Los cabos sueltos de Fórum Filatélico languidecen en los tribunales 17 años después
La Audiencia Nacional apremia al instructor para cerrar la derivada sobre blanqueo
Casi 17 años después de que se pusiera fin a Fórum Filatélico, la mayor estafa piramidal en España, la Justicia aún tiene cabos sueltos. La Audiencia Nacional dictó sentencia en julio de 2018, pero siguió investigando los pasos de la empresa de sellos para esclarecer si se blanqueó parte de los más de 3.700 millones de euros defraudados a cerca de 270.000 personas.
En concreto, el foco ha estado puesto en las cuentas bancarias que uno de los líderes de la trama tenía en Gibraltar, José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, según ha podido comprobar CincoDías. Este investigado, que nunca fue juzgado al huir de la Justicia en 2005 tras su imputación en otros casos de corrupción como Malaya, era el encargado de gestionar la veintena de sociedades pantallas, y sus movimientos, que se crearon en paraísos fiscales para, por un lado, revender las estampillas que ya habían sido adjudicadas a clientes a un precio elevado artificialmente; y, por otro lado, para detraer más de 200 millones de euros.
Junto a los expresidentes de la compañía de sellos, Jesús Fernández Prada (fundador de Fórum en 1979 y fallecido en 2004) y Francisco Briones (condenado a 11 años y 10 meses de prisión y cuya extradición a Portugal está pendiente de lo que determine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), Llorca Rodríguez estableció la política de precios y el interés con el que se retribuía el dinero de los inversores.
Desvío de dinero
La sentencia de la Audiencia Nacional -confirmada dos años después por el Tribunal Supremo- dio por probado que Fórum Filatélico introdujo en el sistema financiero español el dinero que previamente había desviado de las compraventas ilegales, a través de complicados flujos de dinero para ocultar el origen y el destino de los fondos. No obstante, parte de la procedencia del capital aún no se ha podido rastrear por la falta de información.
El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional -órgano encargado de dirigir esta investigación desde el año 2006 cuando se intervino Fórum Filatélico- abrió una pieza separada para profundizar en estos hechos. En este contexto, en 2019 se solicitó a las autoridades de Gibraltar documentación sobre unas cuentas bancarias relacionadas con Llorca Rodríguez y su familia, desde las que se habría aflorado más de un millón de euros para la adquisición de un inmueble.
La información llegó un año después, pero debido a que no estaba completa, se solicitó una ampliación de la comisión rogatoria. Los datos solicitados por segunda vez no han llegado todavía, por lo que el actual titular del juzgado mencionado, Santiago Pedraz, ha acordado sucesivas prórrogas de seis meses de esta pieza separada. La última fue el pasado 23 de enero. La Fiscalía apoyó esta decisión, alegando que el resultado de la colaboración de Gibraltar puede abrir la puerta a la práctica de nuevas diligencias.
A la espera de Gibraltar
Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio un giro el pasado 20 de febrero y apremió al juez instructor a poner fin a esta derivada sobre blanqueo. En un auto consultado por este diario, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal afirmó que la información requerida, si se llega a cumplimentar, puede ser trascendental para conocer el origen último de los fondos introducidos en España y para que la causa progrese.
No obstante, la Sala añadió que la espera a la respuesta de Gibraltar no justifica que las pesquisas puedan seguir por más tiempo, mas aún cuando no se practica ninguna diligencia de investigación desde abril de 2020, fecha en la que libró la última comisión rogatoria a las autoridades vecinas. De este modo, el tribunal estimó el recurso presentado por la ex cónyuge y el hijo del fugado, investigados por aparecer en las cuentas cuestionadas, y dio por finalizada la instrucción.
El juez Pedraz ahora tendrá que tomar una decisión sobre si manda a juicio esta pieza o la deja en archivo. Antes de esta resolución, ha vuelto a reiterar la petición a las autoridades gibraltareñas para intentar atar todos los cabos sueltos, según indicaron fuentes jurídicas cercanas a este caso.
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