPI. Podrá llevar a cabo inversiones directas en empresas, pero sin superar el 49% del capital total
El Gobierno español pondrá en marcha un mecanismo de financiación para potenciar el ecosistema nacional de la industria de los semiconductores y atraer inversores internacionales. Así consta en el documento de la adenda al plan de recuperación hecho público este lunes mediante resolución de la Comisión Europea y que supone la confirmación de los recursos económicos para poder ejecutar el Perte Chip, aprobado en mayo de 2022, con una inversión pública total de 12.250 millones de euros hasta 2027. El Perte solo contaba hasta ahora dentro del plan de recuperación con la aportación prevista por el Ejecutivo para el Ipcei de semiconductores, aproximadamente 200 millones.
Se trata de un fondo que buscará incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación en este sector en España, para impulsar, entre otras cosas, la instalación de fábricas a gran escala. Dicho fondo, con el que el Gobierno pretende proporcionar inicialmente al menos 10.700 millones de financiación, será administrado por la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores (Semys), que proporcionará préstamos, capital e inversiones de cuasi capital (o una combinación de los mismos) al sector privado, así como a entidades del sector público dedicadas a este tipo de actividades. Semys fue creada en agosto de 2022 por el Gobierno adscrita a la SEPI y como instrumento central de gobernanza del Perte Chip, y tiene como administrador único a su comisionado, Jaime Martorell.
El fondo podrá llevar a cabo inversiones directas en empresas mediante préstamos ordinarios, préstamos participativos y participaciones en capital temporal y minoritario. En este caso, la participación en el beneficiario final no podrá superar el 49% del capital total. Igualmente, podrá coinvertir en foundries (fundiciones) abiertas o en instalaciones de producción integradas, y, en este supuesto, el fondo podrá proporcionar apoyo a instrumentos financieros combinados, a través de préstamos, capital y cuasi capital (una combinación de ambos), que integran capital público y privado, sujetos a determinados requisitos. Según los expertos, las eventuales coinversiones que se realicen con este fondo, de acuerdo con el lenguaje utilizado en la resolución de la Comisión Europea, habrán de estar dentro del marco previsto por la Ley de Chips europea para asegurarse el visto bueno como ayudas de Estado.
El texto de la adenda detalla que para poner en marcha este mecanismo de financiación el Gobierno y Semys firmarán un acuerdo de ejecución, o el Ejecutivo aprobará el instrumento legal correspondiente, con una política de inversión asociada, que incluirá la descripción de los productos financieros y beneficiarios finales. La formalización de este acuerdo de ejecución, según la resolución de la Comisión Europea, deberá completarse en el último trimestre de 2023, esperándose que los acuerdos con los eventuales beneficiarios se concreten antes del tercer trimestre de 2026.
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