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En colaboración conLa Ley
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El fichero de morosos de la Abogacía involucra a los letrados judiciales para agilizar las ejecuciones de impagados

La responsable del registro, Reyes Rodríguez Zarza, ha explicado las ventajas del fichero en el reciente congreso nacional de estos funcionarios

La directora del departamento Jurídico del Registro de Impagados Judiciales, Reyes Rodríguez Zarza, en las XXXIV Jornadas de la Fe Pública Judicial, que se han celebrado en Oviedo, organizadas por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.
La directora del departamento Jurídico del Registro de Impagados Judiciales, Reyes Rodríguez Zarza, en las XXXIV Jornadas de la Fe Pública Judicial, que se han celebrado en Oviedo, organizadas por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.

La directora del departamento Jurídico del Registro de Impagados Judiciales (RIJ), Reyes Rodríguez Zarza, ha trasladado a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) las ventajas del fichero de morosos de la Abogacía Española para agilizar las ejecuciones de impagados, aliviar la sobrecarga de los juzgados y reducir los tiempos en los procesos. Reyes Rodríguez Zarza ha participado en las XXXIV Jornadas de la Fe Pública Judicial, que se han celebrado en Oviedo, organizadas por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ).

La responsable legal del RIJ ha explicado a los letrados de la Administración de Justicia el funcionamiento y los beneficios del nuevo servicio de notificaciones gratuito, desarrollado por la Abogacía Española, con sus socios INFORMA (filial del grupo CESCE) y la multinacional NTT DATA. Esta nueva funcionalidad permite que las notificaciones al deudor previas a su inclusión en el fichero, exigidas por ley, se realicen a través del órgano judicial. Para ello basta con que el abogado incorpore una cláusula de advertencia de inclusión en el fichero en sus escritos judiciales.

Reyes Rodríguez Zarza se ha dirigido a los asistentes para explicarles “la importante labor que tienen los letrados de la Administración de Justicia para hacer efectiva la cláusula RIJ, un innovador instrumento legal que permite a los abogados hacer el requerimiento de pago y la notificación de inclusión en su Sistema de Información Crediticia, a través del órgano judicial, incorporando la citada cláusula en la demanda o escritos judiciales, en el seno del procedimiento”.

“Los LAJ -ha advertido- sois fundamentales para conseguir impulsar las ejecuciones de impagados judiciales gracias a este novedoso método, avalado por la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que ha convertido al RIJ en uno de los ficheros de morosos más garantista del país”.

En este sentido, ha agradecido, tanto a los organizadores de las jornadas, y en especial a su presidente, Ernesto Casado, como a los asistentes el interés mostrado por conocer el funcionamiento del nuevo sistema de notificación del RIJ y sus aportaciones.

Reyes Rodríguez Zarza ha comentado que “la justicia española ya ha reconocido en sus primeras resoluciones judiciales la recién estrenada funcionalidad del RIJ. El primero en dar por válida esta nueva forma de comunicación al deudor demandado en un procedimiento de ejecución fue un Juzgado de Marbella y a partir de ahí han empezado a sumarse otros juzgados españoles; y ya incluso hemos tenido conocimiento por parte de abogados usuarios de haber recuperado el dinero de sus clientes en un tiempo récord, con el consiguiente archivo del procedimiento y garantizando en todo el proceso el derecho al honor del deudor”.

Datos alarmantes

La directora jurídica del RIJ ha hecho alusión a los datos recogidos en la memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2021, presentada en abril del 2022, “que arrojan unas cifras aterradoras: existen más de 3 millones de ejecuciones, es decir, títulos pendientes de acatamiento, sólo en la jurisdicción civil, la duración media de un proceso civil en primera instancia es de 8 meses y la duración media de las ejecuciones es de 40 meses”. “Por tanto, -ha añadido- otro de los problemas de primer orden de la Justicia española, además de la lentitud, lo encontramos en las ejecuciones judiciales”.

En este sentido, ha asegurado que “en el RIJ consideramos que todos y cada uno de los operadores jurídicos podemos aportar nuestro granito de arena para mejorar la difícil situación que atraviesa la justicia española y usar cuantas herramientas estén a nuestro alcance para agilizarla. Con esta vocación nació en el año 2019 el Registro de Impagados Judiciales”, ha destacado.

Conclusiones del congreso

Las XXXIV Jornadas de la Fe Pública Judicial han finalizado con la lectura de las conclusiones que se abarcan en diez puntos. Desde el CNLAJ, los letrados exigen que el Ministerio de Justicia mantenga una política de convocatoria decidida, continuada, e importante en el número, de oposiciones al cuerpo que permitan el relevo generacional. Hay muchos letrados próximos a la jubilación y, apuntan, la situación no puede resolverse a través de procesos de estabilización puestos en marcha y recurridos por CNLAJ.

En otro punto se defienden de "infundados ataques" por una "supuesta ineficacia en materia de ejecución". En 2021, aseguran, las ejecuciones terminadas superan, en este caso en un 27%, a las ejecuciones iniciadas. "No hace falta buscar a ningún profesional de la ejecución. Este ya existe, y se llama Letrado de la Administración de Justicia", afirman en clara alusión a las expectativas de otros profesionales como los procuradores.

Respecto del desembarco de la inteligencia artificial en la administración de justicia, los letrados abogan por  "un exhaustivo control en la planificación, creación y ejecución de aplicaciones de inteligencia artificial, para evitar que sus algoritmos contengan sesgos, intencionales o no, generadores de resultados injustos, arbitrarios o discriminadores".

Además, señalan que es necesario aportar garantías a los llamados “ficheros de morosos”. Por ello la utilización del procedimiento judicial por el Registro de Impagados Judiciales, además de estar avalada por el Tribunal Supremo y por el Colegio de Abogados de España, aporta al deudor mayores garantías para la tutela de sus derechos

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