Bruselas aprueba las ayudas públicas españolas de 680 millones para el 5G rural
La CE da luz verde a los fondos para las infraestructuras activas
La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, un régimen español por valor de 680 millones de euros puesto a disposición a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para el despliegue de equipos e infraestructuras de redes autónomas 5G de alto rendimiento en zonas rurales insuficientemente atendidas en España. En los últimos años, el Gobierno ha puesto en marcha distintos proyectos para la extensión de las redes de nueva generación.
El régimen de ayudas forma parte de la estrategia de España para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y las empresas en el contexto de la digitalización del país.
El régimen de ayudas se financiará en su totalidad a través del MRR, tras la evaluación positiva por parte de la Comisión del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) español, y su adopción por el Consejo. El PRR español contempla importantes proyectos de inversión en el sector de las telecomunicaciones electrónicas, como el despliegue de redes móviles de alto rendimiento.
El régimen tiene por objeto garantizar una amplia disponibilidad de redes de alto rendimiento, que presten a los usuarios finales en zonas insuficientemente atendidas servicios de acceso a unas comunicaciones electrónicas fiables y de alta calidad que satisfagan sus necesidades actuales y futuras. Las nuevas redes autónomas 5G apoyarán servicios innovadores con esta tecnología en zonas rurales, en ámbitos tales como la salud digital, la agricultura inteligente, la industria digitalizada, la conducción autónoma o los servicios basados en la nube.
Las ayudas se centran en las redes activas. Así, el régimen financiará la instalación de equipos e infraestructuras para el despliegue de redes autónomas 5G y la prestación de servicios autónomos de banda ancha móvil 5G, con velocidades de carga y descarga de al menos 100 Mbps y 5 Mbps, respectivamente. En las zonas españolas en cuestión la población es inferior a 10 000 habitantes y no hay inversiones actuales o previstas en redes 4G que ofrezcan velocidades de descarga de al menos 50 Mbps.
En virtud del régimen, las ayudas pueden concederse hasta el 31 de diciembre de 2025 y las redes móviles 5G deberán entrar en funcionamiento como muy tarde en febrero de 2026. Las ayudas adoptarán la forma de subvenciones directas a los operadores de comunicaciones electrónicas. Los beneficiarios se escogerán mediante un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio. El importe máximo de la ayuda por beneficiario equivaldrá al 90% de los costes subvencionables.
La Comisión Europea cree que el régimen de ayudas públicas es “necesario y proporcionado” para “subsanar una deficiencia de mercado” como es la “ausencia de redes de comunicaciones móviles de alto rendimiento en regiones remotas o escasamente pobladas”.
En su opinión, este plan de ayudas tiene un “efecto incentivador”, puesto que “facilitará el despliegue de equipos e infraestructuras que los operadores privados no han desplegado ni van a desplegar”.
Bruselas señala también que hay “salvaguardias suficientes” para “garantizar que los falseamientos indebidos de la competencia sean limitados y que las ayudas no alteren las condiciones de los intercambios comerciales de forma contraria al interés común”, en especial a través de un procedimiento de selección de los beneficiarios “abierto, transparente y no discriminatorio”.
Esta es la cuarta medida aprobada por la Comisión en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia español, relativa a importantes proyectos de inversión en el sector de las telecomunicaciones electrónicas. En junio de 2021, autorizó una prórroga de un régimen español de apoyo al acceso a servicios de banda ancha de alta velocidad en zonas insuficientemente atendidas.
En diciembre de ese año, la Comisión aprobó un régimen de apoyo al despliegue de infraestructuras pasivas para redes móviles. Posteriormente, en octubre de 2022 aprobó un régimen de apoyo al despliegue de redes de retorno basadas en fibra.
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