El Gobierno busca elevar las multas a empresas por cártel hasta los 50 millones o el 10% de las ventas mundiales

También quiere incrementar de 60.000 a 400.000 euros la multa a los directivos

El PSOE ha propuesto una modificación en la Ley de Defensa de la Competencia para poder ampliar hasta un máximo de 50 millones y un mínimo de un millón de euros las multas a empresas que participen en un cártel. Según se desprende de una enmienda registrada a la ley por la que se crea la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE propone endurecer las multas en el marco de la Ley de Competencia tanto a las empresas como a los directivos de las mismas.

De este modo, aquellas compañías que infrinjan la normativa, podrán ser sancionadas con una multa de un millón de euros en un caso leve, con hasta 10 millones si la infracción es grave y con 50 millones si es “muy grave”, como es el caso de pertenecer a un cártel. La normativa actual dispone que las multas leves oscilan en una horquilla de entre 100.000 y 500.000 euros; las graves entre 500.001 euros y 10 millones y las muy graves por encima de los 10 millones.

No obstante, siempre que se pueda, las multas se calcularán en función de la facturación mundial de la empresa y no la total, como está dispuesto actualmente. Así, las leves se calcularían sobre el 1% del volumen de negocios mundial de la compañía o asociación de empresas participantes en el cártel; las graves con hasta el 5% del volumen y las muy graves con hasta el 10% del volumen. Estos porcentajes en muchos casos implicarían una mayor cuantía si se comparan con las cuantías fijas de multas propuestas por el PSOE, sobre todo en los casos de infracciones muy graves.

En el caso de una empresa que a nivel mundial facture, por ejemplo, 1.000 millones de euros, las multas oscilarían entre el millón y los 100 millones de euros. Asimismo, la enmienda del PSOE también incrementa de 60.000 hasta 400.000 euros la multa a cada uno de los directivos de la empresa infractora. De esta multa, sugiere el Grupo Socialista, quedarían eximidas aquellas personas que, formando parte de los órganos de administración de la compañía, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto ante una supuesta decisión que infrinja la ley.

En este sentido, y a través de la misma modificación legal, el Gobierno quiere dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de más independencia en la gestión de sus puestos de mayor responsabilidad, de modo que estos puedan ser asumidos por trabajadores del organismo y no solo por funcionarios del subgrupo A1.

Quiere dar respuesta así a una reclamación que el organismo de Competencia venía haciendo desde hace tiempo. En concreto, lo que el Grupo Socialista propone es que el personal directivo también pueda ser personal laboral con titulación superior.

De hecho, en la justificación de la enmienda, el PSOE apunta que la creación de la CNMC en 2013 comportó la extinción de los organismos que hasta la fecha tenían encomendadas las funciones de supervisión de mercados y sectores productivos, lo que “ha enfrentado” la institución al reto de actuar como un único organismo capaz de aprovechar las sinergias derivadas de la integración, con los consiguientes efectos que la misma tiene en la organización y en la gestión de los recursos humanos.

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