Abogados y procuradores estallan y salen a la calle por la situación de paralización de la justicia
La abogacía protagonizará concentraciones ante los juzgados de toda España este miércoles, 28 de junio
La Justicia está en la UCI y esta situación no solo está perjudicando a los usuarios del servicio público, sino que está afectando seriamente a cada vez más abogados y procuradores. El año 2023 será recordado por estos profesionales como aquel en el que los juzgados estuvieron paralizados medio año por las huelgas de los letrados de la Administración de Justicia primero y por los paros de los funcionarios después. Los cientos de miles de asuntos en barbecho y las citaciones para dentro de tres años están dejando con el agua al cuello a abogados y procuradores que dependen de la resolución de los pleitos para cobrar. Han dicho basta.
El conflicto abierto con los funcionarios de justicia, que se han manifestado de nuevo este martes frente a la puerta de los ministerios de Justicia y de Hacienda, no tiene visos de rápida resolución. Los responsables ministeriales están aún capeando con los flecos de los acuerdos alcanzados con los letrados de la Administración de Justicia.
El Consejo General de la Abogacía Española ha convocado “a los abogados y abogadas de toda España a secundar las concentraciones que tendrán lugar el próximo 28 de junio ante las principales sedes judiciales de las diferentes provincias”. Serán los 83 colegios de la abogacía existentes los que, a su vez, convocarán a sus colegiados el mismo día y a la misma hora, las 12 de la mañana, “para mostrar su enorme preocupación por cuatro meses consecutivos de paralización de juzgados y tribunales”.
La movilización se decidió en la sesión plenaria del Consejo General celebrada el pasado viernes día 16, en la que se acordó el inicio de una serie de acciones para que se alcance un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia.
Los distintos colegios de abogados se están movilizando a lo largo y ancho del territorio: Baleares, Sevilla, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Ciudad Real, Jerez, Lucena, Ceuta.. se han ido sumando a la llamada. Los profesionales se niegan a dar el año por perdido y exigen soluciones.
Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que también ha difundido la convocatoria, ha alertado este martes del impacto en los plazos de los procedimientos judiciales como consecuencia de la decisión del Ministerio de Justicia de denegar uno de cada tres refuerzos que habían solicitado los juzgados madrileños por motivos presupuestarios. “Que desaparezcan los refuerzos que mayoritariamente tenían los juzgados, en el caso de Madrid, nos conduce a una situación de auténtico colapso en la Audiencia Provincial, especialmente en familia y condiciones generales de la contratación. Tras la acumulación de procedimientos por la pandemia, y meses de parálisis a causa de los conflictos laborales en cadena, esta decisión es un desastre: nos conduce a una situación de auténtico colapso en Madrid. Esto puede ser la puntilla para muchos despachos en una situación ya difícil de sostener”, denuncia Eugenio Ribón, decano de la abogacía madrileña. La vicedecana, Isabel Winkels, anticipa el impacto en la tramitación de los procedimientos de Familia: “De un año pasaremos a tres”.
El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha publicado un manifiesto en el que clama contra la “Esta situación resulta insostenible, y vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que garantiza un Estado de Derecho”, se puede leer en su declaración. Están suspendiéndose decenas de miles de vistas continuamente, habitualmente sin previo aviso, denuncian los procuradores. “Miles de notificaciones sin tramitar, escritos sin proveer, demandas sin repartir, así como los mandamientos de consignaciones y depósitos judiciales paralizados. Los juicios están señalándose para más allá de 2026”, así es como definen el caos en justicia. Los procuradores, con su presidente, Juan Carlos Estévez, a la cabeza, apremian en su escrito a las partes implicadas en el conflicto (actualmente funcionarios y ministerios de Justicia y Hacienda), para encontrar una “solución inmediata” y para establecer un plan de recuperación.
