La construcción busca gestora para lanzar el primer plan sectorial de pensiones
Patronal y sindicatos ultiman el reglamento mientras tantean a 14 entidades para conducir el fondo
El sector de la construcción va a convertirse en las próximas semanas en el primero del país en contar con un plan sectorial de pensiones, según ha asegurado este mediodía en rueda de prensa el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén. “Estamos con las últimas revisiones de un reglamento que será breve y que cerraremos en las próximas semanas”, ha declarado.
El colectivo ha entrado en contacto con 14 entidades gestoras, entre las que elegirá a una para conducir el fondo. Posteriormente comenzarían a realizarse las aportaciones correspondientes a 2022 y 2023. “Seremos pioneros y otros sectores van a seguirnos”, anticipa Fernández Alén.
La CNC defiende la necesidad de hacer atractivo al sector de la construcción en un contexto de falta de mano de obra. “Necesitamos entre 500.000 y 700.000 trabajadores, lo que contrasta con un paro juvenil del 30% y un peso de la mujer en el sector de apenas un 11%. Debemos incorporar a estos y otros colectivos”, afirma Fernández Alén. Los nuevos sistemas de construcción y conservación, además de las exigencias de la sostenibilidad ambiental o el impulso de la actividad de la mano de los fondos europeos, hacen indispensables los refuerzos. “El Ministerio de Transportes ya señaló que se precisarían unos 490.000 nuevos trabajadores para obras de revitalización urbana. España tiene hasta junio de 2026 para agotar unos fondos que aún están por llegar, por lo que la carencia de personal se intensificará”, apunta el presidente de la CNC.
Con un convenio que fija un salario mínimo aproximadamente un 30% por encima del mínimo interprofesional, en la patronal no se cree que el problema para captar efectivos sea el salarial: “Desde el Gobierno se debería dignificar la Formación Profesional y ponerse en marcha campañas de mejora de la imagen de sectores como el industrial, el del transporte y la construcción”, apunta el presidente del colectivo que reúne a 80 asociaciones.
Es el VII Convenio General de la Construcción el que recoge la creación del plan sectorial de pensiones, que debe estar auspiciado por la ley del fondo de promoción pública, con la que se ha buscado dar impulso a los planes de ahorro sectoriales para la jubilación. En la configuración de esta primera reserva para los trabajadores trabajan patronal y sindicatos.
Entre los detalles que han ido trascendiendo en los últimos meses, se espera que las aportaciones al plan sean detraídas de los incrementos salariales pactados, lo que motivará que no cuesten dinero extra a las empresas. Por ejemplo, del alza salarial del 4% acordada para 2022 se destinaría un 1% al plan de pensiones. Y otro tanto se detraería de la mejora de 2023, subiendo a un 1,25% en 2024. Todo ello, en principio, referenciado a las tablas salariales de los convenios provinciales.
Las más de 130.000 empresas de la construcción estarán obligadas a suscribir el fondo y podrán decidir la aportación a partir de las citadas cuantías. Cada trabajador conservará su plan cuando cambie de empresa constructora.
Se acaba la revisión de precios en la obra pública
Desde la CNC se ha reclamado con contundencia al Gobierno la prórroga del mecanismo de revisión de precios en los contratos de obra pública. El sistema que recoge la variación del coste de una cesta de materiales fue habilitado ante la situación excepcional de inflación motivada por el conflicto en Ucrania, pero vence a final del mes de marzo. Fernández Alén ha explicado que el Ministerio de Transporte es consciente de la necesidad de dar estabilidad a la contratación pública reconociendo en los contratos la volatilidad del precio de las materias primas, pero urge que los Ministerios de Economía y Hacienda también lo reconozcan y aprueben la extensión.
Además de una “prórroga sine die” del sistema de revisión de precios “porque no sabemos cuando acabará la guerra”, la CNC urge que esta figura, que estuvo presente en la contratación pública entre 1965 y 2015, vuelva a ser obligatoria y figure así en la Ley de Contratos del Sector Público. El representante de la construcción ha aportado datos de distintos índices españoles e internacionales que avalan que “los costes de la construcción no han dejado de subir sino que han moderado su ascenso”. Además de la reivindicación de un alargamiento de la medida, el sector pide que sean los órganos de contratación quienes corran con el alza de la energía y de la mano de obra. También reclama que se suprima el suelo del 5% de desviación en los presupuestos de obra para comenzar a aplicar la revisión, y el techo del 20% revisable sobre la cuantía del contrato en cuestión.
Respecto a los costes de mano de obra, Pedro Fernández Alén ha explicado que la mejora del salario mínimo interprofesional no afecta de manera directa a las empresas de construcción “porque nuestros salarios están por encima”, pero sí a sectores afines como el de jardinería, limpieza o seguridad, “incrementando el coste de las obras”. Además, asegura, “se produce un efecto fuelle por el que en los convenios de las empresas se está pidiendo un alza similar al del SMI”.
La patronal vuelve a advertir que está en riesgo la ejecución de los fondos europeos. Solo en 2022 quedaron desiertos más de 2.000 contratos de obra pública por un valor total de 982 millones de euros, según datos recopilados por la CNC, mientras que el sector constructor lidera la destrucción de empresas en España. Un 24,5% de las 26.098 compañías que fueron a disolución el año pasado eran constructoras o inmobiliarias. Esas 6.400 referencias desaparecidas suponen un alza del 11% respecto a 2011. En cuanto a los concursos de acreedores, de los 6.800 casos registrados entre enero y noviembre del pasado ejercicio, un 23% se dieron en este sector.
Para Pedro Fernández Alén las causas están claras: “juegan en contra los costes, la no aplicación de mecanismos de reequilibrio de los contratos, el retraso en la ejecución de los fondos europeos o el fuerte volumen de concursos desiertos”. Tampoco ayuda la tardanza en la liquidación de proyectos y la devolución de garantías, se sostiene desde la CNC.
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