Menos de la mitad de las firmas del Ibex identifica los riesgos sociales de su actividad
Una nueva directiva europea busca incorporar esta obligación. El sector financiero está en el centro de las discusiones comunitarias
Las empresas del Ibex 35 tienen aún mucho margen de mejora en lo que respecta a la debida diligencia en derechos humanos y medioambientales en sus proyectos y operaciones. Solo el 42% de las firmas del principal índice bursátil español dentifica estos riegos, según un estudio reciente del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Sin embargo, puede que el tiempo se agote: una directiva europea en este sentido avanza hacia la aprobación final tras el visto bueno en junio por parte del Parlamento Europeo.
La nueva legislación obligaría a las grandes empresas europeas a identificar, prevenir, mitigar, rendir cuentas y responder por los impactos negativos, reales o potenciales de sus propias actividades o las de su cadena de valor. Esto afecta tanto a sus operaciones en el extranjero como también en el espacio comunitario. Países como Alemania, Países Bajos y Francia ya cuentan con normativas locales, que han permitido, por ejemplo, llevar a la Justicia a los supermercados alemanes por la compra de productos agrícolas provenientes de la zona del parque nacional de Doñana.
Los compromisos voluntarios en este sentido no han funcionado, afirman desde la Plataforma por Empresas Responsables, una alianza de más de 20 organizaciones sociales que trabajan de manera conjunta en materia de derechos humanos. “Estamos ante una oportunidad para que España genere un impacto positivo y ayude a fijar estándares internacionales”, afirma Amaya Acero, coordinadora del colectivo, en referencia a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
La clave del éxito, apuntan desde el Tercer Sector, es que la norma incorpore también a las instituciones financieras como sector de alto riesgo y que obligue a las entidades a incorporar este análisis social y ambiental sobre sus decisiones de inversión. “Donde destina el dinero el sector bancario guía mucho al resto de las compañías”, apunta Acero, quien comenta que esto es central para cumplir las aspiraciones europeas en materia ambiental.
El foco en la banca afecta principalmente a América Latina, donde España es el segundo mayor inversor global y el sector financiero es el más relevante para las firmas españolas con el 29,2% de la inversión total. La región es una de las más afectadas por la deforestación y el trabajo forzoso, así como por desastres ambientales provocados por la acción humana.
La propuesta, que está siendo negociada para su aprobación definitiva, sí distingue entre sectores de alto y bajo riesgo a lo largo de toda su cadena productiva. En el primer caso, donde se incluye la industria textil, la producción agrícola y la minería, las compañías con más de 250 empelados y un volumen de negocios a nivel mundial de más de 40 millones de euros se verían afectadas. En el resto de las actividades, solo se ven implicadas las firmas con más de 500 colaboradores e ingresos superiores a los 150 millones de euros.
Costes y beneficios
El verdadero desafío de Bruselas es plantear esta nueva directiva de manera que resulte positiva para las empresas y no una carga adicional. “La normativa no suma un paso más a la avalancha normativa. No se trata de informes ni reporte adicionales, sino de un proceso continuo que vele por el impacto de las operaciones”, destaca María Bardolet, responsable de Empresas Justas de Oxfam Intermón.
A la vez, esta iniciativa permitiría “evitar la competencia desleal de aquellos que abaratan costes a riesgo de descuidar derechos”, resalta Bardolet, ya que todas las compañías que operan en Europa también estarían sujetas a esta obligación. Esto incluye también a firmas con su matriz en China o Estados Unidos, pero con filiales en alguno de los Veintisiete.
Los consumidores parecen dar su espaldarazo a este tipo de medidas. En España, el 90% de los encuestados por la firma YouGov en 2023 están de acuerdo con obligar a las empresas a prevenir vulneraciones a los derechos humanos, mientras que el 70% coincide en que el sector bancario también es responsable por el destino de sus préstamos e inversiones.
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