El modelo concesional se examina con el plan vial de Aragón tras fracasar en Madrid
La escasez de ofertas complica el desenlace de la iniciativa aragonesa de 2.255 millones, y el concurso desierto de la Ciudad de la Justicia de la capital expone la desafección de la inversión privada
El sector de la construcción y gestión de infraestructuras mira este verano a Aragón, donde está a prueba el modelo concesional español con la licitación, el pasado mes de marzo, del concurso de 11 tramos de carretera con un importe total de 2.255 millones. El proceso está por resolverse en pleno cambio de Gobierno autonómico.
El ganador de las elecciones de mayo, el popular Jorge Azcón, trata de recabar aún los apoyos necesarios para ser investido presidente. Tras ello, deberá decidir sobre el desenlace de un concurso en el que se echó de menos mayor concurrencia de inversores.
Azcón ha sido claro al marcar como prioritaria una mayor inversión en la red autonómica de carreteras. Y a las compañías interesadas se les aseguró el año pasado que el proyecto concesional del Ejecutivo socialista estaba pactado con el que era principal partido en la oposición. Se da por hecho, por tanto, su continuidad.
Las ofertas técnicas están en evaluación y las económicas deberían abrirse el 2 de octubre. Pese a que los 11 lotes cuentan con algún aspirante, en ocho de ellos hay una sola UTE y en los tres restantes compiten solo dos opciones. De las grandes constructoras están Acciona y FCC, y faltan la mayoría de las referencias medianas del sector.
La expectación que generó este plan concesional de carreteras fue altísima tras años de sequía en todo el país en lo que toca a este tipo de contratos, pero fuentes involucradas con el proceso destacan importantes escollos para el capital privado: la baja rentabilidad para las inversiones, en lo que ha redundado el escenario de tipos altos, y la ausencia de un mecanismo eficiente de revisión de precios. “Después de años sin concesiones de carreteras en España, lo normal es que hubiera siete u ocho ofertas por lote, pero el sistema español no es capaz de atraer inversión”, señala el presidente de una de las firmas que dio un paso atrás antes de remitir su oferta.
Aragón ha pedido a las compañías la rehabilitación de tramos ya existentes y en muy mal estado, con inversiones en obras que van de los 38 a los 53 millones de euros por lote. Además, hay un desdoblamiento presupuestado en 87 millones. El contrato incluye la posterior explotación, mantenimiento y conservación durante 25 años (incuidos 30 meses de obras). Las constructoras reciben a cambio un pago por la correcta disponibilidad de las carreteras.
Este último es uno de los riesgos que la Administración traspasa a las concesionarias (se penaliza el mal estado de las vías), junto a los de la financiación, diseño y construcción. “Las tarifas por disponibilidad no se revisan y el reequilibrio de los contratos solo es posible ante subidas anormales de precios de los betunes y el acero. Se trata de riesgos altos durante 25 años para una rentabilidad acotada por la Ley de Desindexación”, concluye un alto directivo de otra de las empresas que llegó a formar un consorcio, pero que tampoco ofertó.
Las firmas de infraestructuras que estudiaron este proceso y que eludieron entrar en él forman una larga lista: ACS, OHLA, Sacyr, Ferrovial, Comsa, San José, Azvi, Puentes, Lantania, Sogeosa, Ideconsa, Marco Obra Pública, CHM, Aldesa, Rover, Copisa, etcétera, según recuento de las distintas fuentes consultadas.
Las que compiten son 19 referencias de obra civil distribuidas en ocho consorcios (ver gráfico), entre las que destacan las citadas FCC y Acciona, la portuguesa Ascendi, Cyopsa, Sarrión, Aceinsa o Pavasal.
Sin novias en Madrid
El último fiasco de una concesión es el de la Ciudad de la Justicia de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado por desierta la licitación a la vista de que la única oferta, presentada in extremis en febrero por ACS y Acciona, no se ajustaba a las condiciones del pliego. “La UTE no aportó un programa económico que incluyera todos los parámetros y partidas mínimas contenidas en el programa económico base de la licitación”, se argumentó para la suspensión.
Se trata de la segunda vez que este concurso millonario entra en el congelador de la Comunidad de Madrid, con un presupuesto de construcción de 500 millones e ingresos totales en juego por 2.800 millones. Otras interesadas, como Sacyr, Ferrovial, OHLA, San José, Azvi, Aldesa y grandes fondos, comprobaron que la tasa de rentabilidad de la inversión prevista (TIR) apenas alcanzaba el 1%. Todos huyeron.
A la vista del caso madrileño y las dudas que ha suscitado el aragonés, las asociaciones del sector, Seopan y Anci, y la patronal CNC, insisten en reclamar que los pliegos de proyectos concesionales se desliguen de la Ley de Desindexación, se incluya la revisión de precios para la conservación y se eleve hasta el 30% el límite de la revisión sobre el precio de los contratos, además de tenerse en cuenta la evolución del coste de la mano de obra.
Los colectivos coinciden en que las concesiones serán una herramienta clave cuando se agoten los fondos y Bruselas toque a la disciplina contable, pero en las actuales condiciones las concesionarias no juegan.
En el caso de la revisión de precios se urge la modificación del Real Decreto-ley 3/2022. En cuanto a la rentabilidad del modelo concesional, la construcción pide la modificación de la tasa de descuento prevista en el Real decreto 55/2017, de desarrollo de la Ley de Desindexación, referenciándose a una tasa de mercado y no al bono español más un pequeño diferencial.
Una cuestión de precio y rentabilidad
Tasa de descuento acotada. La rentabilidad de los contratos de concesión en España está limitada por el Reglamento de la Ley de Desindexación de la Economía Española. Esta no puede superar el rendimiento del bono español a diez años más 200 puntos básicos. El capital privado lleva años quejándose de una tasa de descuento de las inversiones en infraestructuras que considera fuera del mercado por escasa.
La determinante oferta económica. El consurso de Aragón otroga un 60% de la puntuación a la oferta económica (50 puntos porcentuales para la oferta relacionada con el pago por disponibiliad y diez puntos para el presupuesto de ejecución de la obra inicial). El 40% que pondera la propuesta técnica se divide entre el proyecto de construcción y el posterior de mantenimiento y conservación.
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