Los supermercados aplicaron la bajada del IVA a los alimentos, según la CNMC
Un informe constata que los precios de estos productos se redujeron al introducirse la medida
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha encontrado indicios de que el sector de la distribución evitara aplicar la reducción del IVA a los alimentos básicos, aprobada por el Gobierno a finales de diciembre del año pasado y que entró en vigor desde el 1 de enero. Una medida que suspendió el impuesto a los alimentos de primera necesidad, como harinas, panes, leche, quesos, huevos o frutas, y redujo del 10% al 5% el IVA de aceites y pastas.
El Ejecutivo ya avisó entonces de que analizaría su correcta aplicación, lo que delegó en la CNMC, que publica ahora sus conclusiones. El organismo de competencia ha analizado la evolución de más de 60.000 precios minoristas, y un catálogo de casi 24.000 establecimientos situados en 3.526 municipios. Su conclusión es clara: “Los distribuidores minoristas, en general, redujeron los precios finales de los productos afectados tras la rebaja del IVA introducida en enero de 2023″, explica en su informe, añadiendo que “no se han detectado indicios sistemáticos de falta de traslación impositiva”.
La CNMC toma los datos de la evolución del IPC alimentario, distinguiendo entre los productos afectados y no afectados por la rebaja impositiva. “Los precios de las subclases afectadas por la reducción de los tipos del IVA registraron en enero de 2023 una caída respecto al mes anterior, en contraste con el resto de las subclases del IPC de alimentos, cuyo precio creció durante ese mes”, dice el informe. Una vez pasado enero, estos productos con IVA reducido o suspendido volvieron a una senda de progresivo incremento, aunque en niveles inferiores a los del resto de productos.
La CNMC también descarta que los diferentes niveles de concentración entre distintas provincias o municipios haya tenido influencia en la reducción de los precios finales tras la apliación de la rebaja impositiva.
El Gobierno puso un horizonte inicial de seis meses para la aplicación de la medida, que debía expirar el 30 de junio, Sin embargo, el Ejecutivo aprobó su extensión hasta el 31 de diciembre. El Ministerio de Hacienda calgula en unos 2.000 millones de euros la cantidad que dejarán de ingresar las arcas públicas por la medida. En el primer semestre, el coste fue de 626 millones, según el informe mensual de recaudación de junio publicado por la Agencia Tributaria.
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