Los acreedores de Celsa fichan a FTI para acelerar la toma de la siderúrgica
Los fondos tratan con el Gobierno de pactar la autorización al rescate de la compañía
La toma de Celsa por los fondos acreedores avanza a buen ritmo. Tras la sentencia del juez, y a la espera del visto bueno del Gobierno, estos vehículos de inversión, capitaneados por Deutsche Bank, y los fondos Anchorage, Capital Group y Attesor Capital, han encargado a la firma de consultoría estratégica FTI Consulting para pilotar la toma de la siderúrgica, según indican fuentes financieras.
El juez decidió a principios de mes a favor de los fondos acreedores de Celsa el conflicto que les enfrentaba con los accionistas de la empresa, los Rubiralta. Dictaminó que estos vehículos se hiciesen con el 100% de las acciones a cambio de condonar buena parte de los 3.500 millones de deuda que arrastraba la firma, en el marco del proceso de reestructuración que iniciaron hace en torno a un año, en el primer día de aplicación de la nueva ley concursal.
La decisión del juez es solo la primera piedra para que, en los próximos meses, los fondos cimenten la toma de la compañía. Por el momento han contratado a FTI Consulting para pilotar este proceso. Según fuentes financieras esta firma ha empezado también a colaborar para apoyar el cierre del proceso en línea con lo indicado por el juez en la sentencia.
FTI es una firma acostumbrada trabajar para enderezar empresas en problemas. En la nómina de las últimas transacciones en las que ha trabajado están, entre otras, los rescates por sus acreedores de Telepizza o Naviera Armas, donde pilotan la empresa como CEO de forma interina, o el de Grupo Siro. Houlihan Lokey se mantiene como el asesor de cabecera de los fondos en asuntos financieros y Gómez Acebo y Pombo, de los legales. Lexaudit también tendrá un papel clave en todo este proceso al ser el experto en reestructuraciones designado por el juez.
Paralelamente, el otro flanco en el que trabajan es obtener el plácet del Gobierno a la transacción. En principio la operación está condicionada a su autorización por el Consejo de Ministros, en virtud del llamado escudo antiopas. Sin embargo, no está claro que esto sea así.
La medida establece que deben solicitar autorización al Gobierno los inversores de fuera de la UE que tomen más de un 10% de una empresa considerada como estratégica. En el caso de Celsa, los dos principales acreedores (Deutsche Bank y Attesor Capital) son comunitarios y, en el caso de que en virtud del acuerdo de conversión de deuda en capital los no europeos tomen menos del 10% cada uno, no tendrían por qué pedir autorización al Ejecutivo.
No es la intención de los nuevos dueños de Celsa enfadar al Gobierno. Por ello, llevan meses, antes incluso de conocerse la decisión del juez, negociando con el Ejecutivo su plácet a la toma de la compañía. Unas conversaciones que se prolongar todavía, si bien aún no han solicitado formalmente la autorización de la transacción.
Una alternativa sería utilizar un instrumento que incluyó el reglamento que regula el escudo antiopas y dio luz verde uno de los últimos Consejos de Ministros previos a las últimas elecciones. Se trata de la posibilidad que tienen los inversores que compran una empresa española de preguntar al Gobierno si la transacción está sujeta a la autorización del consejo de ministros. El Ejecutivo tiene un mes para responder a ese requerimiento y, si los fondos deben pedirle autorización, tres meses para otorgársela.
Este escollo es indispensable para que la toma de Celsa sea efectiva. Una de las alternativas que manejan es dar entrada a un inversor español de postín para ofrecer garantías al Gobierno de que la españolidad de la compañía está fuera de toda duda, tal y como publicó CincoDías. También se plantean poner condiciones como no promover el cambio de domicilio social, mantener los 7.000 empleos o mantener la disciplina financiera.
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