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Vuelta a la presencialidad en los juzgados

Los letrados de la Administración de Justicia se enfrentan al ministerio por el teletrabajo: "eliminarlo es ilegal"

Desde el CNLAJ se asegura que tal supresión se basa en una interpretación errónea de Justicia

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), asociación mayoritaria entre el colectivo, insta al Ministerio de Justicia a dar marcha atrás con la decisión de acabar con el teletrabajo en los juzgados mientras no exista una regulación específica, medida que califican de "ilegal". Según los letrados, la circular enviada el pasado 27 de octubre mediante la que se recordaba a toda la plantilla que esta modalidad de trabajo había decaído con el fin de la crisis por la pandemia del Covid, erraba en el fondo.

Desde el CNLAJ aseguran que el teletrabajo está previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público desde 2011 y que, por tanto, no es necesaria una normativa específica que de luz verde a esta modalidad en los juzgados y tribunales. El recordatorio de vuelta a la presencialidad, señalan en una nota hecha pública este lunes, "se basa en una interpretación errónea por parte del ministerio de Justicia, ya que la instauración del teletrabajo no viene determinada por las medidas adoptados ante la pandemia de la Covid-19", aseguran.

Según informa el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la asociación ha remitido un detallado informe al ministerio, elaborado por su comisión de estudios, en el que "se argumenta con solvencia los antecedentes del teletrabajo en las Administraciones públicas, así como el error de interpretación del Ministerio".

En el citado informe se especifica además que resulta “tremendamente chocante” que esta supresión del teletrabajo tenga lugar varios meses después de declarar finalizada la situación de crisis sanitaria, definiendo como “perplejo” que se pretenda acabar con el teletrabajo cuando las Administraciones competentes han hecho inversiones importantes en herramientas tecnológicas, en ocasiones mediante fondos europeos, y que ello se haga tres años después de imponerse a las administraciones la obligación de regular el teletrabajo en sus respectivos ámbitos.

Finalmente, desde el CNLAJ se califica como “contradictoria e incongruente” la postura ministerial. Subrayan que el decaído proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa apostaba claramente por el teletrabajo, y hacía de las oficinas de justicia municipales un centro de teletrabajo para los integrantes de la Administración de Justicia.

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