El procurador ante los retos de la digitalización de la justicia
El funcionamiento de la Justicia exige una adaptación para seguir representando a los ciudadanos ante los órganos judiciales
La Administración de Justicia inició hace más de una década un proceso de modernización mediante la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la gestión y tramitación de los procedimientos judiciales, con la finalidad de garantizar que el derecho fundamental a la tutela efectiva se prestara con eficiencia y en tiempos razonables.
Este proceso, que inicialmente planteó una modificación estructural de la oficina judicial, de medios materiales y personales con una redefinición de funciones del personal al servicio de las Administración de Justicia, y de carácter tecnológico, ha avanzado más lentamente de lo inicialmente previsto y los resultados no han sido los esperados en términos de eficiencia.
Con la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración de Justicia, se avanzó en la dotación de medios, en la digitalización y puesta en marcha del Expediente Judicial Electrónico, en la interoperabilidad de los distintos sistemas de gestión procesal, y en la puesta en marcha del Punto Neutro Judicial y de LexNET como plataforma segura para práctica de notificaciones y presentación de escritos y documentos.
Esta etapa ya supuso un reto para los procuradores que tuvieron que adaptar los medios y la forma de trabajo a las nuevas exigencias legislativas, asumiendo la responsabilidad de que los derechos de sus representados no se vieran perjudicados a pesar de los cambios relevantes que se introdujeron en materia de notificaciones, presentaciones de escritos y documentos, apoderamientos electrónicos o la digitalización de los expedientes.
Con el objetivo de seguir avanzando en esa modernización, en la anterior legislatura se acometieron distintas actuaciones legislativas para seguir ejecutando esa reestructuración organizativa mediante la modificación de la estructura de la planta judicial también en proyecto legislativo, y en lo que nos ocupa, mediante el Proyecto de Ley 121/000097, de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, y el Proyecto de Ley 121/000116, de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia cuya tramitación quedó interrumpida por la convocatoria de elecciones generales.
El pasado 10 de enero, el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, Función Pública, Régimen Local y Mecenazgo, el cual, sigue el camino trazado por la Ley 18/2011: recupera las cuestiones planteadas en los proyectos que quedaron en tramitación e incorpora algunas cuestiones nuevas referidas al uso de la inteligencia artificial, la política de datos, y la identidad digital necesaria en una Administración de Justicia electrónica.
En este sentido, adquiere mucha relevancia el uso de medios telemáticos para la celebración de vistas y actos procesales sin necesidad de una presencialidad en el órgano judicial, lo que puede ahorrar traslados a las sedes judiciales y permitirá mayor optimización del tiempo y recursos. En esta misma línea se enmarca la posibilidad de que los profesionales y los particulares puedan ser atendidos por videoconferencia solicitando la oportuna cita. Se mantiene, sin embargo, la posibilidad de tramitar los procedimientos en formato papel para quienes no estén obligados a relacionarse por medios electrónicos.
Asimismo, se establece la posibilidad de que las actuaciones procesales cuando sean públicas, si así lo acuerda el órgano judicial, se puedan retransmitir, lo que también puede derivar en nuevas obligaciones para los procuradores. O la creación de la Carpeta Justicia, a la que puede tener acceso el propio ciudadano o su representante para consultar el estado de tramitación del expediente, escritos, documentos, señalamientos y demás actuaciones.
Sin duda, otro aspecto que va a incidir en el trabajo de los procuradores es la creación del punto común de Actos de Comunicación por la que los profesionales accederán a todas las notificaciones y demás actos procesales, remitiendo los órganos judiciales cualquier acto a este punto en lugar de al procurador directamente, o la regulación referida al intercambio masivo de información.
Dado que se pretende una Justicia plenamente electrónica, se impulsa la digitalización, el Expediente Judicial Electrónico, el fortalecimiento para la plena interoperabilidad entre órganos judiciales, entre toda la Administración de Justicia, y de esta con el resto de administraciones públicas nacionales y europeas.
Finalmente, referimos la Inteligencia Artificial y el objetivo de realización de una política orientada al dato, de forma que se pueda obtener información para mejorar el funcionamiento de la Justicia a la vez que se aumenta la transparencia de la misma poniendo esa información a disposición de los ciudadanos.
Son nuevos retos a los que nos enfrentamos los procuradores, pieza fundamental en el funcionamiento de la Justicia, y que nos exige adaptarnos para seguir prestando el importante servicio que supone la representación de los ciudadanos ante los órganos judiciales y la colaboración con estos en el proceso.
Manuel Sevilla Flores, socio fundador de Sevilla Flores Procuradores.
