Clamor por la especialización en familia: hay que evitar una justicia de dos velocidades
En España existen solo 163 juzgados especializados frente a 1.187 que no lo son y que también resuelven sobre infancia, familia y capacidad
Nuestro Estado social debe corregir de inmediato una deficiencia que desprotege los derechos de los más vulnerables. Sin juzgados especializados en infancia, familia y capacidad en toda España no hay igualdad ni protección efectiva de centenares de miles de personas –menores y adultos– que necesitan más que nadie que les garanticemos su futuro y bienestar. Esta es la principal conclusión del III congreso jurídico sobre esta materia, organizado por los colegios de la Abogacía de Málaga, Madrid, Barcelona, Antequera y la Plataforma Familia y Derecho, que se ha celebrado recientemente en la capital malacitana.
De los 47 millones de españoles, 22 tienen acceso a los 169 juzgados especializados. Los restantes 25 millones, en caso de crisis familiar, deberán acudir, según el lugar de residencia, a uno de los 116 juzgados de primera instancia, o uno de los 1.071 mixtos. La desproporción es evidente y constituye de facto una desigualdad alarmante: en nuestro país, si eres un menor, adolescente o adulto con discapacidad tendrás o no acceso a una justicia especializada en tus necesidades dependiendo del código postal.
Todo lo anterior está refrendado por los datos, que corroboran una España de dos velocidades en este ámbito: entre seis y ocho meses es el tiempo de resolución de un asunto de familia en un juzgado especializado, mientras que un juzgado mixto puede llegar a los dos años para disponer de una resolución. Los académicos y juristas conocedores de la enorme complejidad del derecho de familia concluyen de manera unánime que esta triste realidad debe enmendarse con la máxima urgencia. En su cita en Málaga, el clamor ha sido rotundo a favor de la especialización de los órganos judiciales, la fiscalía y los equipos psicosociales. Al igual que la necesidad de justicia de proximidad, como puede ser un juzgado itinerante para solventar determinadas causas.
La sociedad avanza hacia una diversificación cada vez mayor de los modelos de familia, junto a la internacionalización de las relaciones de pareja. La nueva legislación (por ejemplo, la recién aprobada ley trans) y los debates de fondo en la sociedad (como el que gira en torno a la gestación subrogada) tendrán un impacto directo a la hora de impartir justicia. Se debe dar respuesta a todo ello junto a uno de los mayores retos que afronta nuestro país: erradicar definitivamente la violencia de género. Es con una justicia efectiva en tiempo y forma –y solo la especializada lo puede ser en su máxima expresión– que se puede presentar batalla real a la lacra de la violencia contra las mujeres, cuyos mayores índices se encuentran en el ámbito de las relaciones familiares.
Otra conclusión es que la abogacía considera que la constante evolución del derecho de familia requiere seguir formándose a diario, tanto desde el punto de vista de la nueva normativa como de las soft skills. En este punto, los organizadores se han comprometido a mantener su apuesta por una formación de excelencia, completando los programas formativos con sesiones sobre los nuevos modelos de familia o las potenciales consecuencias psicosociales de los procesos. La participación directa de niños y niñas en una provechosa sesión del congreso ya ejemplificó esta voluntad de innovación.
Además, en la gran cita de la abogacía especialista en familia se ha celebrado que el principal logro de los últimos años ha sido la toma de conciencia de la necesidad de la especialización por parte del legislador. Si bien, no es suficiente solo con ello. En un país donde actualmente el 56% de las familias sufren alguna crisis que requiere solución legal, hay que dar pasos de inmediato para consolidar una justicia especializada en infancia, familia y capacidad. Sin ella, no habrá justicia para los más vulnerables ni futuro digno para la ciudadanía de menor edad.
Xavier Abel, presidente de la Plataforma Familia y Derecho. Luis Moreno, decano del ICA Antequera. Flor Carrasco, vicedecana del ICA Málaga. Isabel Winkels, vicedecana del ICAM. Joaquim de Miquel, secretario de la Junta de Gobierno del ICAB.