Repsol mantuvo un pulso con la CNMV por la contabilidad del impuesto energético en 2022
La comisión rechazó su provisión pero la empresa lo incluye sin especificar en el “deterioro del refino en España”
Repsol presentó la semana pasada los resultados correspondientes a 2022 que sobrepasaron todas las previsiones: el beneficio neto de la compañía ascendió a 4.251 millones de euros, con un crecimiento del 70%, récord de beneficio, el neto ajustado alcanzó los 6.661 millones, lo que supuso una subida del 171% respecto a 2021. De la mano de los fuertes incrementos de los precios del crudo en un año marcado por la invasión rusa de Ucrania, el ebitda de la energética rondó la cifra mágica de los 14.000 millones, que también se disparó casi un 70%.
Con una caja a rebosar, Repsol planteó a la CNMV contabilizar el nuevo impuesto que grava el 1,2% los ingresos en España a las energéticas (excepto negocios regulados) en las cuentas de 2022, a modo de provisión. De esta manera, lo restaría de un resultado “excesivo”, como el obtenido el año pasado, según fuentes del sector. Tras un tira y afloja, que reconocen las partes y el resto de grandes empresas del sector, los técnicos del organismo supervisor dejaron claro a PwC, auditor de Repsol, que el impuesto, que supondrá este año 450 millones de euros a la compañía debía contabilizarse en el balance de 2023.
La CNMV argumentó que, conforme a las normas internacionales de contabilidad, esa cantidad no se podría dotar porque no se trata de un impuesto sobre beneficios. De hecho, no es un impuesto propiamente dicho, sino una prestación patrimonial pública de carácter no tributario, que entró en vigor el pasado 1 de enero y se aplicará este año y el próximo y con la que el Gobierno pretende, al amparo de la normativa europea (el Reglamento 2022/1854, relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía), detraer parte de los ingresos extraordinarios que las energéticas han obtenido gracias a la escalada de precios internacionales.Una recomendación de la que Repsol ha discrepado abiertamente con la comisión, según reconoce en su informe de auditoría. “En estas cuentas se ha aplicado el mencionado criterio contable de la CNMV aunque en opinión de la compañía no es consistente ni con las características sustanciales del gravamen ni con los principios de la información financiera”, señala en el apartado 22.1.
Sin embargo, aunque el informe reconoce acatar el criterio de la CNMV, el consejero delegado, Josu Jon Imaz, aseguró en la conferencia de analistas de presentación de resultados que el impuesto no tendrá un “efecto material” en las cuentas de 2023, porque se ha dotado en las de 2022, restando el correspondiente gravamen de las cuentas del último ejercicio.
En el apartado antes citado, Repsol informa de que la contribución fiscal del grupo alcanzó en 2022 niveles históricos: 17.000 millones de euros, de los cuales 5.530 millones correspondían a los tributos que minoraban el beneficio o suponían un gasto en la cuenta de resultados. En dichos importes, añade, “no se incluye el nuevo gravamen temporal energético (...), pues se paga en 2023 y, según criterio manifestado por la CNMV, no se debe registrar el gasto correspondiente hasta el 1 de enero de este año”.
¿Por qué, pues, Imaz dijo a los analistas que no tendría efectos contables este año? Según fuentes de Repsol, pese al criterio de la CNMV, teniendo en cuenta “las prácticas de buen gobierno corporativo”, el impacto del gravamen se incluye, “pero sin especificar”, en las provisiones por deterioro de activos. Repsol registró el año pasado un resultado por este concepto de -2.485 millones de euros, frente a -230 millones de 2021.
Y así lo aclara en el informe de auditoría al indicar que, “en cualquier caso, el impacto sobre los resultados de este ejercicio no sería significativo, al haberse tenido en cuenta el tributo a pagar por el negocio de refino en España en el test de deterioro”. En otras palabras, aunque contabilizará el gravamen en 2023, en línea con el criterio de los técnicos de la CNMV, al evaluar posibles deterioros de los activos de refino y otros a cierre de 2022, el grupo ha tenido en cuenta el impacto del impuesto a la hora de calcular el valor contable de dichos activos, minorándolo en el importe correspondiente.
Sin objeción
Fuentes de la CNMV reconocen que en diciembre tanto las energéticas como los bancos afectados por el tributo consultaron sobre la contabilización del mismo. Los técnicos respondieron que el devengo debía hacerse en las cuentas de este año. En cuanto a la solución elegida por Repsol, plasmada en los resultados presentados hace unos días, el organismo no tienen nada que objetar: “Nos ha parecido bien” y “no tiene que ver con las conversaciones de diciembre”.
El resto de las grandes eléctricas afectadas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) no han contabilizado el gravamen en las cuentas del año pasado. En este ejercicio, Iberdrola estima que pagará 200 millones de euros; Endesa, 208 millones, y Naturgy, 150 millones. Todas ellas liquidaron el 50% el 20 de febrero y el resto y la regularización será en septiembre.
Más dividendo e inversiones y menos deuda
Fisco. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la semana pasada que el fisco ha recaudado 1.454 millones de euros en la primera liquidacion de febrero. Las energéticas sujetas al impuesto son las consideradas por la CNMC operadores principales de sus respectivos mercados (los que tienen una cuota suerior al 10%) y los que facturen más de mil millones de euros anuales. También los bancos que en 2018 hubieran generado más de 800 millones entre comisiones netas y margen de intereses.
Recursos. Las energéticas y los bancos afectados afectados por el impuesto energético han recurrido ante la Audiencia Nacional la orden ministerial que desarrolla el nuevo impuesto que grava los ingresos no regulados en España el 1,2%, así como la primera liquidación ante el Tribunal Económico Administrativo Central, dependiente de Hacienda.
Ebitda. Repsol, que vio incrementado su beneficio neto un 70% el año pasado y registró unos ingresos de 79.000 millones de euros, ha recortado su deuda un 61%, hasta 2.256 milones. La caja generada le ha permitido aumentar un 11% el dividendo (0,70 euros por acción) y mantener los descuentos en los carburantes a los clientes, que le supuso 500 millones el año pasado. Para este año, ha anunciado unas inversiones de 5.000 millones. Con una capitalización de 20.500 millones y una deuda reducida, logró, sin embargo, un ebitda de casi 14.000 millones de euros.
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