El juez procesa a Luis Medina y Alberto Luceño por el ‘caso Mascarillas’ de Madrid

El magistrado atribuye delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil por la compraventa de material sanitario al inicio de la pandemia

-FOTODELDÍA- MADRID, 25/04/2022.- El empresario Luis Medina a su llegada al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid donde este lunes presta declaración como investigado junto a Alberto Javier Luceño por delitos relacionados con comisiones en la compraventa de material sanitario al comienzo de la pandemia. EFE/Sergio Pérez Sergio Pérez (EFE)

Fin a la instrucción al ‘caso Mascarillas’. El juez de Madrid ha propuesto juzgar a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por la presunta estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid con la compraventa de mascarillas, guantes y test rápidos al inicio de la pandemia. El magistrado atribuye, entre otros, delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil.

El titular del Juzgado de Instrucción de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha dictado este lunes un auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado contra los dos investigados por el ‘pelotazo’ dado con la operación de adquisición de material sanitario llevado a cabo en abril de 2020, con la que se embolsaron comisiones de hasta seis millones de euros.

Con esta resolución, el juez pone fin a la instrucción que el próximo día 7 de abril cumplía un año y deja al borde del banquillo a Alberto Luceño, que ejerció como intermediario en los contratos firmados con el ayuntamiento, y a su socio, Luis Medina (conocido por ser el hijo del duque de Feria y la modelo Naty Abascal), que utilizó sus contactos para llegar hasta el consistorio madrileño. Asimismo, insta a las acusaciones a formular sus escritos de acusación.

“Imperiosa necesidad” de conseguir mascarillas

Así lo expone el magistrado en una resolución en la que afirma que Luis Medina fue el “facilitador” del negocio, ya que se valió de “su condición de personaje público y famoso” para lograr el contacto de la responsable municipal encargada de conseguir material sanitario; mientras que identifica a Luceño como el “auténtico gestor del negocio criminal”. Es más, añade que este investigado “engañó” a su compañero de negocios en el reparto de comisiones y “ocultó con dolo” las mismas al ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida.

“Hacia el 20 de marzo de 2020, en el peor momento de la pandemia del covid, y con miles de muertos por su causa en España, sin que hubiesen descubierto las vacunas contra esta enfermedad, como sucedió más tarde por fortuna, aprovechando la imperiosa necesidad que tenía el Ayuntamiento de Madrid -como el resto de ayuntamientos de España- de obtener el mayor material sanitario posible para hacer frente a la pandemia (mascarillas, guantes, test de Covid), los investigados Luis Medina y Alberto Luceño, de común acuerdo, urdieron un plan para obtener, con la excusa de altruismo y de ayuda al Ayuntamiento de Madrid, el mayor beneficio económico posible, a costa del erario municipal”, narra el magistrado en su auto.

El plan, continúa relatando, consistía en la intermediación para la compra de una empresa malaya, “cobrando del precio unas comisiones muy elevadas” y que “teóricamente” formarían parte del coste, “sin que los gestores municipales se dieran cuenta, debido a la laxitud en los controles en la contratación y a la urgencia y a la continua inestabilidad de los precios del material sanitario en todo el mundo” en aquel momento.

Según consta en el sumario de la causa, los investigados presuntamente inflaron los precios de la venta de un millón de mascarillas KN95; 250.000 guantes de nitrilo; y 250.000 test rápidos Covid-19, cobrando en total 11,9 millones de dólares (unos 10,9 millones de euros) a la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, participada al 100% por el Ayuntamiento de Madrid. De este modo, Luceño obtuvo cinco millones de euros de beneficio, que después fueron invertidos, entre otras cosas en coches de lujos; mientras que Medina recibió un millón de euros, parte del cual fue destinado a un yate, bautizado como Feria, en honor al título nobiliario de su familia.

Documentación falsa

En toda esta trama jugó un importante papel Leno, una empresa radicada en Malasia, cuyo director, San Chin Choon, ha sido imposible tomar declaración. Medina y Luceño se presentaron como “agentes exclusivos” de dicha compañía para poder efectuar como intermediarios. De hecho, según la investigación policial, ambos investigados presentaron a sus bancos documentación que acreditaría dicha condición para justificar la entrada de dinero por la operación de compraventa de mascarillas; si bien, el juez considera que hay indicios suficientes para considerar que esta documentación era falsa y que ambos eran consciente de ello.

La resolución, además, incluye las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción acerca de que San Chin Choon no existía. Ante la negativa del empresario asiático a declarar ante el juez, el ministerio público alertó de la posibilidad de que el propio Luceño elaboró una serie de correos supuestamente enviados por el dueño de Leno al juzgado exculpando a los investigados, con el objetivo de “tener una coartada”.

Dichos mensajes motivaron la entrada y registro en el domicilio del intermediario, donde además de numerosos documentos con distintas versiones sobre la venta de material sanitario y certificados manipulados, se halló un carnet del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) falso. Por todo ello, el juez propone juzgar a Luceño también por un delito de falsedad de documento público.

Deuda con Hacienda

Por último, aunque el juez ha archivado las actuaciones dirigidas a esclarecer un presunto delito de blanqueo de capitales imputado a Medina y Luceño, el auto hace hincapié también en que éste último no declaró correctamente a Hacienda las comisiones percibidas por la compraventa de material sanitario.

Según indica el juez, Luceño tributó dichas cantidades a través del Impuesto de Sociedades de su empresa Takamaka Invest, que “no estaba constituida en el momento de la prestación de los servicios ni tampoco del cobro de las comisiones”, con el fin de pagar menos al fisco. En este sentido, el magistrado entiende que debió haber incluido las ganancias en el IRPF y que, como consecuencia de ello, tiene una deuda con Hacienda de 1.351.386,24 euros, una cantidad que no ingresó posteriormente, pese haber realizado una declaración complementaria.

Con respecto al delito de alzamiento de bienes atribuido a Medina, por vaciar sus cuentas bancarias tras conocer que estaba siendo investigado, el juez también ha acordado el sobreseimiento.

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