Letrados y funcionarios estallan contra la eliminación del teletrabajo en los juzgados: "Justicia tiene que regularlo ya"
Los colectivos reprochan al ministerio que no haya legalizado y normalizado esta modalidad de trabajo implantada durante el Covid
El tsunami que recorre este lunes en los pasillos de los juzgados se inició el viernes pasado: el secretario general para la innovación y calidad del servicio público, Manuel Olmedo, lanzó una circular informativa (a la que tuvo acceso CincoDías) recordando el fin del teletrabajo en la Administración de Justicia que cayó como una bomba. El Ministerio de Justicia instaba a letrados judiciales, funcionarios y demás personal adscrito a juzgados y tribunales a volver a la oficina en su jornada laboral, eliminando así los días de teletrabajo que venían disfrutando desde la pandemia por el Covid-19. El motivo es que la normativa que sustentaba el trabajo a distancia había decaído con el carpetazo oficial de la crisis sanitaria el pasado 5 de julio. En definitiva, no habrá teletrabajo para los funcionarios de la Administración de Justicia hasta que no haya una nueva regulación ad hoc.
Concretamente, la razón esgrimida por el ministerio para finalizar la modalidad del teletrabajo en el escenario de trabajo híbrido en el que se encontraban los funcionarios es que, al desaparecer la situación de crisis sanitaria del Covid-19, decaen todas aquellas normas (Orden JUS 504/2020 y disposición transitoria segunda de la Ley 3/2020) que permiten implantar y aplicar el trabajo en remoto en tanto no se apruebe su regulación específica en el ámbito de la Administración de Justicia. En principio, la vuelta a las oficinas, por tanto, debió de producirse durante la segunda semana del mes de julio. Sin embargo, el departamento ha esperado al 27 de octubre para hacer este recordatorio.
Fuentes de los juzgados han confirmado a este medio que los funcionarios venían disfrutando voluntariamente de uno o dos días de teletrabajo a la semana. Una medida a la que se han acogido treinta mil de los cincuenta mil funcionarios de esta administración, según datos del sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios). Es decir, la vuelta a la presencialidad absoluta afecta a cerca del 60% de estos trabajadores.
Las reacciones de los colectivos, que han puesto el grito en el cielo, no se han hecho esperar. Todos ellos critican la decisión adoptada y la inacción del departamento aún capitaneado por Pilar Llop para normalizar el uso del teletrabajo en los órganos judiciales.
Nada más saltar la circular el pasado viernes, el sindicato STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia) se puso en contacto con la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid que les comunicó que la circular era de obligado cumplimiento en los juzgados y tribunales madrileños, por lo que en los próximos días la comunidad dictará una resolución fijando el día de vuelta a la presencialidad total. También se informaron de que el ministerio tenía intención de adoptar una nueva regulación, pero sin concretar fecha. El sindicato solicitará que se aborde urgentemente esta cuestión para que se pueda "garantizar a los trabajadores el teletrabajo como una opción". Se ha demostrado, señalan desde STAJ, que su implantación ha sido beneficiosa en muchos órganos judiciales.
La última hora en relación al teletrabajo en la comunidad de Madrid es que los funcionarios podrán seguir en formato híbrido esta semana de momento, hasta que se reciba una instrucción que establezca el cumplimiento de la circular.
En declaraciones a este medio, el Ministerio de Justicia señala que la circular del pasado viernes Manuel Olmedo es un mero recordatorio a los secretarios generales, que dependen orgánicamente de él, del acuerdo que tomó el pasado 5 de julio la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este se trasladó a los órganos gubernativos del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia. En esta sesión se acordó dejar sin efecto las medidas organizativas y tecnológicas adoptadas por los órganos judiciales para hacer frente a la pandemia. Dicho acuerdo se comunicó a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Insisten desde el departamento en que el acuerdo de la comisión del CGPJ se produce después de que el Consejo de Ministros declarara el fin de la crisis sanitaria por la COVID-19 (publicado en el BOE el 5 de julio de 2023).
Verdad a medias
Para STAJ, el ministerio no dice toda la verdad sobre el teletrabajo en la Administración de Justicia. Según señalan en un comunicado, STAJ y CC OO firmaron un acuerdo sobre esta modalidad de trabajo en marzo de 2021para dar cumplimiento al desarrollo reglamentario del precepto sobre trabajo a distancia que ya incluye el Estatuto Básico Empleado Público. El acuerdo, señalan, fue firmado el 18 de marzo de 2021 y pretendía impulsar esta modalidad laboral en consonancia con el desarrollo del entorno informático y tecnológico en la Administración de Justicia. Ese desarrollo hubiera permitido la legalización del teletrabajo en los tribunales.
Comisiones Obreras, por su parte, critica la decisión de Justicia de acabar con el teletrabajo "tras años en los que se ha usado al personal al servicio de la Administración de Justicia para hacer frente a una pandemia excepcional y, tras la cual, ha sido incapaz de poner los mecanismos necesarios para normalizar el teletrabajo con las garantías pactadas en marzo del 2021".
Uno de los más críticos es CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) se quejan de que el ministerio "no se toma en serio ni el teletrabajo ni el servicio público de Justicia". El sindicato se opone "a la forma y el fondo" y al "momento" en que se ha tomado la decisión de declarar la "defunción" del teletrabajo en los órganos judiciales. Además, considera que discrimina al colectivo de empleados públicos respecto al resto de trabajadores. Se sorprende el sindicato de que esta circular coincida con la "campaña" emprendida por Justicia para presumir de la "excelencia de las TIC y de la inteligencia artificial" en el servicio público. "¿Qué dira el Chat GPT sobre esta supresión?", se cuestionan.
Letrados judiciales
Este mismo lunes, la Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) ha lanzado un comunicado exigiendo al Ministerio de Justicia que se ponga manos a la obra para regular con la "máxima urgencia" el teletrabajo en juzgados y tribunales. La asociación reconoce que la noticia les pilló con el pie cambiado y que recibieron la nota con "sorpresa y tristeza" calificando la decisión como "un grave paso atrás para la Administración Pública, por parte de un ministerio que ha alardeado durante toda la legislatura de ser un equipo vanguardista entorno a la modernización y digitalización". El ministerio, protestan, no menciona que "no ha desarrollado en todo este tiempo una normativa específica sobre esta materia a la que se había comprometido, a pesar de que ya en 2021 UPSJ había remitido unas alegaciones completas para ello".
Desde UPSJ defienden que se ha destinado una gran cantidad de recursos para que el teletrabajo "con gran coste económico decenas de miles de equipos informáticos por todos los juzgados y tribunales del país, generalizando los ordenadores portátiles" para funcionarios y letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Además, denuncian desigualdad porque la medida no afectará a los funcionarios que no son de competencia ministerial. "Se mantendrá en muchas comunidades autónomas con competencias transferidas, siendo en muchos casos el LAJ el único que no podrá teletrabajar en el órgano judicial".
