El Gobierno permitirá instalar parques eólicos en 5.000 kilómetros cuadrados de mar
El ejecutivo aprueba por primera vez en España un plan de Ordenación del Espacio Marítimo
El Consejo de Ministros ha aprobado los primeros planes de ordenación del espacio marítimo de España que, entre otras cuestiones, delimitan las zonas en las que podrá desarrollarse eólica marina, que, en su conjunto, suman 5.000 kilómetros cuadrados, el 0,46 % de las aguas nacionales.
El Gobierno ha dado luz verde a un real decreto por el que se aprueban los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) de cada una de las cinco demarcaciones marítimas españolas (Noratlántica, Sudatlántica, Estrecho y Alborán, Levantino-Balear y Canarias), vigentes hasta 2027 y revisables cada seis años. Se trata de la primera vez que en España, con más de 1 millón de kilómetros cuadrados (km2) de aguas jurisdiccionales y 10.000 kilómetros de costa, se aprueban unos POEM, ha subrayado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Según ha asegurado Ribera, con este plan se “busca garantizar que la actividad humana se desarrolla respetando los ecosistemas y la explotación sostenible de los recursos, reduciendo conflictos y potenciando coexistencias y sinergias entre actividades. Para ello, se habilitan o limitan los usos por zonas teniendo en cuenta la protección de zonas protegidas, servidumbre vinculadas a la seguridad del transporte marítimo o defensa nacional.
En la demarcación Sudatlántica (entre el golfo de Cádiz y el meridiano que pasa por el cabo de Espartel), no se contempla la posibilidad de que se implanten instalaciones de energía eólica marina. En la Noratlántica (entre el Golfo de Vizcaya y el límite septentrional de las aguas jurisdiccionales entre España y Portugal), esta tecnología podrá desarrollarse en áreas que suman 2.688 km2. En la de Estrecho y Alborán (desde cabo de Espartel y una línea imaginaria por el cabo de Gata, así como Ceuta, Melilla, Chafarinas, Perejil, Peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas e isla de Alborán), se permitirá en zonas que abarcan 1.222 km2. En el caso de la demarcación Levantino-Balear (entre el cabo de Gata y el Golfo de León), la superficie se reduce a unos 475 km2, y en la de Canarias, a 562 km2.
“No es posible desarrollar una actividad sostenida en el tiempo si no hay una base sólida de protección ambiental. La prioridad absoluta es que los ecosistemas sigan manteniendo su capacidad de renovación”, han explicado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, responsable de la elaboración de los POEM. En su diseño, los planes de ordenación marítima “dibujan” las que se han denominado zonas de uso prioritario (ZUP) y zonas de alto potencial (ZAP). Las ZUP son áreas específicas en las que se desarrollan usos de interés general actuales, como protección de la biodiversidad y del patrimonio cultural subacuático, yacimientos de áridos destinados a protección costera, I+D+i, defensa nacional y seguridad en la navegación. Por su parte, las ZAP se diseñan para actividades sectoriales y de interés general que está previsto que se desarrollen a futuro, como conservación de la biodiversidad, yacimientos de áridos que podrían destinarse a la protección costera, I+D+i, actividad portuaria, eólica martina y acuicultura. Entre esos usos a futuro, no se contempla la minería marina porque, según la misma fuente, no se prevén desarrollos en los próximos años (al menos hasta 2027) y porque, en cualquier caso, España se opone a esta actividad hasta que no se conozcan bien los efectos sobre el medio ambiente.
En el caso de la eólica marina, la ocupación posible “no llega a 5.000 del millón de km2, es decir, el 0,46 % del total”, según la misma fuente, que ha añadido que los cinco POEM se revisarán, a más tardar, el 31 de diciembre de 2027. En esa superficie “cabe de sobra” el objetivo de capacidad eólica marina que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, entre 1 y 3 gigavatios (Gw) en 2030, según la misma fuente. “Si ha habido un elemento que ha marcado una barrera infranqueable a la hora de definir los aprovechamientos del espacio marino ha sido el de la preservación de los valores de la biodiversidad”, seguido de la seguridad del transporte marítimo y la defensa nacional. “Nos hemos abstraído de intereses concretos por puntos concretos. Hemos ordenado el espacio al margen de proyectos (empresariales) previstos”, según la misma fuente, que ha insistido en que fuera de los polígonos reservados no será posible desarrollar parques de eólica marina. Los que decidan seguir adelante deberán cumplir los mismos pasos que los proyectos “en tierra”, como, por ejemplo, lograr una declaración de impacto ambiental positiva. Si es rentable o no desarrollarlos, es algo que deberá analizar cada promotor, han señalado las fuentes, que han reconocido que es muy difícil saber qué capacidad de aprovechamiento eólico habrá al final del periodo y que “puede” que no se alcancen los objetivos fijados en el PNIEC.
La activación de la normativa para el desarrollo de la eólica off shore en España supone el pistoletazo de salida para una actividad renovable e inédita en el país. Y reclamada reiteradamente por las empresas y asociaciones relacionadas con esta industria. España quiere contar con 3 GW de generación por esta vía a partir de 2030.
Ribera ha señalado que “España es el país con más kilómetros de costa, con el volumen de aguas jurisdiccionales quizás más significativo del conjunto de la Unión Europea, y saber qué es compatible con qué y dónde se pueden desarrollar las actividades es clave”.
La profundidad submarina frente a las costas de España obliga a que la eólica marina llegue por aerogeneradores flotantes. Antes hay que vencer la resistencia de algunos sectores, como la pesca y el turismo, a la implantación de estos complejos renovables.
Además, hay que construir una red paralela de infraestructuras en tierra para captar la energía que se consigue en la mar. Y sobre todo, identificar las zonas de explotación, previa declaración positiva de impacto ambiental que las autorice. Las áreas marinas por las que apuestan las empresas del sector están ubicadas en Galicia, Islas Canarias, Girona, Andalucía y Euskadi.
También es necesario el establecimiento de un sistema de subastas para la adjudicación de licencias. Las compañías reclaman concesiones a 20 años como mínimo para garantizar la rentabilidad de las inversiones,
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