BBVA se opone a que su directora jurídica declare en el caso Villarejo
El banco pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule la decisión del juez instructor de tomar declaración como testigo a María Jesús Arribas
BBVA trata de evitar que su directora jurídica, María Jesús Arribas, declare como testigo ante el juez del caso Villarejo. El banco cree que el verdadero objetivo de su interrogatorio es profundizar en el forensic que la entidad realizó en 2019 para depurar responsabilidades internas por los encargos de espionaje al comisario jubilado José Manuel Villarejo, hecho que no es objeto de investigación. Por ello, los abogados de la entidad han presentado un recurso, directamente ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, contra la decisión del juez instructor de citar a declarar a la jefa de los servicios jurídicos del banco, cuya comparecencia está prevista para el próximo 21 de julio.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, encargado de investigar la macrocausa sobre los negocios privados del polémico policía, acordó el pasado 26 de junio las testificales de una decena de personas vinculadas con BBVA, entre ellas Arribas y otros tres abogados internos de la entidad financiera. El motivo es poder aclarar su vinculación con una serie de correos electrónicos de 2018, en los que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco.
Según el recurso de BBVA presentado este miércoles, al que ha tenido acceso CincoDías, el juez y los fiscales (que interesaron las declaraciones) han olvidado que Arribas no es solo la jefa del área legal del banco, sino que también forma parte del equipo de defensa de la entidad -investigada como persona jurídica-, al ser la interlocutora entre el banco y el despacho Garrigues contratado para ello. En este sentido, BBVA asegura que de llevarse a cabo su declaración se estaría vulnerando el deber de secreto profesional de la abogada y se estaría produciendo una “agresión inadmisible” contra el derecho de defensa de la compañía, investigada como persona jurídica desde julio de 2019. “En el caso que nos ocupa, un eventual interrogatorio de Arribas indudablemente puede afectar a terceros”, recalca.
Investigar el “proceso de recopilación”
BBVA acusa a los investigadores de justificar la comparecencia de Arribas como “emisora o receptora” de unos mensajes que “no son relevantes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación”, pues son posteriores a los trabajos de Villarejo, que tuvieron lugar entre 2004 y 2017.
La entidad denuncia que lo que realmente se quiere investigar es el “proceso de recopilación” de información que el banco llevó a cabo tras la aparición de las primeras noticias sobre dichos encargos y la posterior investigación interna que se realizó en 2019. “Con ello, lo que se investiga es el legítimo trabajo de defensa de BBVA y la actuación de sus abogados, no los hechos vinculados a la contratación de Cenyt [el entramado empresarial liderado por el expolicía]”, concluye el recurso.
Así, el banco insiste en que Arribas se vería en una “tesitura de tener que responder a numerosas preguntas” sobre cuestiones que nada tiene que ver con la investigación, ya que “en muchas de las declaraciones practicadas hasta la fecha el Ministerio Fiscal y las acusaciones han centrado la mayor parte de su interrogatorio no en los hechos investigados, sino en todas las actuaciones posteriores, y muy en particular en la investigación interna”.
Tal y como explica el banco en su escrito, Arribas, como jefa jurídica del banco e interlocutora directa de Garrigues, ha sido la encargada de reportar a la Comisión de Auditoría de BBVA los avances de la investigación interna. Según consta en el sumario del caso, y publicó CincoDías, al inicio de la investigación interna, la jefa de los servicios jurídicos remitió al departamento de auditoría interna de BBVA una nota, el 14 de enero de 2019, en la que constató un listado de personas cuyos archivos y correos electrónicos debían examinarse, según su criterio.
El presidente del banco, Carlos Torres, y el que fuera su mano derecha durante años, Ricardo Forcano, aparecían en la lista. No obstante, el forensic, que finalmente se encargó a la consultora PwC -y que fue monitorizado por los abogados de Garrigues-, no realizó el análisis exhaustivo sobre estos dos altos cargos, pues, aunque se copiaron sus correos, estos no fueron ni “procesados” ni “analizados”.
Ni el informe de Anticorrupción, ni el auto del juez instructor precisan sobre qué correos exactos se pretende interrogar. Aun así, BBVA, que en diversas ocasiones ha defendido su plena colaboración con la Justicia, recuerda que aportó estos mensajes al sumario de la causa y que facilitó la clave de acceso que pesaba sobre aquellos que estaban encriptados para proteger datos de terceros o que, en su opinión, son “irrelevantes” para la causa. “Nunca debieron unirse a las actuaciones”, reprocha el banco. En cualquier caso, la entidad defiende que “no hay duda de que, al enviar o recibir esos correos, la señora Arribas y demás abogados de BBVA citados como testigos estaban actuando dentro de una de las modalidades de su actividad profesional como abogados”.
Primera declaración
La posibilidad de que Arribas tenga que acudir a la sede judicial lleva un tiempo planeando sobre la causa. En los casi cinco años de vida que tiene el caso BBVA -denominación de la novena pieza separada de la macrocausa sobre Villarejo-, la directora jurídica del banco nunca había sido llamada a declarar antes, pese a la insistencia mostrada por uno de los investigados, el ex director de Riesgos de la entidad y ex presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, y la intención manifiesta de Anticorrupción de interrogarla, que incluso barajó la posibilidad de imputarla.
El juez instructor rechazó en 2021 tomar declaración a la elegida por Torres para sustituir a Eduardo Arbizu (investigado) al frente del departamento legal. Así, atendió a los argumentos de la entidad financiera acerca de que Arribas no tenía nada que aportar a la causa, ya que, en el marco de su función, se limitó a cumplir con un requerimiento judicial de enviar un “cuadro o tabla” en el que se indicaban los servicios pagados a las empresas de Villarejo, que percibió 10,3 millones de euros. Esta decisión fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que ahora recurre el banco para evitar que su directiva comparezca ante el juez.
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