El juez cita a declarar al expresidente de los enfermeros por el desfalco de 20 millones
La Audiencia de Madrid ordenó investigar a Máximo González Jurado por administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil
El expresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España Máximo González Jurado ya tiene marcada en rojo la fecha para enfrentarse a las preguntas del juez y la fiscalía. El titular del Juzgado de Instrucción número 30, Jorge Israel Bartolomé, le ha citado a declarar el próximo 2 de marzo por el presunto desfalco de unos 20 millones de euros por el que se le investiga, a raíz de una querella que interpuso el citado organismo en marzo de 2021.
La citación tiene lugar después de que la Audiencia Provincial de Madrid revocara, en octubre del año pasado, la admisión a trámite de solo una parte de la querella. Así, ordenó que se investigara a González Jurado por todos los hechos atribuidos indiciariamente, que encajarían en los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad en documento mercantil.
Bajo este mandato, el magistrado instructor ha preparado una ronda de declaraciones que comenzará con el que fuera presidente del Consejo durante más de 30 años; a quien le seguirá su hermano Julio, exgerente de dicho organismo; y el decorador Fermín Verdaguer. Para un día después, el 3 de marzo, el juez quiere escuchar al abogado Tomás Martín y a los empresarios Francisco Cuns y Pedro Ladrón de Guevara, según el auto de citación, al que ha tenido acceso CincoDías. Asimismo, el 10 de marzo continuará tomando declaraciones para recabar el testimonio de tres testigos.
El Consejo General de la Enfermería se querelló contra quien fuera su máximo responsable entre 1997 a 2017 por una serie de actuaciones durante su mandato que hace sospechar de un desvío de fondos del Consejo para su provecho. En este sentido, solicitó la imposición de una fianza con el fin de garantizar la restitución de los perjuicios ocasionados en caso de una eventual sentencia condenatoria, si bien el juez Bartolomé ha rechazado tal pretensión, al considerar que no se puede acceder a esta medida cautelar por la simple admisión de la querella. Así, emplaza la decisión hasta ver el resultado de las diligencias, cuya práctica se ha ordenado.
González Jurado se ha visto implicado ya en otras dos causas en los juzgados madrileños, acusado por hechos similares. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid propuso en marzo de 2021 llevarle a juicio por presuntamente costear gastos personales con dinero del Consejo, entre ellos un “almuerzo con 98 invitados” para celebrar su tesis doctoral; billetes de AVE; o una moqueta para la boda de su hijo.
Compra de inmuebles y decoración
La querella, que instruye el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, subraya el arrendamiento de una vivienda de su hija, bajo la excusa de evitar gastos en hoteles y alojar a los visitantes de fuera de Madrid del Consejo General. Según la nueva jefatura del organismo, este inmueble jamás se llegó a usar porque se encontraba a más de 10 kilómetros de la sede y por ello la empresa Confusalud, dependiente del Consejo, pagó unas rentas de 143.656,54 euros.
Finalmente, el inmueble fue adquirido en 2013 por E-Network Salud, otra empresa corporativa cuyo administrador es Julio González Jurado, por 371.766,64 euros, un precio muy superior a su verdadero valor, pues, según según el informe de tasación realizado unos días antes de la venta -aportada por los querellantes-, se calculó su importe en 197.613,56 euros. Por estos hechos, la hija y la mujer del expresidente de los enfermeros, que participó en esta compraventa, están presentes en el procedimiento como partícipes a título lucrativo.
Por otro lado, la querella apunta que Máximo González y su hermano imputaron y repartieron “de forma continuada entre las entidades del grupo corporativo” varios gastos relacionados con la decoración de sus viviendas en los municipios madrileños de Villaviciosa de Odón, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda. En total, el Consejo General de Enfermería considera que el perjuicio ocasionado sería de 841.262,54 euros. En esta línea, explican que los ex altos cargos del organismo investigados contrataron los servicios del decorador Fermín Verdaguer, quien, presuntamente, confeccionó las facturas en función de las indicaciones que le daban los hermanos González Jurado con el fin de “ocultar que se trataban de trabajos particulares”.
Asimismo, entre los gastos más elevados, la querella señala la “sobrefacturación” en los servicios que supuestamente habría prestado el proveedor informático Asseco Spain, administrada por José Antonio Pinilla, quien ya prestó declaración como investigado. Sobre este punto, los querellantes explican que las arcas del Consejo soportaron, entre 2012 y 2019, la cantidad de 20.520.868,97 euros por unos trabajos sobre los que no encuentran rastro. Es más, apuntan que con estos pagos se sufragó el precio del chalet en Pozuelo de Alarcón que Máximo González vendió a dicha empresa en 2012 por 1,6 millones de euros. Todo ello ocasionó un desvío de 12.703.106,66 euros de los fondos del organismo de enfermeros, indica el escrito.
Asseco ha manifestado oficialmente, no obstante, que sus directivos han estado colaborando con la justicia desde el inicio de 2022, “aportando información detallada y estando en todo momento disponibles para la autoridad competente”. Del mismo modo, aseguran que han aportado al juez instructor abundantes pruebas y peritajes externos, “que muestran que la compañía no solo ofreció sus servicios de proveedor a precio o valores de mercado, sino que incluso los mismos se encuentran por debajo de lo que debería ser su precio real”.
Contratación de familiares y estudios
A todo ello se debe sumar la contratación de la cuñada y sobrina del expresidente -también presentes en la investigación como partícipes a título lucrativo- en empresas vinculadas al Consejo, quienes recibieron retribuciones de 376.007,05 euros y 141.406,86 euros, respectivamente; así como el pago de los estudios de esta última en la Universidad Europea de Madrid, por el importe de 55.521,74 euros. También destacan otros 2.315.419,94 euros en gastos en tarjetas de crédito, correspondientes a viajes personales, restaurantes, compras, facturas de telefonía e internet en periodo vacacional, un palco en el Santiago Bernabéu y dos plazas de garaje en el estadio durante las temporadas comprendidas entre 2013 y 2017, y un abono para el Master de Tenis de Madrid entre el año 2000 a 2019.
Por último, se responsabiliza al expresidente del Consejo de dar “auxilio financiero” al grupo empresarial el también investigado Francisco Cuns, a quien se le entregó pagarés sin factura ni justificación; o la contratación de la consultora DTZ Ibérica, de Pedro Ladrón de Guevara, por 125.000 euros para el estudio sobre alternativas de inversión inmobiliaria.
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