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Nuevo revés por el recorte de las renovables: España no logra anular un laudo por 30 millones

La corte de arbitraje Ciadi confirma la indemnización otorgada a los fondos OperaFund Eco-Invest y Schwab Holding

Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica.
Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica.Pablo Monge
Nuria Morcillo

Nuevo revés para el Estado español en los arbitrajes por las renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, confirmó el laudo por el que condenó a España a indemnizar al fondo suizo Schwab Holding y al maltés OperaFund Eco-Invest con 27 millones de euros (unos 30 millones en total con intereses) por el recorte de las primas a las energías renovables.

Esta decisión, dictada el pasado 2 de marzo y consultada por CincoDías, confirma una de las 21 demandas, de un total de 51, que se han resuelto a favor de los inversores en ‘energía verde’ y que vieron sus rentabilidades perjudicadas con la reforma eléctrica de 2013.

La Abogacía del Estado instó en febrero de 2020 la anulación del laudo, alegando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) limitó, en septiembre de 2021, la validez de los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria. Los servicios jurídicos del Estado han puesto esta carta encima de la mesa en todos los arbitrajes que siguen en juego, ya sea pendientes de su ejecución o de su resolución.

Capacidad para reclamar

En el caso concreto de OperaFund y Schwab, que invirtieron en el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas en Extremadura y reclamaron 43 millones de euros por los daños ocasionados con la reducción de ingresos, el Estado sostuvo que, en virtud con la resolución de la corte con sede en Luxemburgo, al menos, Operafund no tiene capacidad para reclamar mediante un arbitraje, ya que está constituido en Malta, país Estado miembro de la Unión Europea.

Asimismo, el Estado español se apoyó en la opinión discrepante que emitió uno de los tres árbitros que analizaron el conflicto, que señaló que “no hay pruebas” que acrediten que las dos firmas invirtieron en España porque llevaron a cabo “un ejercicio de diligencia debida que abordara un futuro cambio normativo, o que alguna vez hubieran recibido información de que no había riesgo de cambio normativo”. A ello añadió que las demandantes “no fueron privadas de sus inversiones, si bien los ingresos que ellas generaban fueron reducidos”, lo que se enmarcaba “dentro del margen de cambio aceptable”.

Más de tres años después de que se iniciase el proceso de anulación, el comité ad hoc del Ciadi, constituido para resolver este último trámite, no ha aceptado las alegaciones del Estado español y ha confirmado el derecho de los fondos inversores, que han estado defendidos por el despacho de abogados Cuatrecasas, a ser indemnizados por las consecuencias de la reforma que se puso en marcha hace diez años, además de obligar a pagar las costas del procedimiento.

Ningún laudo ejecutado

Hasta el momento, España no ha hecho frente a ninguno de los laudos confirmados, algunos de los cuales están recurridos en tribunales fuera de la Unión Europea para lograr el reconocimiento y la ejecución de las indemnizaciones. Además de la sentencia del TJUE, el Estado alega que no puede proceder a hacer ningún pago sin la autorización de Bruselas para evitar que el abono a los fondos pueda ser considerado ayuda ilegal de Estado.

La Comisión Europea, que hasta el momento no ha dado luz verde a las indemnizaciones, apoya la postura de España de que los arbitrajes no tienen validez. De hecho, en el procedimiento de anulación del laudo a favor de Operafund y Schwab, solicitó poder intervenir para defender los intereses del Estado español. El comité ad hoc permitió la participación en el proceso a la institución comunitaria, pero de forma muy limitada, pues solo le dio derecho a presentar únicamente un escrito de alegaciones como parte no contenciosa, según consta en el documento del Ciadi consultado por este diario.

Tras más de 10 años de pleitos, el Estado ha logrado rebajar la factura entorno a un 88% con respecto a lo reclamado. El Ejecutivo estimó en unos 10.000 millones de euros el coste de las 51 demandas presentadas hasta ahora, aunque a día de hoy no es una cantidad cerrada, ya que aún faltan algunas por cuantificar, es decir, todavía no se ha formalizado una reclamación por los daños ocasionados. El Gobierno baraja que la cifra final quede en 2.000 millones, una vez se resuelvan todas las demandas y se resuelvan los recursos para lograr su nulidad.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico destacaron a CincoDías que los laudos han rebajado “sustancialmente” las indemnizaciones reclamadas “hasta el punto de rondar el 12% sobre lo demandado”, una proporción que, según subrayan, es “muy baja en la práctica habitual de los arbitrajes”.

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Sobre la firma

Nuria Morcillo
Periodista de Tribunales con más de 10 años de experiencia. Tras dar los primeros pasos en El Mundo y ABC, llegó a la agencia de noticias Europa Press, donde comenzó a profundizar en el mundo jurídico. Después pasó por La Información, donde siguió especializándose en ese área. En CincoDías desde diciembre de 2022.

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